Los barones huyen de Sánchez por el sí es sí y la malversación y sueltan lastre para las elecciones

La acción del Gobierno de Pedro Sánchez no siempre casa con la posición de los barones socialistas, aunque habitualmente se cierran filas y las discrepancias no resuenan fuera de las paredes de Ferraz. Sin embargo, cuando las políticas del Ejecutivo van diametralmente en contra de sus intereses electorales, el choque es inevitable. Interna y públicamente. Esto es lo que ha ocurrido con la rebaja de penas a agresores sexuales por la ley de Libertad Sexual, conocida como solo sí es sí. Tanto el resultado que está teniendo la norma como la pasividad de la Moncloa a la hora de tomar decisiones para corregirla es un disparo a la línea de flotación de la estrategia diseñada por los dirigentes autonómicos del PSOE. Todo ello a seis meses de concurrir a las urnas para su reelección. Esto es, poner en el centro de sus campañas electorales la capacidad de gestión y la solvencia como fórmulas de éxito.

La puerta abierta por el Ejecutivo a reformar el delito de malversación ya había puesto a los territorios en alerta, por lo que la polémica derivada del solo sí es sí ha sido la puntilla. Esta polémica ha provocado que alzaran la voz la mayoría de barones. Los tradicionalmente más inflexibles con Sánchez, pero también los más afines y poco dados a la crítica. Desde quienes están gobernando a los que aspiran a hacerlo. Algo inédito desde que Sánchez había accedido a la Moncloa. Para todos ellos, a punto de enfundarse el mono de candidatos por encima del traje presidencial, es imprescindible una rápida rectificación para cerrar esta carpeta a la mayor brevedad posible. Pasar página cuanto antes para no seguir alimentando la desconfianza entre el electorado.

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Mientras tanto, se marcan distancias y se muestra públicamente el desacuerdo, lo que profundiza el ánimo de soltar lastre en los territorios con Sánchez. La lectura más común entre los barones tras las elecciones andaluzas del pasado mes de junio ya fue la de tomar nota de lo ocurrido para diseñar una hoja de ruta con las siglas en un papel secundario. Se apuntaba a la necesidad de desplegar un proyecto de mayorías, moderado y basado en la solvencia. Aspectos que chocan con las últimas polémicas del Gobierno y especialmente con el solo sí es sí y el enroque del ministerio de Igualdad, que se opone a cualquier modificación descargando la responsabilidad de la rebaja de penas en una "justicia machista". Confrontación y conflicto institucional frente a la estabilidad que representa un valor en auge entre el electorado.

En los territorios, los socialistas coinciden en alentar una hoja de ruta de cara a las elecciones que huya de los sectarismos. Ni la posición de Podemos respecto a la ley del solo sí es sí, optando por una enmienda a la totalidad del sistema judicial (que no secundan el resto de actores de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza), ni tampoco una revisión amplia del Código Penal forzada por los independentistas para rebajar las penas de malversación, favorecen su estrategia. Más bien la cuestionan.

El menos complaciente con las alianzas parlamentarias de Sánchez y los socios de coalición siempre ha sido el castellano-manchego Emiliano García-Page. No solo porque gobierna en solitario, al contrario que la mayoría de presidentes autonómicos socialistas, sino por la composición sociológica de sus potenciales votantes. Si Page ya calificó a Podemos como "un caballo de Troya dentro del Gobierno", ahora ha recriminado el ataque desde los ministerios morados a la judicatura: "La soberbia, también la soberbia ideológica, la que cava trincheras ideológicas por cualquier tema, no termina siendo la solución". No hay voces que alienten directamente una dimisión, pero sí una rectificación. En Moncloa, por el momento, optan por contemporizar con sus socios de coalición.

