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Fiscalía investiga a la delegada del Gobierno en Ceuta por la devolución de menores
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Paralizada por la Justicia

Fiscalía investiga a la delegada del Gobierno en Ceuta por la devolución de menores

El Ministerio Público cita a declarar a Salvadora Mateos por prevaricación administrativa tres meses después de la operación para retornar migrantes que avaló Grande-Marlaska

Foto: Menores en la frontera entre Marruecos y Ceuta. (EFE)
Menores en la frontera entre Marruecos y Ceuta. (EFE)

La Fiscalía ha citado para interrogar por un presunto delito de prevaricación administrativa a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos. Esta actuación del ministerio público se enmarca dentro de las pesquisas por la actuación del Ejecutivo en la devolución de los menores que llegaron masivamente de Marruecos. Esta operación fue avalada públicamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según informan a El Confidencial fuentes al tanto de las pesquisas, el interrogatorio está previsto para el próximo lunes 13 de diciembre.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Delegación del Gobierno de la ciudad para recabar su versión de los hechos. Fuentes de su departamento se han limitado a afirmar que respetan las decisiones judiciales, pero la delegada ha eludido hacer declaraciones. En caso de que la Fiscalía hallase indicios suficientes de delito en la actuación de la delegada, tendría que judicializar su investigación. El Código Penal castiga con penas de inhabilitación para cargo público la prevaricación administrativa, es decir, la toma de decisiones a sabiendas de que son injustas.

Foto: Foto: Javier Sakona.

Los hechos tienen su origen en la entrada de forma ilegal en mayo de alrededor de 12.000 personas procedentes de Marruecos, según datos del Gobierno ceutí. De ellas, las fuerzas de seguridad contabilizaron a 1.097 menores de edad. Durante meses, permanecieron acogidos de forma provisional en pabellones y centros temporales hasta que en verano España y Marruecos pactaron su devolución por medio de la Policía. La operación, iniciada un viernes 13 de agosto, provocó una crisis interna en el Gobierno por las críticas contra el PSOE de parte del sector de Podemos.

La petición de buscar una solución partió del Gobierno de Ceuta, que pidió ayuda al Ministerio del Interior, que contestó por medio de la Secretaría de Estado de Seguridad con un correo electrónico el 10 de agosto desvelado por El Confidencial. En esta comunicación, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska instó a que se procediese a la devolución de menores a Marruecos desde ese mismo día atendiendo a la relevancia del asunto. El ministerio alega que no dio la orden, sino que fue tan solo un ruego. El correo iba dirigido a Ismael Kasrou Contioso, secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

placeholder El correo del Ministerio del Interior.
El correo del Ministerio del Interior.

La mayor complicación para las autoridades de Ceuta y del Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, fue la derivada judicial a partir de las denuncias de las organizaciones no gubernamentales. Se iniciaron dos procedimientos, uno en la Audiencia Nacional y otro en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta. Este último emitió un auto el 28 de agosto en el que, además de ordenar la paralización de las devoluciones, advertía de que no constaba que en el procedimiento se hubiese cumplido "con ninguno de los trámites preceptivos".

"El incumplimiento de estos trámites —defendía el juzgado—, que están expresamente recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, genera indefensión en los menores que han sido privados de la posibilidad de formular alegaciones o proponer prueba; de conocer los concretos datos tenidos en cuenta para adoptar tal decisión, y de poder accionar los recursos establecidos para dejar sin efecto la resolución".

Foto: Menores en la frontera entre Marruecos y Ceuta. (EFE)

España y Marruecos apelaban para devolver a los menores a un acuerdo suscrito por ambos países en 2007. Pero el auto del juzgado, en consonancia con la opinión de la Fiscalía, indicaba que el cauce adecuado eran la Ley de Extranjería y la Ley del Menor, al tiempo que arrojaba múltiples dudas respecto a la actuación de la Delegación del Gobierno: “No se ha aportado información alguna de los menores afectados que permita conocer los datos que han determinado su repatriación; no consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores, ni a la ciudad autónoma, pese a asumir esta la guarda de los menores, ni al Ministerio Fiscal”.

La crisis la tuvo que atajar personalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP. Se comprometieron a buscar otras fórmulas para devolver a los menores sin consecuencias judiciales.

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