La Fiscalía investiga la repatriación de menores desde Ceuta y la Abogacía exige su paralización

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para conocer las condiciones en las que se están repatriando a Marruecos a los 800 menores marroquíes que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta tras cruzar la frontera hace casi tres meses, han informado a EFE fuentes judiciales.

Ni la Fiscalía del Estado ni la de Ceuta conocen el plan de repatriación fijado entre España y Marruecos, según las mismas fuentes, que han dicho que la única comunicación oficial recibida sobre esta iniciativa era muy genérica y en ningún momento se cifraba el número de menores a repatriar ni tampoco cuándo darían comienzo. Este sábado se ha devuelto al segundo grupo de quince menores, una iniciativa que realiza la Delegación del Gobierno con el Ministerio del Interior, han confirmado fuentes policiales.

Los menores han sido sacados del pabellón Santa Amelia y trasladados hasta la frontera del Tarajal, la que cruzaron entre los días 17 y 18 de mayo ante la pasividad de las autoridades marroquíes. En ese punto, los menores son entregarlos a las autoridades marroquíes de la Dirección General de Infancia, lo que se seguirá haciendo con grupos de 15 jóvenes al día.

El Gobierno ya había tratado de reagrupar a los niños con sus familiares, pero Rabat se negaba

Una vez que son entregados a Marruecos, "lo que se ha acordado con el Gobierno marroquí es que ellos serán los encargados de buscar a las familias de los menores, y en el caso de que no fuera posible quedarían en un centro de acogida" de Marruecos, han señalado fuentes de la Delegación del Gobierno. La devolución de menores no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012 no se había activado.

El Gobierno ya había tratado de reagrupar a los niños con sus familiares, pero en plena tensión diplomática, Rabat se negaba a colaborar, alejando incluso a los padres de la valla fronteriza, han señalado las fuentes, quienes han resaltado que esta situación ha dado "un giro" desde este viernes. El vicepresidente segundo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Carlos Rontomé, por su parte, ha asegurado que "se están trasladando a los menores que no son vulnerables" y ha enfatizado que los que sufren algún tipo de maltrato o acoso "no están dentro de este procedimiento".

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"Hay que tener en cuenta que todo se está haciendo de acuerdo al interés superior del menor, por lo que aquellos niños que tengan algún tipo de posibilidad de que puedan sufrir algún tipo de situación de vulnerabilidad quedan fuera de este procedimiento", ha insistido el vicepresidente segundo de la ciudad autónoma de Ceuta.

En cuanto a las críticas surgidas desde las oenegés por esta repatriación y la petición por parte del Defensor del Pueblo de su cese inmediato, Rontomé también ha dicho que "el Ministerio del Interior es el que está marcando la forma de repatriación". "No se devuelve a todos a la vez, sino de quince en quince, que es lo que se ha acordado, por lo tanto consideramos que las repatriaciones se están realizando con todas las garantías, tal y como lo ha propuesto el Ministerio del Interior", ha subrayado el vicepresidente segundo.

Las ONGs plantean medidas

Save The Children prevé tomar medidas legales junto a otras ONGs para paralizar el proceso de repatriación de los menores. Buscan "soluciones duraderas" para proteger y dar tutela a los menores que retornan a su país. "Los niños que no se han retornado están en peligro", señalan desde Save The Children.

A través de entrevistas personales a más de 300 menores, la ONG ha constatado a El Confidencial que uno de cada cuatro ha llegado a España después de sufrir violencia o explotación sexual. Además, uno de cada seis han sufrido malos tratos o torturas. La responsable de Políticas de Infancia de Save The Children, Carmela del Moral, considera "ilegal" la actuación del Gobierno porque no está cumpliendo la legislación española, pues explica que "se vulneran los derechos de los niños".

"Las devoluciones son una vulneración de los derechos de infancia de los niños devueltos", remarcha Del Moral para argumentar que los derechos que tengan representación legal en la Ley de Extranjería se deberían adoptar "de manera individualizada". En este sentido, ha asegurado que no se están siguiendo las evaluaciones individuales a cada menor. "No se han analizado los cumplimientos ni las garantías que puede tener en el país de origen", ha subrayado.