Su intención de desplegar un proyecto de mayorías, moderado y basado en la solvencia choca con las últimas polémicas del Ejecutivo

Los efectos en los tribunales de la ley del solo sí es sí ha abierto la espita dentro del partido. Si las posiciones fueron contenidas con respecto a la iniciativa del Gobierno de reformar el delito de sedición, se ha erigido un muro preventivo frente a la posibilidad de reducir también las penas por malversación. Una propuesta de ERC para facilitar la vuelta a la política institucional de los dirigentes sobre los que pesan penas de inhabilitación y que se ha abierto a estudiar el Ejecutivo. Dicha reforma provocaría, al igual que la ley Igualdad, una cascada de revisión de sentencias. En este caso, las relacionadas con corrupción.

En la última década, la malversación ha sido uno de los delitos omnipresentes en las causas de corrupción más conocidas. Desde la trama Gürtel hasta la de los ERE de Andalucía o el caso Noos, pasando por procedimientos más recientes como la Púnica o la Lezo. Aunque la corrupción ha descendido como principal problema del país hasta el puesto catorce, según el último barómetro del CIS, la sensibilidad entre la población es mayúscula debido a la historia reciente. Para calibrar su efecto electoral a las puertas de una campaña, basta ver el rechazo expresado públicamente por uno de los barones más afines a Pedro Sánchez. Para el madrileño Juan Lobato "no debería tocarse ese delito ni las penas que conlleva". En las mismas declaraciones recogidas por Europa Press, el líder del partido en la región advertía que "con el dinero público cero bromas".

Los barones están apostando de cara al diseño de la futura campaña en aligerar la dependencia de las siglas y el aparato para centrarse más en la gestión de sus ejecutivos y sus propios liderazgos. De ahí que la planificación de actos de Ferraz con el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas se esté orientando más en lo municipal que en lo autonómico. Tampoco está habiendo fotos conjuntas de los barones respaldando a Sánchez en actos de partido, como ocurrió en Sevilla coincidiendo con el 40 aniversario de las primeras elecciones que ganó el expresidente Felipe González.

El rechazo público de los barones más afines a Sánchez a reformar el delito de malversación da cuenta de su coste electoral

Pedro Sánchez tiene una mayor dependencia en estos momentos de los barones que ellos de él. La próxima cita con las urnas son las autonómicas y municipales del 28 de mayo, cuyos resultados determinarán las posibilidades del presidente de revalidarse al frente de Moncloa se subordinan a conservar los gobiernos socialistas. Varios de ellos están cogidos con alfileres, según las encuestas, y la división a su izquierda no ayuda a aglutinar el voto progresista.

En Extremadura y Castilla-La Mancha, los socialistas tiene mayoría absoluta, pero en la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Canarias, Navarra y La Rioja, lideran ejecutivos de coalición. En Asturias, Adrián Barbón gobierna en solitario pero gracias al apoyo de investidura de IU. En grandes alcaldías, como las de Barcelona o Valencia, forman parte de coaliciones lideradas por otras fuerzas a su izquierda. Mantener estos bastiones será crucial para que Sánchez llegue con opciones a la cita con las urnas a nivel nacional, prevista para finales de 2023.

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El Gobierno de coalición, con su superposición de polémicas, enturbia el objetivo de los barones de buscar la centralidad y seguir reduciendo el trasvase de votantes hacia el PP, como coinciden en señalar los sondeos de las últimas semanas. Los barones socialistas no esperarán por Sánchez, como demuestra la inédita unanimidad en las críticas a la gestión que se está haciendo con la ley del solo sí es sí o, incluso, a la intención de reformar la malversación.

El líder de los socialistas, sin embargo, es poco dado a tomar nota de las inquietudes. Aunque en el último congreso de los socialistas se alineó con los barones para intentar coger impulso electoral desde la moderación y la unidad, también debe contemporizar con sus socios de coalición y parlamentarias para llegar al final de la legislatura con estabilidad. Los barones siguen su camino, cada vez más autónomo y alzando la voz contra Sánchez.