El Gobierno reducirá a seis meses el plazo para aplicar la regulación de los alquileres

Los retrasos en la tramitación de la ley de vivienda siguen acumulándose y el Gobierno ya ha movido ficha para intentar blindar su aplicación en materia de alquileres antes de finalizar la legislatura. Según fuentes cercanas a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se pretende reducir a seis meses la 'vacatio legis' incluida en la norma, vía enmienda parlamentaria, para aplicar la limitación en el coste de los alquileres. El plazo marcado en el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros se elevaba a 18 meses. Un margen temporal que se justificó para la elaboración del índice de precios desde que se apruebe definitivamente la ley en el Congreso.

El objetivo del Gobierno pasa por tener lista la norma en este periodo de sesiones, antes de final año. De este modo, las CCAA que lo solicitasen podrían comenzar a regular los precios de los alquileres a mediados de año. "Confía personalmente en que la ley pueda ver la luz y ser aprobada antes de finalizar este año. Seguimos negociando y trabajando con los diferentes grupos, pero es mucho más lo que se ha avanzado que lo que queda pendiente de resolver", aseguraba este mediodía la titular de Transportes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

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Ruth Ugalde Elena Sanz Vídeo: Patricia Seijas Fotografía: Olmo Calvo

Las negociaciones están siendo intensas no solo entre los socios de Gobierno, sino también con algunos aliados parlamentarios, que han exigido desbloquear la ley ahora en tramitación en la mesa de negociaciones para dar su apoyo a los presupuestos. Principalmente ERC y Bildu. Los socios del Gobierno ya pactaron en el marco de los presupuestos de 2021 que la norma se aprobaría en febrero del siguiente año para que un mes después comenzase su tramitación parlamentaria.

A pesar de que el Consejo de Ministros aprobó la ley en segunda vuelta el pasado mes de febrero, acordando su tramitación parlamentaria por procedimiento de urgencia, tras su admisión a trámite sigue estancada en la Comisión de Transportes. Desde finales de abril está pendiente el informe de la ponencia, una vez prorrogado el plazo hasta en nueve ocasiones.

El ala morada del Gobierno está empujando para que la regulación del precio de alquiler en las zonas de mercado tensionado se extienda a todos los propietarios, tanto pequeños como grandes tenedores, se garantice la prohibición de desahucios de familias vulnerables en caso de no contar con una vivienda alternativa y, finalmente, se abogue por incluir todas las viviendas de la SAREB en el parque público de vivienda de alquiler. En una reciente entrevista con este diario, la ministra se mostraba optimista respecto a un acuerdo, pero reconociendo líneas rojas "que vienen determinadas por temas de legalidad, constitucionalidad, respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de protección al derecho a la propiedad".

En lo que sí hay acuerdo entre los socios es en la reducción de los plazos para aplicar la regulación de alquileres, aunque los morados habían presionado en un principio por eliminarla. De hecho, registraron una enmienda en la que reclaman directamente la "eliminación de la 'vacatio legis' de 18 meses para aplicar la regulación establecida en el apartado 7 del artículo 17, de manera que la aprobación y aplicación de dicha regulación, así como del sistema de índices de precios de referencia, sean inmediatas con la entrada en vigor de la ley".

Otra de las cuestiones candentes en el debate de la ley para lograr el apoyo de ERC y PNV tiene que ver con que no invada competencias de las comunidades autónomas. Los republicanos ya arrancaron un "compromiso por escrito" para que se respeten las competencias autonómicas en la norma, a través de enmiendas, a cambio de su apoyo a la admisión a trámite del proyecto. Los nacionalistas vascos, por su parte, presentaron enmienda de devolución junto a PP, Cs, PDeCAT y JxCAT. En esta materia de respeto competencial, Raquel Sánchez ha insistido en que se están incorporando enmiendas.

ERC batalla por una enmienda para que sean "las administraciones competentes en materia de vivienda" las que "definirán la función social de esta, con arreglo a los preceptos constitucionales que la amparan, pudiendo limitar, de acuerdo con ella, algunos derechos de la facultad dominical, respetando en todo caso los elementos básicos de este derecho". Un artículo que justifican como "imprescindible en el desarrollo de las competencias estatales, ya que gran parte de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la legislación de las CCAA encuentran su fundamento en la falta de competencia autonómica para afectar, definir, modificar o limitar el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda". Esto es, para determinar las afectaciones que puedan realizarse en la definición de la función social "adaptada a su territorio, realidad y competencias por parte de las CCAA".