Jueces progresistas y referentes en violencia de género firman las rebajas de condenas

La estrategia de Podemos, que no secundan el resto de actores del espacio de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz a la cabeza, pasa por atrincherarse en el victimismo. Las revisiones de condenas serían fruto de un ataque al ministerio que lidera Irene Montero y, por extensión, al movimiento feminista. Sin autocrítica por la parte morada del Ejecutivo, toda responsabilidad se descarga en la judicatura, a la que se acusa de "machista". Las rebajas, sin embargo, no dejan de extenderse por los tribunales, donde jueces progresistas y referentes de la lucha contra la violencia de género están firmando estas decisiones. En palabras de la formación morada, ellos también serían "fachas con toga".

Entre estos magistrados destaca Ignacio González Vega, el exportavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, a la que pertenecía la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Vicky Rosell. Habitual en los medios de comunicación, ahí quedan sus artículos que la propia Rosell compartía en redes o las intervenciones en las que se mostraba crítico por una investigación contra Podemos. Tras formar parte del tribunal que redujo la condena a un violador el 4 de noviembre, el partido ha preferido ignorar sus explicaciones públicas sobre el porqué de las revisiones a la baja.

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Montero insiste que la ley del solo sí es sí no presenta agujero alguno y solo exige "formar" mejor a los jueces, pero entre los magistrados que acuerdan estas rebajas, no faltan expertos en la violencia sobre la mujer. Junto a González Vega, la reducción de condena del pasado 4 de noviembre la firma la magistrada Ana María Pérez Marugán, cuyas sentencias sobre violencia de género han llegado a acaparar titulares en medios especializados y han servido para análisis académicos.

En el caso de Castilla y León, que suma otras tres rebajas de condena, también ha secundado estas decisiones el magistrado Ignacio Pando Echevarría, que en 2019 no dudó en ejercer como anfitrión de una concentración contra la violencia de género y ponerse al frente de la pancarta, o los magistrados José Luis Chamorro Rodríguez y Álvaro Miguel de Aza Barazón, que antes de saltar a la Audiencia Provincial de León llevaron las riendas de juzgados de violencia sobre la mujer.

En el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que el 8 de noviembre redujo una pena por agresión sexual, la resolución la firma a su vez un magistrado que tampoco tendría problema en formar a terceros sobre violencia de género: el juez Carlos Suárez-Mira Rodríguez, que en 2006 ya estaba publicando artículos académicos sobre esta materia y, antes de incorporarse al tribunal superior, ejerció como titular del juzgado de Ferrol que tenía asignada la competencia de la violencia sobre las mujeres.

Javier Lanzos Sanz, que firmó la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona que redujo la pena a un acusado el 22 de septiembre, y José Manuel de Paúl Velasco, que hizo lo propio con la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que rebajó una condena por agresión sexual el 9 de noviembre, son otros dos de los jueces machistas que han pasado por juzgados con competencia en violencia sobre la mujer. Este último, de hecho, presidió la sección de la Audiencia de Sevilla especializada en esta materia y, en 2020, cuando abandonó la misma, dejó caer una frase reveladora en una entrevista: "Te guste o no, si la ley dice que esto es blanco, tiene que serlo".

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Montero, sin embargo, basa su argumentario en que los "jueces no están cumpliendo la ley" y esto implica "desproteger a las mujeres", unas palabras que chocan con la trayectoria de los otros dos magistrados que firmaban la ya mencionada resolución de Galicia, José Antonio Varela Agrelo y Fernando Alañón Olmedo. En declaraciones públicas, ambos han abogado por la puesta en marcha de juzgados de violencia de género en esta comunidad y, en 2011, el primero llegó a saltar a los titulares por auxiliar "a una mujer que presuntamente estaba siendo acosada" por su expareja en plena calle. Aquel día, Varela Agrelo terminó declarando como testigo en comisaría.

Sin salir de Galicia, la Audiencia de Ourense también rebajó este mismo miércoles otra condena con el visto bueno de dos magistrados que subrayan la importancia de los juzgados de violencia de género. "Cuando uno está enfermo del corazón, lo que quiere es que lo atienda un cardiólogo, no un médico de cabecera", advirtió en 2010 Antonio Piña Alonso. "La violencia de género se somete a dos velocidades entre juzgados que son especializados y los que no", añadió en 2020 su compañera Ana María del Carmen Blanco Arce.

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Estos son algunos de los más de 30 magistrados que han secundado las rebajas, pero Podemos los tacha de "machistas" y la propia Montero insiste en la necesidad de formarles. Los ataques del partido morado a la judicatura ya han provocado el reproche de las asociaciones judiciales, incluida la progresista de Juezas y Jueces para la Democracia, y el vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, miembro de Unidas Podemos y juez en excedencia, también se desmarcó este jueves de sus compañeros: "La cuestión de la revisión de sentencias cuando hay un cambio legislativo es una cosa absolutamente habitual". “Están haciendo escrupulosamente su trabajo”.

Ningún otro cargo morado se ha pronunciado de forma tan tajante, pero ante la disyuntiva marcada por Podemos de que se cierra filas con la ley Montero o se está del lado del patriarcado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el resto de partidos de Unidas Podemos (IU, PCE y comuns) han optado por rehuir el debate en público. No hay adhesión, al no respaldar ni en las formas ni en el fondo la posición de Igualdad, pero se evita entrar en una colisión directa.

En privado, se intenta llamar a la “prudencia”, desautorizando así la escalada contra el sistema judicial. Es más, se pide esperar a todo el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas. Se desmarcan también de lo que consideran un constante recurso al victimismo. “Les permite no tener que reconocer errores”, apuntan fuentes del Ejecutivo de este espacio. Estas mismas fuentes lamentan que el victimismo de Igualdad busca la cohesión interna dentro de sus filas. Concentrar fuerzas ante su batalla con Díaz, sin descartar la posibilidad de concurrir en solitario a las próximas elecciones si no tienen un rol protagonista en su plataforma Sumar.

No hay diferencias a la hora de reivindicar el “espíritu” de la ley y sus objetivos, pero sí estratégicas. Para Podemos, modificar la ley estrella de Igualdad es una línea roja, y cualquier pretensión en este sentido se sitúa del lado de los enemigos al feminismo. Frente a esta dicotomía, voces de peso dentro del espacio de Unidas Podemos apuntan al riesgo de que este asunto sea utilizado por los morados contra la vicepresidenta segunda. Díaz resiste manteniéndose de perfil en público y, mientras tanto, Podemos continúa con su enmienda a la totalidad de la judicatura.