Interior envía a la Audiencia los escritos que señalan a Marlaska por la crisis de Ceuta

El Ministerio del Interior remitió la semana pasada a la Audiencia Nacional varios documentos que atribuyen personalmente al titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, la autorización de proceder al traslado a Marruecos de los menores de Ceuta en los términos que se hicieron y que la Justicia ha ordenado paralizar. Se trata de al menos dos documentos que obran en el expediente del caso elaborado por el propio departamento y al que ha tenido acceso El Confidencial.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional investiga estos hechos a partir del recurso que presentó la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado contra el traslado de los menores. En poder de este organismo judicial obran dos textos de la Secretaría de Estado de Seguridad con membrete de Interior fechados el 10 y el 12 de agosto, antes de que empezaran las devoluciones. Iban dirigidos a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Fiscalía General del Estado.

Ambas comunicaciones relatan que Ceuta pidió devolver a los menores y que desde Interior se dio el visto bueno a hacerlo mediante un acuerdo con Marruecos de 2007 inédito hasta ahora. En este contexto se repiten las alusiones que señalan directamente a Marlaska. "En base a ello, por indicación del Ministro del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos", plasmó el propio Ministerio en su primer documento.

"Por indicación del Ministro"

Tal y como adelantó este periódico, Interior dejó pasar dos días hasta que puso al corriente a la Fiscalía. Lo hizo por medio de un documento en el que insistía en que Marlaska conocía y autorizó la operación: “Como consecuencia de ello, y por indicación del Ministro del Interior, desde esta Secretaría de Estado, con fecha 10 de agosto se dictó un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos”.

A la Fiscalía le pareció insuficiente esta información y pidió conocer más datos mientras abría una investigación al apreciar que se estaban vulnerando los derechos de los menores. Los recelos del ministerio público los asumió días después un Juzgado de Ceuta, que ordenó parar las devoluciones cautelarmente. "No consta que se haya cumplido con ninguno de los trámites preceptivos", dijo la resolución.

La tesis judicial es que el acuerdo entre España y Marruecos que avaló el ministro es una "mera declaración de intenciones" y que no se puede devolver a los niños sin cumplir los requisitos que exige Ley de Extranjería y la Ley del Menor: "No consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores; ni a la Ciudad Autónoma pese a asumir esta la guarda de los menores; ni al Ministerio Fiscal".

Interior hizo llegar a la Audiencia Nacional en este expediente una batería de documentos a los jueces, incluido un escrito de siete folios en el que se sacude toda responsabilidad. El Ministerio afirma que "no es competente" en la tramitación y resolución de los expedientes relativos al retorno a Marruecos y reagrupación familiar de los menores que entraron en Ceuta de forma irregular en el pasado mes de mayo.

Sin embargo, cuando empezaron las devoluciones, el ministro defendió el procedimiento empleado. En una entrevista concedida a la Cadena Ser reivindicó que existía un "estudio pormenorizado" de cada menor, a cargo de los servicios de Ceuta dedicados a la protección de los niños, y que "evidentemente" también había garantías de que vuelven con sus familias, gracias a las "comunicaciones directas" entre los servicios ceutíes y las reuniones con autoridades del Reino de Marruecos. La Justicia, de momento, lo pone en duda.

El expediente

En la documentación remitida también figuran los listados con los nombres y otros datos personales de los menores que devolvieron los primeros días y los que se iban a realizar en jornadas siguientes, hasta un total de 145. En ese expediente aparecen también los correos electrónicos entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Delegación del Gobierno en Ceuta, el Ejecutivo de la ciudad autónoma y la Fiscalía.

Uno de ellos es el que adelantó El Confidencial y en el que se pone en duda la versión de Interior a la hora de desvincularse de la responsabilidad de haber ordenado las devoluciones. “Se remite acuerdo sobre repatriación de menores. Dada la importancia de este asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito hoy mismo”. Adjunto a este correo iba el escrito del 10 de agosto. Interior alega que no era una instrucción formal.

El inicio de un proceso judicial, las quejas de parte del Gobierno ante el procedimiento usado por Interior y las protestas de las ONG llevaron al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a abordar la cuestión personalmente con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El resultado de la reunión fue que reactivarían las devoluciones, pero cumpliendo las leyes como advirtió la Justicia.