Ceuta dice a Fiscalía que Interior pactó con Marruecos las condiciones de la repatriación

El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta ha remitido un escrito a la Fiscalía en el que endosa al Ministerio del Interior la responsabilidad sobre los términos en que se llevó a cabo la repatriación de menores. Sostiene que fue el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska el que trató con Marruecos las “condiciones” de la devolución de los cientos de jóvenes que cruzaron ilegalmente a España en mayo.

“El Gobierno de España ha activado dicho acuerdo y negociado con Marruecos las condiciones de retorno de los menores”, dice en este texto, al que ha tenido acceso El Confidencial y que forma parte del litigio iniciado por varias ONG en los juzgados de Ceuta. “En relación con el acuerdo concreto previo sobre los menores que pueden ser objeto de regreso y su número, esta ciudad tiene constancia de que ha sido tratado entre los gobiernos de Marruecos y España, en un nivel superior al ámbito de nuestras competencias”, alega en otro momento del escrito.

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De esta explicación se deduce que Ceuta tiene conocimiento de negociaciones con Marruecos al margen de la que se celebró el miércoles 11 de agosto, dos días antes de iniciarse los retornos de menores. Esta es la única de la que Interior había informado hasta ahora a la Fiscalía. En dicho encuentro, participaron el jefe de gabinete de la delegada del Gobierno de Ceuta y la vicepresidenta primera del Ejecutivo de la ciudad autónoma y responsable del área de Menores.

Por la parte marroquí, asistieron el jefe de gabinete del 'wali' (gobernador local) de Tánger-Tetuán-Alhucemas y un representante de L'Entraide Nationale, organismo público dedicado a dar cobertura a colectivos vulnerables. Marruecos se comprometió con España a movilizar a los responsables del centro de menores de Martil, en Tetuán, y a garantizar sus derechos hasta que fuesen entregados a sus padres, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico. En caso de que no pudiesen volver con sus familias, sería L'Entraide Nationale quien se encargaría de ellos.

Entraron 1.097 menores

En su escrito dirigido a la Fiscalía, el Gobierno de Ceuta incluye una serie de cifras que calibran el grado de la incursión masiva del pasado mayo y también sus consecuencias en la actualidad. La ciudad autónoma informa de que entraron un total de 12.000 personas, entre las cuales la Policía dijo que había 1.097 menores “o presuntos menores”. Asegura que esos listados los elabora la Delegación del Gobierno, organismo que depende de Interior.

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Cuando la semana pasada empezaron las devoluciones, contaban con 758 menores de edad bajo su custodia repartidos en ocho instalaciones. No obstante, el escrito informa a la Fiscalía de que cuenta con entre 400 y 500 menores “sin ningún tipo de control, identificación, reseña ni acogida ni protección, deambulando y pernoctando en campamentos provisionales, expuestos a todo tipo de riesgos”. “Incluso poniendo en riesgo su vida”, asevera.

Por este motivo, Ceuta —gobernada por el PP— admite que solicitó al Gobierno la aplicación del acuerdo sobre menores no acompañados suscrito entre España y Marruecos en 2007 y en el que Interior se basa para defender la legalidad de las devoluciones. El escrito de la ciudad autónoma añade que había pedido en otras ocasiones la ejecución de ese pacto, “siendo la primera vez que se ha activado”.

Por otro lado, garantiza el respeto a los menores en el proceso y dice que es Marruecos quien hace las entrevistas particulares: “Cada una de las operaciones de retorno que se han llevado a cabo ha sido supervisada por personal del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, acompañado por representantes del Cuerpo Nacional de Policía y del Cuerpo de Policía Local, que han podido verificar cómo en el proceso de entrega a las autoridades marroquíes estas proceden a realizar una entrevista individual”.

Añade que en estos trámites se procede a “su identificación inequívoca mediante el análisis de las huellas digitales de los menores y que de inmediato anotan en la hoja de recepción el número del documento de identidad marroquí de cada uno de ellos, así como que realizan la localización del domicilio y la familia de cada menor, en todos los casos, con la colaboración tácita de uno de ellos”.

Ceuta considera que este procedimiento goza de todas las garantías necesarias en beneficio del menor. Esto último es lo que está en cuestión ahora en los tribunales. Tras varios días retornando a 15 menores por jornada, el proceso se paralizó a expensas de la Justicia. Las ONG denuncian que no se ajusta a la legalidad y que hay casos en los que ni siquiera se ha acreditado que los niños sean de Marruecos aunque hubiesen cruzado aquel día la frontera de El Tarajal.

Sin documentación

Sobre este extremo, también se pronuncia Ceuta, reconociendo no tener documentación al respecto: “No nos consta documentación acreditativa de que las autoridades marroquíes han procedido a la identificación del menor y su familia y la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad”. De nuevo, el escrito despeja esa responsabilidad hacia la Delegación del Gobierno. Afirma que, “según lo acordado”, es esta quien recibiría esa documentación para remitírsela después a la ciudad autónoma.

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Según indica la legislación de Extranjería, los menores afectados deben ser informados del inicio del expediente de repatriación y ser escuchados. En caso de mostrar su disconformidad, se debe proceder al nombramiento de un defensor judicial, después se abre un trámite de alegación y la Delegación del Gobierno debe recabar informe del servicio de protección de menores que debe ser entregado en 10 días. Una vez efectuadas las alegaciones, se abre un periodo de prueba que no puede ser inferior a 10 días y en el que se recaba el informe del fiscal.

Tras incorporar todos los documentos, se abre un trámite de audiencia en la Delegación del Gobierno al que son convocados el fiscal, el menor y su representante legal y el defensor judicial. Una vez realizado el trámite, se resolverá si procede o no la resolución. La decisión, en cualquier caso, ha de ser notificada para que pueda recurrirse.