La Abogacía pide el cese

La Abogacía Española exige "el cese inmediato de las repatriaciones de menores sin garantías jurídicas" desde España a Marruecos, ya que duda de que se estén "cumpliendo estrictamente los convenios internacionales y el propio convenio bilateral" con el país vecino, y que se preserve el interés superior del menor.

El Ministerio del Interior empezó ayer viernes a retornar a Marruecos aparte de los 800 menores que entraron en Ceuta durante el 17 y 18 de mayo y que permanecían en la ciudad autónoma, una decisión contra la que se han pronunciado varias ONG, el Defensor del Pueblo y, en las últimas horas, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La Abogacía se opone a estas devoluciones porque considera que pueden no respetar las normas y los convenios internacionales, así como por dos sentencias del Tribunal Constitucional español, en todas las cuales se exige asegurar protección al menor y seguir cada caso individualmente.

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"La Abogacía está preocupadísima porque se puedan estar repatriando a niños/as especialmente vulnerables y que no le hayan dado la información o facilitado la posibilidad de solicitar protección internacional", señala el órgano de representación de los abogados en un comunicado. Recuerda que el Tribunal Constitucional (TC) reconoció -en dos sentencias de 2008- a menores marroquíes el derecho a oponerse judicialmente a su repatriación, al tener “capacidad y madurez suficiente” para impugnar ante la Justicia decisiones que perjudiquen sus intereses.

Y explica que las repatriaciones que se llevan a cabo desde ayer se fundamentan en un convenio bilateral entre el Reino de España y el Reino de Marruecos que entró en vigor el 2 de octubre de 2012, que entra en colisión con lo estipulado por la legislación y los convenios internacionales y por las citadas sentencias del TC. La Abogacía pone de relieve que, según estas normas internacionales, el proceso de devolución "debe ser individualizado y garantizar además que los menores, que en la mayoría de los casos se puedan negar a volver a su país, sean informados de su retorno y de los derechos que les asisten, entre ellos ser escuchados".

Duda del cumplimiento de los requisitos en el convenio bilateral entre España y Marruecos

"Tampoco pueden ser devueltos sin que se realice en todo este procedimiento una evaluación del interés superior del menor", añade. Duda también del cumplimiento de los propios requisitos impuestos en el convenio bilateral entre España y Marruecos, en el que se exige primero la reunificación con sus familiares, "hecho que tiene que ser constatado fehacientemente en los procesos administrativos individuales".

Recalca la Abogacía que, si no fuera posible y tras garantizarse por ambas partes la repatriación a centros de menores, se deben garantizar que ese centro de acogida al que sean derivados cuente con recursos materiales y humanos suficientes o la creación de un comité de seguimiento. "Subir a una furgoneta a los menores sin explicarles la decisión y trasladarlos a la frontera vulnera el derecho internacional y el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente administrativa y jurisdiccional produciéndose situaciones de hecho que vulneran el artículo 24 de la Constitución y el interés superior del menor consagrado en todos los tratados internacionales sobre los niños", advierte la Abogacía.

El PSOE dice que es 'garantista'

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y exsecretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha defendido que la estrategia migratoria del Gobierno es "muy valiente y muy progresista", y ha asegurado que las devoluciones de menores a Marruecos se realizan "con todas las condiciones y de manera garantista".

Hana Jalloul se ha referido de este modo, en declaraciones a los periodistas, a la decisión de España de devolver a Marruecos aparte de los 800 menores de edad que entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo pasado y a las dudas legales expresadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre la actuación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Según ha explicado la exsecretaria de Estado, Interior trabaja con un marco jurídico que "garantiza que se haga bien con los menores, como no puede ser de otra manera". "Se está trabajando con los expedientes individualizados de cada niño y con el retorno a sus familias", ha añadido Jaloull.

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Sin embargo, el ministerio que dirige la líder de Podemos Ione Belarra ha advertido en una carta remitida a Interior que las devoluciones de menores a Marruecos podrían suponer "un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España", lo que considera "muy grave". Jalloul se ha referido a que el Defensor del Pueblo y la Fiscalía están realizando investigaciones y que "todos" están trabajando para que "lo que se está haciendo se haga de buena manera".

"Quiero dejarlo muy claro, yo fui secretaria de Estado de Migraciones. Quiero alabar el trabajo que se ha hecho con los migrantes en este país; ha sido una política muy valiente y muy progresista", ha asegurado la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.