El debate de la prostitución agita a la izquierda: todos contra todos y división en UP

La abolición de la prostitución es quizá la madre de todos los debates en el feminismo y uno de los temas más sensibles dentro del Gobierno de coalición, frente a los aliados parlamentarios y hasta dentro de Unidas Podemos, que ni siquiera tiene una postura unitaria sobre esta materia. La proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que arrancó su tramitación en el Congreso en junio, vuelve al pleno esta semana. No hay más que una única enmienda de la CUP que pueda hacer decaer el texto y no hay opción de que cuente con los apoyos necesarios, pero su tramitación aflorará todo un abanico de posiciones, con la división de la izquierda en primer plano. Es un todos contra todos.

Fuentes parlamentarias recuerdan que del abolicionismo al regulacionismo hay toda una gama de grises, pasando por quienes cuestionan la utilidad del 'punitivismo' sobre los puteros, por el daño indirecto que pueda causar a las mujeres en contextos de prostitución. También hay quienes abogan por considerar la prostitución como un trabajo al uso, al entender que puede ejercerse de forma voluntaria. Incluso en el Gobierno hay importantes divergencias sobre dónde poner el foco, hasta dónde extender el castigo vía Código Penal o cómo garantizar los derechos de estas mujeres. Y ahí está el debate de la ley.

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El grueso de los grupos parlamentarios (del PP a ERC) no contempla incorporar el 'trabajo sexual' al Régimen Especial del Estatuto de los Trabajadores, como plantea la CUP, pero es una norma construida a trazo grueso, según Unidas Podemos y los socios de investidura. Ha estado marcada por la polémica desde su génesis. Superado el debate de totalidad, a partir de esta semana los grupos deberán prepararse para abordar su negociación.

En mayo, durante la tramitación de la Ley de Garantía de Libertad Sexual (de ‘solo sí es sí’), aprobada definitivamente a finales de agosto, el PSOE se vio obligado a retirar dos de sus enmiendas al texto. Presionado por su socio de gobierno y por sus aliados parlamentarios, las retiró a última hora para después encajar estos planteamientos —los cambios en el Código Penal que había propuesto en el marco de la negociación— en una proposición de ley de apenas cinco páginas.

El desajuste que causó esta norma fue tal que el Ejecutivo tuvo que contar con el PP para lograr la luz verde a su tramitación, con sus aliados en contra o absteniéndose, y hasta con siete de los 35 diputados de Unidas Podemos posicionándose contra esta ley.

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La proposición de ley socialista, que fue y sigue siendo interpretada por Unidas Podemos y algunos socios como "una pataleta" del PSOE, aboga por modificar el Código Penal para castigar cualquier tipo de lucro por la prostitución ajena. También persigue multar a los puteros con hasta tres años de cárcel y castigar la tercería locativa, el lucro por un local o espacio en el que se ejerza la prostitución. Es una norma de apenas media docena de artículos (contando las disposiciones adicionales), pero el consenso se antoja difícil para todos los grupos consultados.

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Sin ir más lejos, En Comú Podem, dentro de Unidas Podemos, está más cerca del regulacionismo que el resto de fuerzas del espacio político, y rechaza penar la tercería locativa, a diferencia de Podemos e Izquierda Unida. Por contra, la posición de Unidas Podemos como grupo, expuesta por la diputada Sofía Castañón, pasa por castigar el proxenetismo vinculado a la explotación (un paso menos que el PSOE), por eliminar el artículo que multa a los clientes o por abordar una reformar de la Ley de Extranjería que permita a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o en contextos de prostitución regularizar su situación.

Y esta última reclamación la comparten distintas fuerzas de izquierdas y el PNV, que se abstuvo en la votación de admisión a trámite, como EH Bildu. La formación 'abertzale', Junts per Catalunya o el PDeCAT reclamaron diferenciar explícitamente entre trata y prostitución. ERC tiró de ironía tras criticar la norma del PSOE. "La abolición de la prostitución era tan fácil como cambiar dos artículos del Código Penal y ninguno nos habíamos dado cuenta", argumentó Pilar Vallugera.

Una realidad compleja

De la sensibilidad del debate dan cuenta también las críticas de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que a finales de julio, tras la aprobación del nuevo Reglamento de Extranjería, criticó a su socio de gobierno por dejar pasar "una oportunidad relevante" para permitir regularizar "por razones humanitarias" a las víctimas de trata.

De hecho, en paralelo a esta norma, el Gobierno prepara también una ley específica contra la trata. Según 'elDiario.es', dos ministerios distintos, Justicia e Igualdad, han redactado dos borradores sobre la misma temática. El jueves, la titular de Justicia, Pilar Llop, aseguró que la ley estará aprobada antes de que acabe la legislatura, por tratarse de una "prioridad" para Pedro Sánchez. También es una prioridad para el presidente abolir la prostitución en esta legislatura, como prometió durante el 40º congreso del PSOE, hace casi un año. Otra cosa son los términos en que se plasme finalmente esta norma.

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"La toma en consideración tuvo 232 votos y seguimos aspirando a tener el consenso y la mayoría suficientes para sacar adelante la norma. Hay grupos que ya han dicho que les parece una ley necesaria y que quieren participar en ella, así que confiamos en su aprobación", sostienen desde el PSOE.

Al tratarse de una norma con muchos frentes, hay avances que se dan en paralelo. En el último Consejo de Ministros, el pasado martes, el Ejecutivo aprobó el Plan Camino, "la primera política pública estatal dirigida a todas las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución", en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Dotado con 204 millones de euros a distribuir hasta 2026, persigue garantizar el acceso de estas mujeres a vivienda, educación, sanidad, formación y empleo.

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Dos días después de la aprobación de este plan y ante la Comisión de Igualdad del Congreso, Montero recordó que en la negociación de la ley del 'solo sí es sí' estuvieron "muy cerca del consenso" para "acabar con la impunidad de la industria proxeneta" y reclamó esfuerzos para lograrlo en la negociación que ahora arranca.

Montero tuvo que asistir a los reproches de distintos grupos, que le afearon que abordase esta materia desde un Gobierno que no ha querido reformar la Ley de Extranjería, en la línea en que lo demandaba su propio espacio político. Hasta reconoció que "sería hipócrita" aprobar una norma contra la trata sin abordar la cuestión de extranjería, pero afirmó que están negociando esta materia con sus socios en el Ejecutivo.

Era solo otra de las caras del complejo y profundo debate que gira en torno a la prostitución, y que este jueves volverá a mostrar la enorme división de la izquierda, el abismo que separa a distintas fuerzas habitualmente aliadas en lo social, con la complicidad existente entre PSOE y PP en esta materia como el elefante en la habitación.