Unidas Podemos presiona a Sánchez en vivienda y con el cheque de alimentos

Ni una negociación sin carreras, vértigo y reproches. El Gobierno de coalición apura las horas de este lunes para tratar de cerrar un acuerdo sobre el real decreto ley de medidas frente a la crisis social y económica derivada de la guerra de Ucrania, y, como manda una suerte de tradición, a menos de 12 horas del último Consejo de Ministros del año no es solo que faltaran detalles por pulir, sino que las dos partes se mantenían en sus posiciones habituales ante este tipo de negociaciones: las dos se acusaban de recurrir a la sobreactuación como estrategia negociadora; mientras Unidas Podemos afeaba a su socio que no estuviera dispuesto a abrirse a sus propuestas. A última hora de la tarde, daban por hecho que las negociaciones continuarían hasta bien entrada la noche.

"Todavía no han cedido nada", resumían fuentes del socio minoritario durante la tarde del lunes. Se trata de la tercera prórroga del llamado escudo social frente a la desbocada subida generalizada de precios, que los morados siempre han visto como una oportunidad de oro para impulsar toda una batería de políticas de corte social, entre ellas la congelación de los precios de los alquileres de vivienda o de las hipotecas de tipo variable. Unidas Podemos ha ido intensificando la presión sobre sus socios desde el viernes, cuando ya dejó ver que las negociaciones estaban estancadas, para ahondar en esta línea de actuación durante el lunes. El PSOE repite que esta es la estrategia habitual de UP, y resta importancia a la polémica. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Todas las partes dan por hecho que se aprobará el cheque alimentario —alrededor de 300 euros, según la propuesta inicial— para actuar directamente sobre los bolsillos de las familias —aunque no tenga efecto sobre la inflación—, y que se incluirán en el real decreto las medidas ya pactadas por el PSOE con EH Bildu —la extensión de la prórroga del tope del 2% de subida para los contratos de alquiler—. Y todas daban por hecho que difícilmente habrá un nuevo impuesto a las grandes distribuidoras que reclama Podemos, que no enarbola Díaz y que Hacienda rechaza. El problema fundamental, nuevamente, estaba en la vivienda, y era el punto sobre el que Díaz intensificaba la presión pública durante la tarde. La vicepresidenta segunda, que suele evitar airear las diferencias a la interna, señalaba, a su manera, que sus socios se resisten a actuar en esta materia.

A última hora de la tarde, a falta de cerrar la letra pequeña del cheque alimentario —cuantías, número de beneficiarios, etc.—, el Ejecutivo de coalición constataba un hecho especialmente preocupante para el socio minoritario: las políticas de vivienda siempre son la china en el zapato, el hueso más duro de roer para dos partidos que han sido capaces de llegar a entendimientos en otras materias muy dispares.

Una prueba es la parálisis absoluta de la ley del ramo en el Congreso de los Diputados. La otra, en esta negociación, el hecho de que la congelación de los alquileres prorrogados y la de las hipotecas de tipo fijo son dos de las reclamaciones de los morados más difíciles de asumir para el PSOE. Y, aunque la Cámara Baja dio su aval hace escasos días al acuerdo con las entidades bancarias sobre hipotecas tejido por Nadia Calviño, Unidas Podemos nunca lo ha considerado suficiente.

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Sobre la mesa, además, reposaban la bajada del IVA del 10 al 4% de determinados productos de alimentación, inicialmente desdeñada por Calviño, considerada poco eficaz por Unidas Podemos y reivindicada por el PP, pero a la que Hacienda ha acabado abriéndose. Díaz también había reclamado prohibir el reparto de dividendos a las empresas que no participen en un acuerdo para ofrecer una treintena de productos a un precio asequible —una propuesta de pacto que durante meses ha permanecido en vía muerta, ante la negativa de los supermercados—; Podemos reclamó reducir al 50% el abono transporte, o extender durante seis meses el tope al gas a un precio máximo de 40 euros el megavatio hora. El partido de Ione Belarra ha disputado públicamente a Díaz el liderazgo de esta negociación; ambas partes han dejado claras cuáles son las medidas que gozan de sus respectivas bendiciones, pero, en lo que toca al cheque para afrontar el incremento de los precios en alimentación, así como en materia de vivienda, van de la mano.

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Los morados evidencian su malestar porque entienden que el PSOE se nutre fundamentalmente de descafeinar sus propuestas, y reconocen su malestar por lo que toca a los alquileres y las hipotecas. En paralelo, el decreto prorrogará algunas medidas en vigor y modificará otras como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, para restringirla a los transportistas y dejar de aplicarla con carácter general.

Una vez concluido el último Consejo de Ministros —cuyo real decreto deberán ratificar las Cortes en un pleno extraordinario en enero—, el presidente, Pedro Sánchez, comparecerá para hacer balance del año y explicar las nuevas medidas aprobadas. Todo después de cuatro meses de hiperactividad parlamentaria —especialmente entre noviembre y diciembre— y con los socios enzarzados en su enésima disputa a la interna a cuatro días de que empiece el nuevo año.