La Audiencia Nacional entra en la crisis de Ceuta y da un día a Interior para explicarse
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Tras el recurso de una asociación

La Audiencia Nacional entra en la crisis de Ceuta y da un día a Interior para explicarse

La Sala de lo Contencioso pide al departamento de Grande-Marlaska que le remita en 24 horas el oficio que fundaba la repatriación de menores en un acuerdo con Marruecos, sin datos adicionales ni firma

Foto: Repatriación de los menores marroquíes a través de la frontera del Tarajal. (EFE)
Repatriación de los menores marroquíes a través de la frontera del Tarajal. (EFE)
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La repatriación de los menores llegados en mayo desde Marruecos que permanecían en Ceuta va camino de convertirse en toda una crisis para el Ministerio del Interior. Este lunes, después de que la Fiscalía haya mostrado en distintos escritos su oposición a la devolución de los niños considerando que no cumple con la legalidad y después de que un juzgado ceutí paralizara la salida de los menores 72 horas, un nuevo actor ha entrado en escena. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha dado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska 24 horas de plazo para que le remita el oficio del 10 de agosto de la Secretaría de Estado en el que se fundamentaba la decisión con base en un acuerdo de cooperación con el país vecino, sin datos adicionales ni firma.

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Este nuevo paso judicial se produce en el marco de un procedimiento en defensa de los derechos fundamentales impulsado por la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. El breve oficio enviado por la Audiencia —al que ha tenido acceso El Confidencial— se limita a señalar a Interior que en el término de un día desde este lunes debe "remitir a la sala copia autorizada de la instrucción de 10 de agosto de 2021".

Según ha indicado a este diario el director de la ONG, Rafael Escudero, la red reclama "la declaración contraria a derecho y no la nulidad" de la medida. "En ámbito administrativo es desviación de poder, que el equivalente a penal es prevaricación", precisa. En concreto, el recurso presentado ante la sala indica que se ha procedido a la repatriación al Reino de Marruecos de un número indeterminado de menores no acompañados que estaban bajo la tutela del Estado español en virtud de una escueta instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Foto: La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. (EFE)

En concreto, el oficio del 10 de agosto, sin firma y con membrete de la secretaría, indica que habiéndose recibido escrito de la Delegación del Gobierno en Ceuta se ruega se ejecuten "las previsiones recogidas en el artículo 5 del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados".

"En base a ello, y por indicación del Ministerio del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos. Todo ello, con el fin de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela". Agrega que el país vecino se compromete a velar por los intereses de los menores, que se alojarán en un centro cercano a Tetuán donde permanecerán hasta que sean entregados a sus padres.

Incumplimiento de la normativa

Para la red, la forma de proceder incumple "la normativa tanto nacional como internacional que protege a estas personas y les confiere derechos y obligaciones que han sido severamente conculcados por el Estado español". Enumera las obligaciones que exigen la leyes para estas repatriaciones, entre ellas, que los niños afectados deben ser informados del inicio del expediente de repatriación y ser escuchados. En caso de mostrar su disconformidad, se debe proceder al nombramiento de un defensor judicial, después se abre un trámite de alegación y la Delegación del Gobierno debe recabar un informe del servicio de protección de menores que debe ser entregado en 10 días.

Foto: Foto: EFE.

Una vez efectuadas las alegaciones, se abre un periodo de prueba que no puede ser inferior a 10 días en que se recaba el informe del fiscal. Tras incorporar todos los documentos, se abre un trámite de audiencia en la Delegación del Gobierno al que serán convocados el Ministerio Público, el menor y su representante legal y el defensor judicial. Una vez realizada esta diligencia, se resolverá si procede o no la resolución. La decisión, en cualquier caso, ha de ser notificada para que pueda recurrirse.

Suspensión

El recurso destaca que la observancia estricta de la Convención de los Derechos del Niño, las normas internacionales y las del Reino de España exigidas por el acuerdo con el Reino de Marruecos de 2007 han sido "frontalmente conculcadas", "vulnerando flagrantemente los derechos fundamentales que respecto de los niños y los ciudadanos del mundo establece nuestra Constitución".

Foto: Uno de los menores que entraron en mayo en Ceuta durante la avalancha migratoria. (Reuters)

Destaca la reacción de instituciones como la Fiscalía en relación con la falta de garantías jurídicas y de procedimiento, del retorno o deportación de los menores y, en concreto, la del fiscal de Sala del Supremo, que ha iniciado actuaciones de investigación al no constar que se haya contado con el Ministerio Público para, como exigen el tratado y la normativa específica de los derechos del niño, proceder a la práctica de atención individualizada y determinación del interés superior del menor en este proceso.

Por todo ello, como ya están haciendo otras asociaciones ante lo Contencioso de Ceuta, el recurso solicita la medida de suspensión de los retornos y deportaciones de aquellos niños que estén concernidos por las instrucciones ejecutadas por la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Destaca especialmente la necesidad de una solicitud de consentimiento de los menores que tuvieran suficiente juicio, la posibilidad de presentación de alegaciones en el expediente, la asistencia letrada y la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, todos ellos de formulación legal y reglamentaria, "que se están conculcando en el presente caso".

La repatriación de los menores llegados en mayo desde Marruecos que permanecían en Ceuta va camino de convertirse en toda una crisis para el Ministerio del Interior. Este lunes, después de que la Fiscalía haya mostrado en distintos escritos su oposición a la devolución de los niños considerando que no cumple con la legalidad y después de que un juzgado ceutí paralizara la salida de los menores 72 horas, un nuevo actor ha entrado en escena. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha dado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska 24 horas de plazo para que le remita el oficio del 10 de agosto de la Secretaría de Estado en el que se fundamentaba la decisión con base en un acuerdo de cooperación con el país vecino, sin datos adicionales ni firma.

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