El reparto fallido del CGPJ ensancha la brecha entre Podemos y Yolanda Díaz

Podemos pasó de censurar el veto del PP a Victoria Rosell como su candidata al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a presionar al PSOE por su tibieza y, finalmente, apuntar directamente a Yolanda Díaz. Se acabó trasladando que la vicepresidenta segunda puede acabar "cediendo" en la negociación e ignorar lo que para los morados era una línea roja, antes de que Alberto Núñez Feijóo suspendiese las conversaciones. El nombre de la que fue diputada de la formación y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género no era negociable para el espacio liderado por las ministras Ione Belarra e Irene Montero. Esta última ya avanzó que defenderían su candidatura "hasta las últimas consecuencias".

En el entorno de la vicepresidenta segunda, sin embargo, reconocieron que se había propuesto su nombre desde el espacio, como el de otros candidatos afines, pero aduciendo que la lista definitiva dependería de las "cláusulas" del acuerdo, en referencia a los criterios de idoneidad de los futuribles para el órgano de gobierno de los jueces para despolitizarlo lo máximo posible. La prioridad era que hubiese consenso y que se pudiese cerrar un pacto para desbloquear la renovación tanto del CGPJ, tras cuatro años con el mandato caducado, como del Tribunal Constitucional (TC). Acabar con lo que consideran un "secuestro" de estas instituciones es lo fundamental, según insisten estas mismas fuentes, para desprenderse de las presiones y el fuego amigo.

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Tanto es así que ante el ruido generado durante las últimas horas desde Podemos, fuentes cercanas a Díaz afearon que "hay cuestiones, como con la reforma laboral, con las que no se juega". Finalmente, todo embarró, pero dejando como estela un recrudecimiento de la batalla entre Podemos y Díaz, con IU y los comunes de aliados.

Se daba a entender que la insistencia en promover a Rosell, quien no cumpliría el requisito de estar desvinculada de cargos políticos en los cinco años anteriores a su nombramiento, era un pulso que enturbiaba las negociaciones. La referencia a la reforma laboral, que inauguró las batallas entre Podemos y Díaz, tampoco es baladí. La negativa de Pablo Iglesias a defender públicamente el que era el proyecto estrella de la vicepresidenta avivó las críticas internas del ala más izquierdista. Ahora, el exvicepresidente se ha posicionado claramente en contra de ceder con el nombre de Rosell, poniendo en el disparadero a su sucesora en el Gobierno.

El encargado de encabezar las negociaciones por parte del socio minoritario, mandatado por Díaz, es Enrique Santiago. El también secretario general del PCE, que fue cesado por Ione Belarra de la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 el pasado mes de julio, pedía este jueves "no caer en provocaciones" para salvaguardar el consenso. “Lo importante es que no pase lo que ya pasó hace un año, que se frustró un acuerdo de renovación del Consejo por las trampas del PP, porque de esa renovación depende desbloquear el Tribunal Constitucional, del que dependen cosas tan importantes como garantizar el derecho al aborto, que la reforma laboral continúe adelante o la ley de eutanasia”, recordaba en los pasillos del Congreso durante el debate de los presupuestos.

Yolanda Díaz era quien tenía la última palabra para ratificar o no el pacto para renovar el órgano de poder de los jueces. De ahí que las amenazas de Podemos de oponerse a un acuerdo que no incluyese a su candidata serían inocuas para la renovación. Eso sí, generarían una brecha de difícil sutura dentro del grupo parlamentario. Fuentes moradas en el Congreso no descartaban la división, rompiendo la disciplina interna, durante la votación de los candidatos. Esto ya ocurrió hace ahora un año en la votación para la renovación del Tribunal Constitucional pactada entre el Gobierno y los populares.

Detrás de esta batalla interna, una más de las que mantienen Podemos y Yolanda Díaz, se vislumbra un pulso por las cuotas. Al socio minoritario le corresponden dos candidatos. Podemos podría quedarse sin promover a ninguno, a pesar de ser la principal fuerza de la coalición. Según las propuestas que se manejaron, uno sería promovido por Díaz e IU, y el segundo por los comunes, la confluencia catalana liderada por Ada Colau, que está en plena sintonía con la plataforma Sumar de la vicepresidenta segunda, al contrario que Podemos. Los favoritos eran, respectivamente, el exletrado del TC y profesor de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, y el magistrado de Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Hugo Preciado.

Fuego amigo

Fuentes del socio minoritario del Gobierno conocedoras de las negociaciones explican que los nombres han ido variando a lo largo de las conversaciones, con candidatos que "entran y salen", pero que todavía no estaba decidido quién ocuparía su cuota. Todo dependía del acuerdo global. Lo que sí estaba claro era que Rosell no sería irrenunciable si hacía peligrar el pacto. Este era el temor de los morados, que ayer, antes de suspenderse las negociaciones entre PP y PSOE, intensificaron la presión con una campaña en redes sociales. Unas posiciones que, a la larga, también servirían para justificar la ruptura de la disciplina de voto cuando el Congreso tuviera que ratificar lo suscrito si finalmente se alcanzaba un acuerdo.

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El exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, era el primero en disparar desde su pódcast. Según Iglesias, es evidente que "el PSOE no la va a defender [a Rosell]". A partir de ahí, señalaba que "lo preocupante es que la izquierda pudiera llegar a ceder a la presión política del PP y el PSOE y a la presión mediática de la derecha para eliminar a Rosell".

Otros dirigentes del partido se sumaban a estos posiciones a través de las redes sociales. Sin mencionar directamente a Díaz, se defendía desde que "es indigno el veto y sería incomprensible aceptarlo", según la coportavoz Isa Serra, hasta que "es una vergüenza lo que estamos viendo con la negociación del CGPJ" porque "parece que el único interés es el de llegar a un acuerdo que vete a Victoria Rosell", como arremetió Noemí Santana, secretaria general del partido en Canarias y consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario.