El Gobierno culpa a Marruecos de la entrada masiva de Ceuta: "Facilitó el acceso ilegal"

El Gobierno culpa a Marruecos de la entrada ilegal de más de 12.000 personas en Ceuta en mayo del año pasado. Lo hace a través de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia. Aquel acontecimiento supuso un antes y un después en las relaciones entre ambos países. Los servicios jurídicos del Ejecutivo, en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, acusan a las autoridades magrebíes de “participar y facilitar” lo que Ceuta calificó como una “invasión”. Se da la circunstancia de que la Abogacía del Estado elaboró este documento apenas dos días antes de la firma del acuerdo para una nueva fase en las relaciones entre España y el reino alauí.

“La peculiar naturaleza de esta entrada masiva no resulta comparable a otras entradas irregulares, incluso masivas, producidas en esta ciudad”, dice la Abogacía del Estado. Precisa que la diferencia en este caso fue “la participación y facilitación del Reino de Marruecos en el acceso ilegal a nuestro territorio” y “la más que conocida situación de engaño que motivó la entrada de muchos de los menores, así como el perfil de los migrantes”. Por eso considera que estaba justificada la adopción de medidas extraordinarias, como recurrir a un acuerdo bilateral inédito y suscrito en 2007 entre España y Marruecos para retornar a decenas de menores que habían cruzado la frontera en lugar de cumplir la Ley de Extranjería.

Tal y como adelantó El Confidencial hace un año, el Ministerio del Interior dejó por escrito que la decisión partía del ministro Fernando Grande-Marlaska: “Por indicación del ministro del Interior, desde esta Secretaría de Estado, con fecha 10 de agosto, se dictó un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos”. [Accede aquí a los documentos completos]

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La Abogacía del Estado hace esta acusación a Marruecos en su petición de archivo de la investigación sobre la decisión de devolver a Marruecos a 145 menores el verano pasado. Por esos hechos están imputadas en un juzgado la delegada del Gobierno de Ceuta y la vicepresidenta del Gobierno de la ciudad autónoma. Se les acusa de un delito de prevaricación y ya tienen en contra una sentencia que zanjó que España puso en riesgo a los menores. Las explicaciones de ambas investigadas constan en el sumario del caso al que ha tenido acceso este periódico. Coinciden en responsabilizar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al Ministerio del Interior de la decisión de llevar a cabo el plan, pero defienden que actuaron de acuerdo a la ley.

Los hechos a los que se refieren tienen su origen en los días 17 y 18 de mayo de 2021. Miles de personas cruzaron a pie o a nado la frontera que une Marruecos con Ceuta por la playa de El Tarajal ante la pasividad de los gendarmes marroquíes. Aquello provocó una situación de caos en la ciudad autónoma, incapaz de acoger a todas esas personas. Entre ellas, había un millar de menores no acompañados que fueron reubicados en barracones en condiciones precarias sin una solución a corto plazo. Tres meses después, un viernes de agosto, España empezó a devolver a los menores ante la indignación de las ONG, que acudieron a los tribunales para detener una actuación sin garantías.

Evitó las críticas a Marruecos

El Gobierno evitó criticar a Marruecos por la llegada masiva de migrantes a Ceuta cuando se produjo la entrada. Desde la mesa del Consejo de Ministros, se escudaron en que la "crisis migratoria" obedecía a diversas circunstancias que se estaban analizando. La embajadora marroquí en España dijo que en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias, "y se tienen que asumir". Lo afirmó en velada referencia a la decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño.

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El siguiente hito en las relaciones de ambos países fue el reconocimiento por parte de España de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. El Gobierno de Sánchez viró así la postura mantenida durante décadas en torno a ese conflicto, lo que provocó el malestar y la desconfianza de su socio de coalición, sus aliados parlamentarios y la oposición. Moncloa seguía así la línea marcada en ese asunto por Estados Unidos, al margen de la legalidad internacional. El 7 de abril se materializó el final de esta escalada con la firma de un acuerdo que abrió una nueva etapa diplomática. Desde España, se puso el acento en que desde entonces la colaboración en materia de migración sería más eficaz. Este mismo fin de semana, Mohamed VI celebró el giro de España respecto al Sáhara.

En ese marco, mientras se materializaba el acercamiento entre ambos países, la Abogacía del Estado plasmó por escrito la acusación contra Marruecos en su estrategia de exonerar a la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos. A su entender, “jamás existió un riesgo relevante” hacia los menores una vez fueron repatriados a su país de origen. No lo creen así ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que avaló la paralización de las devoluciones, ni la responsable del Área de Menores de Ceuta, que advirtió contra el procedimiento empleado. La Abogacía alega que esas dudas de la especialista nunca le fueron trasladadas a la delegada del Gobierno ahora investigada.

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La opinión de la Fiscalía es muy diferente. A juicio del ministerio público, “se ha omitido de forma voluntaria y consciente el procedimiento legalmente establecido, cuando en un Estado de derecho no caben atajos”. Por ello, acusa a la delegada del Gobierno como autora de un delito de prevaricación y a la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta (del PP) del mismo delito, pero en concepto de cooperadora necesaria. Tendrán que declarar en septiembre como imputadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2.

Su versión es que desde la ciudad autónoma se planteó al Gobierno central usar el acuerdo bilateral con Marruecos firmado en 2007 para una rápida devolución de los menores ante la situación extraordinaria. En agosto, el Ministerio del Interior contestó afirmativamente a la propuesta y eso activó los trabajos. Esa es la razón por la que las acusaciones populares, personadas en la causa, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado y la Asociación para el Desarrollo Integral L'Escola AC, creen que la investigación debe seguir escalando hasta el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.