Fiscalía carga contra Interior por despachar la repatriación con un papel "sin firma"
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POLÉMICA POR LAS DEVOLUCIONES DE MENORES

Fiscalía carga contra Interior por despachar la repatriación con un papel "sin firma"

El ministerio público da un plazo de 48 horas a la Delegación de Gobierno para que le aporte los documentos que acrediten sus acuerdos con Marruecos

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La Fiscalía de Ceuta ha acusado en dos escritos al Ministerio de Interior de obviar la legislación de Extranjería en la repatriación de los menores que permanecían en la localidad desde el pasado mayo procedentes de Marruecos. En ambos informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal asegura que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha despachado la devolución con un documento "sin firma" en el que, además de no figurar datos individualizados por caso, se trata de la única fundamentación jurídica en una mención genérica al acuerdo de cooperación entre España y Marruecos.

El primero de los escritos del fiscal fue presentado este domingo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta después de que la Coordinadora de Barrios, que ejerce la representación de la mayoría de los menores afectados, pidiera como medida cautelarísima que se suspendiera la devolución. El juez rechazó la petición por pérdida de objeto ya que, para cuando debía producirse el fallo, los niños ya habían sido entregados a las autoridades marroquíes. La repatriación ya alcanzan a 60 menores que han sido devueltos desde el pasado viernes en grupos de 15 cada día. Este lunes, en cambio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta sí aceptó paralizar las devoluciones de forma cautelar.

Un juez paraliza la expulsión de nueve menores que iban a ser entregados a Marruecos

El Ministerio Público apoya congelar la medida puesta en marcha por Interior. El fiscal vio urgencia en la paralización de las entregas incluso antes. Alegó que si una sentencia futura concluye que las repatriaciones son irregulares, resultaría imposible su cumplimiento. "Además, solo consta como fundamentación jurídica de la misma un oficio de la Secretaria de Estado de Seguridad, sin firma, en el que se dice que se va a proceder a la repatriación de los menores demandantes en previsión de lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo entre España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado (del año 2007)", dice el escrito.

La Fiscalía destaca también que el retorno solo puede realizarse "con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de Derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño", cosa que no está sucediendo. "En el presente caso, de la documental aportada, no consta la tramitación que, para la repatriación de menores no acompañados, exige nuestra legislación de extranjería", insiste el fiscal. Por ello, reclamó acordar la suspensión solicitada mientras Interior no aporte el expediente administrativo incoado y la resolución administrativa que corresponda. El segundo se presentó este lunes ante el Juzgado de Contencioso de Ceuta que ha decidido paralizar la expatriación de un grupo de los niños.

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El Confidencial ha tenido acceso a otro documento de la Fiscalía de Ceuta emitido este domingo en el que le da 48 horas de plazo a Interior para que le informe de una serie de cuestiones relacionadas con la repatriación de los menores. El escrito lleva la firma de la fiscal jefe de Área, Silvia Rojas Rodríguez. Insta a la Delegación del Gobierno de Ceuta a contestar a su requerimiento "en el plazo improrrogable de dos días".

Petición de información

En concreto, le pide la "documentación que acredite la proporción a las autoridades marroquíes desde la fecha de entrada del menor de toda la información pertinente a la situación del mismo". También solicita que "acredite que las autoridades marroquíes han procedido a la identificación del menor y su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad". En tercer lugar, quiere saber "el acuerdo concreto previo sobre los menores que pueden ser objeto de regreso y su número". Por último, la Fiscalía de Ceuta pide la "resolución acreditativa del retorno de los menores a su país de origen" con arreglo a la Ley de Extranjería.

El ministro el Interior Grande-Marlaska ha defendido este lunes que las devoluciones de menores no son expulsiones sino "un retorno asistido de los menores conforme a un marco normativo". Ha insistido en que el retorno está siendo "asistido y concertado" y que no afecta a menores vulnerables. "Los menores querían volver a su país. Se garantiza el interés superior del menor, que garantice su integridad moral en los términos más importantes, y no desarraigarse de su entorno cuando es factible y cuando adolecen de arraigo en España. Todos entraron en mayo. No tienen ningún tipo de arraigo en España", ha explicado en declaraciones a la cadena Ser.

Foto: La ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. (EFE)

Fuentes fiscales indican, sin embargo, que las repatriaciones que comenzaron el viernes se hicieron "sin conocimiento de la Fiscalía, sin que los menores contaran con intérprete y sin darles posibilidad de formular recurso", Por otra parte, fuentes de la Coordinadora de Barrios indican que muchos de los niños ya devueltos no sólo no querían regresar de forma voluntaria sino que desean quedarse y han dado poderes a sus abogados en España para que impugnen las medidas. Tal y como avanzó El Confidencial, Interior no informó a la Fiscalía General de la repatriación hasta dos días después de dar la orden a la Delegación de Ceuta.

La Secretaría de Estado de Seguridad comunicó la decisión a la Delegación de Gobierno el martes 10 de agosto y no dio cuenta a la Fiscalía General hasta el jueves 12. En esa comunicación también le daba cuenta de una reunión mantenida el miércoles 11 con las autoridades de Marruecos. Según informan a este periódico fuentes al tanto de estos contactos, en la cita participaron el jefe de gabinete de la Delegada del Gobierno de Ceuta, la vicepresidenta primera del gobierno de la ciudad autónoma la responsable del área de Menores.

El compromiso de Marruecos

Por la parte marroquí, asistieron el jefe de gabinete del wali (gobernador local) de Tánger-Tetuán-Alhucemas y un representante de L'Entraide Nationale, organismo público marroquí dedicado a dar cobertura a colectivos vulnerables. Marruecos se comprometió con España a movilizar a los responsables del centro de Menores de Martil, en Tetuán y a garantizar sus derechos hasta que sean entregados a sus padres. En caso de que no sean entregados, sería L'Entraide Nationale quien se encargaría de ellos.

Foto: Migrantes en Ceuta. (EFE)

No obstante, según indica la legislación de Extranjería, los menores afectados deben ser informados del inicio del expediente de repatriación y ser escuchados. En caso de mostrar su disconformidad, se debe proceder al nombramiento de defensor judicial, después se abre un trámite de alegación y la Delegación de Gobierno debe recabar informe del servicio de protección de menores que debe ser entregado en 10 días.

Una vez efectuadas las alegaciones, se abre un periodo de prueba que no puede ser inferior a 10 días y en el que se recaba el informe del fiscal. Tras incorporar todos los documentos, se abre un trámite de audiencia en Delegación de Gobierno al que serán convocados el fiscal, el menor y su representante legal y el defensor judicial. Una vez realizado el trámite de audiencia, se resolverá si procede o no la resolución. La decisión, en cualquier caso, ha de ser notificada para que pueda recurrirse.

La Fiscalía de Ceuta ha acusado en dos escritos al Ministerio de Interior de obviar la legislación de Extranjería en la repatriación de los menores que permanecían en la localidad desde el pasado mayo procedentes de Marruecos. En ambos informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, el fiscal asegura que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha despachado la devolución con un documento "sin firma" en el que, además de no figurar datos individualizados por caso, se trata de la única fundamentación jurídica en una mención genérica al acuerdo de cooperación entre España y Marruecos.

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