La ley de vivienda se abre paso con los límites al alquiler para todos los propietarios

Las medidas para limitar la subida de los alquileres y congelar los contratos incluidas en el decreto anticrisis aprobado en el último Consejo de Ministros del año han abierto una puerta de esperanza entre los socios de la coalición para desbloquear la ley de vivienda. La norma, que es uno de los principales asuntos pendientes en el programa del Gobierno de coalición y que ha sido un punto de fricción constante entre los socios a lo largo de la legislatura, se encuentra atascada por las reticencias del PSOE a incluir a los pequeños propietarios dentro de la obligación de topar el precio de los alquileres en las zonas consideradas tensionadas. Los morados pretenden que se incluya tanto a grandes como a pequeños tenedores y consideran que las medidas del decreto en esta línea van en la "buena dirección". Una ventana de oportunidad que podría acabar desatascando la ley si se siguen estos mismos pasos y los socialistas, como en el caso del decreto, levantan su veto a las pretensiones de los morados —que respalda también el resto de socios parlamentarios—.

La congelación de contratos que vayan a finalizar en los próximos seis meses, lo que conlleva el impedimento de subir el precio de los alquileres para todos los inquilinos, independientemente del tipo de propietario, ha sido una de las medidas más celebradas desde Unidas Podemos. Entienden que ahora el bloqueo de los socialistas a la ley de vivienda deja de tener sentido. Fuentes que han seguido de cerca la negociación señalan que las medidas del decreto en cuestión de alquileres favorecen su argumento de que la regulación debe realizarse para todos los contratos, sin que los pequeños tenedores puedan ajustarse a un precio libre. En esta línea, el decreto también prorroga durante todo 2023 el límite del 2% a la actualización anual del alquiler. Para todo tipo de propietarios.

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Desde el Ministerio de Transportes, son más cautos a la hora de entrar a los contenidos de las negociaciones, pero en términos generales se muestran optimistas con que la ley pueda salir adelante en las próximas semanas. Señalan que está habiendo "avances" y que se sigue trabajando con los grupos parlamentarios. En esta línea, rehúsan hablar de "bloqueo", porque las negociaciones nunca habrían estado paradas y porque "es mucho más lo que se ha avanzado que lo que queda pendiente de resolver".

Otro de los puntos de discusión tiene que ver con los desahucios sin alternativa habitacional. Unidas Podemos exige enmendar la norma para prohibirlos si hay un informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales y hasta que no se ofrezca otra residencia. Precisamente, el decreto anticrisis también prorroga seis meses más la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. La no invasión de competencias de las comunidades autónomas es una de las cuestiones en que más han puesto el foco ERC y PNV para dar su apoyo a la ley. Los republicanos ya arrancaron un "compromiso por escrito" para que se respeten las competencias autonómicas en la norma, a través de enmiendas, a cambio de su apoyo a la admisión a trámite del proyecto. Los nacionalistas vascos, por su parte, presentaron enmienda de devolución junto a PP, Cs, PDeCAT y JxCAT.

Los morados pretenden extender la regulación de precios tanto a grandes como a pequeños tenedores, en línea con el decreto anticrisis

A la espera de un acuerdo, el Ministerio de Transportes ya ha movido ficha para reducir de 18 meses a seis la moratoria a la regulación de alquileres una vez aprobada la norma. De este modo se blindaría su aplicación antes de que acabase la legislatura, siempre y cuando la ley logre aprobarse en el Congreso en las próximas semanas.

En Unidas Podemos, argumentan que el PSOE no se puede permitir afrontar la campaña de las elecciones municipales y autonómicas sin desbloquear antes la ley de vivienda. Se trata de una de las medidas sociales estrella de la coalición y serviría de impulso para encarar la primera parada del ciclo electoral de 2023, con las municipales y autonómicas en mayo y las generales a final de año. En el grupo socialista reconocen que algunas de las cuestiones pendientes de tramitar —vivienda y reforma de la ley de seguridad ciudadana, principalmente— están comenzando a moverse.

Paquete social para impulsar la campaña

No se descarta, de este modo, que se avance en las comisiones del ramo para poder llevar estas normas a pleno en el mes de febrero. Además de estas leyes, el Ejecutivo tiene pendiente de convalidar el decreto anticrisis, en un plazo máximo de 30 días hábiles desde su publicación en el BOE, y aprobar la subida del salario mínimo interprofesional. Un paquete de leyes sociales y medidas económicas para encarrilar la larga campaña electoral, enarbolando la bandera del "interés general" y la "protección de la mayoría social". La Moncloa busca reforzar el perfil social para reconectar con sus bases y revertir desde este costado el trasvase de electores al PP que reflejan las encuestas y que ha puesto en alerta a los barones, reacios a caer por culpa de la estrategia de alianzas del Ejecutivo.

Otra de las demandas de los socios pasa por limitar el uso de pelotas de goma

En la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, también se están produciendo avances. Así lo constatan desde el PNV, impulsor de la propuesta, tras reclamar la reactivación de la ponencia. ERC incluyó esta reforma dentro de la "carpeta antirrepresiva", junto al delito de sedición, con la vista puesta en aligerar las sanciones relativas a "desobediencia y desacato a la autoridad". Otra de las demandas de los socios pasa por limitar el uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios.

Los dos grupos que sostienen al Gobierno ya pactaron flexibilizar el régimen sancionador. Aun sin ninguna referencia a la desobediencia, socialistas y morados acordaron "reducir las multas que son excesivas y, en todo caso, aplicar siempre criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado". Se avanzó asimismo en modificar los artículos referentes al derecho de reunión para que la ausencia de comunicación previa de una manifestación no impida el ejercicio de este derecho, siempre que sea de forma pacífica.