La mayoría de los menores de Ceuta no podrá ser devuelto con el plan Sánchez-Vivas

El plan Sánchez-Vivas hace aguas. Dos de las afirmaciones que realizaron este jueves el presidente del Gobierno y el de Ceuta respecto a la repatriación de los menores que permanecen en la ciudad autónoma desde mayo se contradicen. No es posible que, por una parte, se cumplan todas las exigencias legales para devolver a los niños y adolescentes y, por otra, que vuelvan todos a Marruecos. La situación de vulnerabilidad de muchos de ellos impide su retorno y, en otros casos, ni los niños ni sus familias quieren reunirse, de modo que, con la actual Ley de Extranjería, la mayoría tendrá que permanecer bajo la tutela de España.

Esto sucede porque para iniciar el procedimiento de repatriación lo primero que hay que hacer es escuchar al menor. El primero de los pasos es su derecho a ser oído de forma directa o mediante una persona de su confianza. Solo si el niño quiere volver con su familia el procedimiento se activa y agiliza. En el caso contrario, dependerá en última instancia de una decisión judicial que, como se ha visto estas semanas, prioriza el interés y bienestar del afectado.

Es por ello que las asociaciones en respaldo de los inmigrantes que han asumido el peso de la defensa de los niños en estas semanas no ven posible las devoluciones salvo que se vulneren los derechos de los menores. "Hay muy pocos casos en los que la voluntad de los niños y de las familias sea reagruparse", indica la presidenta de Raíces Lourdes Reyzabal a El Confidencial.

No solo se trata de las dificultades legales que implica este hecho. También del tiempo que necesita ese cumplimiento estricto de la ley de la que hizo gala Sánchez tras las irregularidades cometidas por su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaladas en los autos judiciales y escritos de la Fiscalía. Si el niño acepta la reunificación, el trámite es relativamente corto, pero, en el caso contrario, puede prolongarse "años", indican fuentes jurídicas consultadas.

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Ese "cumplir todos los requisitos" supone toda una serie de pasos. Tras la audiencia del menor, debe venir el informe del Ministerio Fiscal, la existencia de asistencia letrada independiente para el niño, un estudio sobre las circunstancias personales y familiares en su país de origen, la notificación de la resolución... Algo que no tendría que dilatarse en el tiempo si ambos países y sus administraciones colaboran con diligencia, pero que se complica y mucho si la voluntad del niño en cualquier momento del procedimiento es contraria o entra en conflicto con lo que su tutor legal en España considera. "Tiene derecho a recurrir y ahí el procedimiento puede tardar meses, incluso años", indica Reyzabal y, además, destaca: "No hay una respuesta generalizada" en estos casos porque si algo no puede hacerse es extrapolarlos.

Por su parte, el abogado experto en Extranjería Daniel Arencibia recuerda que en una resolución reciente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obliga a que antes de proceder a una devolución, los Estados miembros tiene la obligación de cerciorarse y verificar que en el país de retorno existe una recepción adecuada.

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Sin un plan de redistribución de los menores fuera de Ceuta, surgen las dudas sobre de qué manera la ciudad autónoma, que ya ha reconocido serias dificultades para asumir la tutela de los menores, va a lograr atenderlos durante todo este largo trámite. Las asociaciones, entre ellas la Coordinadora de Barrios —clave también en la pata judicial del procedimiento— sospecha que no se quiere un alejamiento de la frontera para poder expulsarlos cuando convenga con medidas que no cuenten con las garantías prometidas.

La defensa de Vivas

Fue el presidente de Ceuta el encargado de defender públicamente una alternativa basada en dos pilares que no parecen sostenerse. Habló de "retornos asistidos" que se realizarán "de acuerdo con la interpretación de las leyes" y de un fortalecimiento de recursos para conseguir que los menores vuelvan lo antes posible. Insistió en que la situación "requiere de soluciones inmediatas e inaplazables", porque todas las administraciones implicadas en el proceso opinan que la vuelta de los adolescentes con sus familias es lo mejor para sus intereses. Olvidó, por tanto, su deseo que es obligado. Las circunstancias, sin embargo, apuntan a que la solución es más una patada hacia delante destinada a apagar la crisis del verano.

Opinión

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Mientras tanto, los socios de unos y otros han comenzado a pronunciarse. Vox ya avisó en mayo de que retirará su apoyo al Ejecutivo andaluz si los menores acaban redistribuidos en ese territorio y ahora ha mandado un nuevo aviso a través de las declaraciones de su diputado Ignacio Gil Lázaro, "sorprendido" por la postura del PP en este asunto. Podemos, que había elevado el tono de las críticas, parece apaciguado por el momento, pero ya pide que la acogida sea efectiva en caso de que los menores quieran permanecer en España.