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Los jueces se hartan del "fachas con toga" y hasta la asociación de Rosell se rebela contra Podemos
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Malestar unánime

Los jueces se hartan del "fachas con toga" y hasta la asociación de Rosell se rebela contra Podemos

Acusan a los morados de montar una campaña de desprestigio del poder judicial para "tapar sus vergüenzas", de carecer de cultura constitucional y de rozar la tiranía al intentar eludir la responsabilidad por las consecuencias de su ley

Foto: Irene Montero, junto a Vicky Rosell. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Irene Montero, junto a Vicky Rosell. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
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De Galicia a Murcia, pasando por Valencia y Castilla y León. Tribunales de toda España continuaron dictando a lo largo de las últimas 24 horas resoluciones en las que aplican reducciones de condenas por delitos sexuales como efecto de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Mientras comienzan las primeras excarcelaciones, Podemos coloca en la diana la judicatura, a la que acusa, sin tapujos, de prevaricar en masa. La ministra Irene Montero, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Vicky Rosell, y otros cargos vinculados al partido achacan estas rebajas a una especie de confabulación general de los jueces de todo el país, concertados para interpretar mal la ley a sabiendas.

"Fachas con toga", "machistas", volvió a escucharse este miércoles entre la ristra de insultos que lanzaron distintos cargos públicos. Al otro lado, magistrados y magistradas de todas las sensibilidades políticas han rebasado ya el límite de su paciencia. Acusan a los morados de montar una campaña de desprestigio del poder judicial para "tapar sus vergüenzas", de carecer de cultura constitucional y de rozar la tiranía al intentar eludir la responsabilidad por las consecuencias de su ley.

El tono y dureza de los calificativos han indignado a todos por igual. Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista a la que pertenecía Rosell, ha cargado también contra los insultos. En un contundente comunicado, acusó al departamento de Montero de emprender una huida hacia delante, arremetiendo sin justificación contra la magistratura. "La reforma de las penas con que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales", recordaba JJPD, y agregaba: "Que desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces".

Por su parte, la mayoritaria APM, que agrupa a los jueces conservadores, apunta a que "los ataques constantes a los jueces y juezas de este país" por parte de la ministra Montero "resultan intolerables e inadmisibles en una democracia". Por ello, la asociación de magistrados exige la dimisión inmediata de la titular de Igualdad.

El enésimo choque de Podemos contra el poder judicial no ha sorprendido demasiado en la carrera. La sensación general es de hastío. La Justicia viene siendo el pimpampum preferido por el partido, con continuos episodios a lo largo de la legislatura. Pablo Iglesias protagonizó algunos de ellos en su etapa como vicepresidente. Después vinieron más, el último a raíz de unas declaraciones de Ione Belarra criticando la sentencia que apartó de su escaño al diputado canario Alberto Rodríguez.

Foto: Irene Montero. (EFE/Daniel González)

Sin embargo, como esa gota malaya que va cayendo, este nuevo enfrentamiento ha calado y dolido más que otros, quizá por general y "radicalmente injusto". "Quieren ocultar sus errores jurídicos enfrentándonos a la opinión pública", asegura uno de los jueces consultados. Otro de ellos ve "mala fe" en este tipo de manifestaciones y apunta que Rosell, que las abandera con enorme contundencia junto a la ministra de Igualdad y es jueza, "es consciente de la burrada que están diciendo". "No puede ser ignorancia".

"Tiranía"

La conclusión a que llegan algunos de los magistrados consultados es que se apunta a los jueces como culpables "buscando hundir la credibilidad pública del poder judicial". "Esta vez, el sentimiento es unánime", destaca este magistrado. "Hablamos de incompetencia del legislador, y de algo todavía más grave, falta de responsabilidad. Se avisó con anterioridad y no se quiso hacer nada. Los mismos que aprobaron la ley fueron advertidos de que esto podía pasar, pero los impulsores de la ley no hicieron caso". "Es sabido que cualquier poder sin responsabilidad es pura tiranía", dice.

En la misma línea, otra persona, en este caso una magistrada, reclama que respondan sin excusas ni tapujos "frente a las víctimas de los delitos y frente a toda la sociedad, que es para quienes legislan". "Que asuman su responsabilidad", dice. Otros recuerdan que ahora parece haberse abandonado, desde el ministerio y su entorno, un argumento que sí sería razonable: esta reforma ha querido ser menos punitiva y atemperar penas para centrarse en la prevención. Así lo defendía hace meses la propia Montero. "Llegado el momento de dar la cara, de pronto lo han olvidado", remachan.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial dio voz este miércoles al malestar con un comunicado. Cargó contra la ministra y otros responsables políticos de Podemos por sus "intolerables ataques" contra los jueces. El órgano volvía a recordar que las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la ley se deben a la aplicación de la norma más favorable al reo, principio que constituye un puntal básico del derecho penal y se blinda en la Constitución.

En defensa de esos principios y en estricta aplicación de la ley, este jueves continuarán las resoluciones a la baja.

De Galicia a Murcia, pasando por Valencia y Castilla y León. Tribunales de toda España continuaron dictando a lo largo de las últimas 24 horas resoluciones en las que aplican reducciones de condenas por delitos sexuales como efecto de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Mientras comienzan las primeras excarcelaciones, Podemos coloca en la diana la judicatura, a la que acusa, sin tapujos, de prevaricar en masa. La ministra Irene Montero, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Vicky Rosell, y otros cargos vinculados al partido achacan estas rebajas a una especie de confabulación general de los jueces de todo el país, concertados para interpretar mal la ley a sabiendas.

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