El Gobierno aprueba entre críticas de UP la ley que pretende "blindar" la sanidad pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública, que impide establecer nuevos copagos y considera la "gestión directa" como el modelo prioritario para la prestación de servicios, estableciendo la "excepcionalidad" de las colaboraciones público-privadas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma que se envía ahora al Congreso para su tramitación mejora, amplía y "devuelve" derechos a la ciudadanía, aunque ayer Podemos expresó sus "serias dudas" de que vaya a servir realmente para evitar la privatización de la Sanidad. "Quiero decir bien alto y bien claro que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso", ha expuesto Darias sobre este cambio normativo.

TE PUEDE INTERESAR

Podemos arremete contra la ley sanitaria de Darias y pide al PSOE que entre en razón

EFE

El proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) prioriza la gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios, lo que, según el Gobierno, es una manera de "blindar" la sanidad pública en un contexto en el que varias autonomías tienen externalizados los servicios sanitarios. De hecho, según ha explicado Darias en la rueda de prensa, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente, "solo cuando no sea posible la gestión directa".

Las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivar las externalizaciones. Según ha dicho la ministra, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas. A juicio de la ministra, esto "respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas" y se basa en el modelo de "cogobernanza". Este es uno de los aspectos del texto que no estaba incluido en el anteproyecto que se aprobó en noviembre.

Críticas de Podemos

Para Podemos, el socio minoritario del Gobierno, el PSOE "siempre se ha quedado a mitad de camino en defensa de la sanidad púbica", pero hoy Darias ha dejado claro que es una norma que ha contado con aportaciones de casi todos los ministerios. "Quiero decir, bien alto y bien claro, que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso para garantizar la equidad, la cohesión y la universalidad de nuestro sistema nacional de salud, pero especialmente para ampliar derechos y devolvérselas a ciudadanía", ha afirmado.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha advertido a los socialistas de que la norma "tiene que ser modificada en el trámite parlamentario para derogar de verdad la ley 15/1997 de José María Aznar de privatización de la sanidad". "Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el congreso", ha señalado el dirigente morado.

La nueva ley recupera la carta común de servicios única y cierra la puerta a implantar nuevos copagos por servicios públicos. Además, exime del copago sanitario para los productos ortoprotésicos a los colectivos más vulnerables, como ya se hizo en su día con los copagos farmacéuticos. Estos colectivos vulnerables son las personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), los pensionistas con rentas más bajas, los menores con discapacidad reconocida y las personas de rentas bajas por hijo a cargo. En total, esos colectivos suman seis millones de personas. "Recuperamos la cartera única común de servicios que incluye, por tanto, todas las prestaciones públicas", ha defendido la ministra.

La norma recoge la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, y amplía el derecho a la atención a nuevos colectivos como personas de origen español que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio nacional, así como a sus familiares. Según la ministra, se garantiza así el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal y también a las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual, y a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

TE PUEDE INTERESAR

El déficit de la sanidad en Huelva: cierra otra legislatura sin un hospital materno-infantil

M. Rosa Font. Huelva

"Esto era algo que ya permitió el real decreto ley del 2018 tras la llegada del presidente Sánchez a la Moncloa, pero había dudas de interpretación", ha expuesto la ministra. Darias ha remarcado también que se establece la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial, en concreto en el foro abierto de salud, que ya existía, pero de manera temporal y solo para el estudio de algunas cuestiones. "Esto era algo que ya permitió el real decreto ley del 2018 tras la llegada del presidente Sánchez a la Moncloa, pero había dudas de interpretación", ha expuesto la ministra.

Del proyecto de ley han dicho desde la Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública que contiene mejoras sustanciales respecto al anteproyecto, aunque "no se blinda la provisión pública". "Sigue abriéndose el paso a modelos privados que se dice que serán excepcionales, sin que se fijen criterios concretos para esa excepcionalidad ni sistemas efectivos de control", lamenta esta plataforma, que cree que esas "puertas entreabiertas" sirven como una “barra libre” para privatizar el sistema sanitario.