Sánchez enmendará la ley de vivienda para aplicar los límites al alquiler en precampaña

El Gobierno acelerará las negociaciones de la ley de vivienda durante las primeras semanas del año para poder aprobarla en el mes de febrero. La intención es modificar el texto salido del Consejo de Ministros a través de una enmienda que reduzca a seis meses el plazo desde su aprobación para aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 que constan en el texto como vacatio legis, según confirman fuentes del Ejecutivo. De este modo, se arrancaría el curso político en septiembre, ya en plena precampaña de las elecciones generales, estando en vigor la medida estrella de la norma. La regulación del precio de los alquileres será opcional para las comunidades autónomas, al igual que la subida del IBI en las viviendas vacías para los ayuntamientos.

A escasos tres meses de las elecciones, si finalmente la legislatura llega a su fin como pretende la Moncloa y se cumple el calendario legislativo previsto, la presión para las administraciones autonómicas reacias a aplicarla será mayor. La reducción del margen temporal para la definición de las zonas consideradas tensionadas donde se aplicaría la regulación —cuyas condiciones vienen ya marcadas en la ley— y, sobre todo, del índice de precios desde que se apruebe definitivamente la ley en el Congreso, también obligará a las administraciones a acelerar estos trabajos. Tanto es así, que fuentes directas de las negociaciones plantearon la necesidad de adelantar la elaboración de los denominados índices de referencia para ganar tiempo, aunque la norma no esté aprobada.

TE PUEDE INTERESAR

La ley de vivienda se abre paso con los límites al alquiler para todos los propietarios

Iván Gil

Desde el Ministerio de Transporte se ve cerca el acuerdo y los socios admiten avances, aun señalando aspectos pendientes de desbloquear. La reducción de la vacatio legis ha sido uno de los aspectos sobre los que más ha presionado el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, junto a la limitación del precio de los alquileres para todos los propietarios, en lo que todavía no hay un acuerdo cerrado. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Ione Belarra, llegaron incluso a reclamar directamente la "eliminación de la vacatio legis de 18 meses para aplicar la regulación establecida en el apartado 7 del artículo 17, de manera que la aprobación y aplicación de dicha regulación, así como del sistema de índices de precios de referencia, sean inmediatas con la entrada en vigor de la ley".

Acabar de definir el control de precios y las obligaciones para los grandes propietarios son los aspectos que todavía están sobre la mesa, según recuerdan fuentes moradas del Ejecutivo. Otras cuestiones que reclamaban los socios para desbloquear la norma, como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables, también están avanzadas.

Al contrario que otras leyes pendientes de desbloqueo, como la reforma de la ley mordaza, los socios parlamentarios coinciden en reconocer que con la ley de vivienda se están produciendo avances, con reuniones periódicas que se intensificarán tras el parón navideño. Los socios del Gobierno ya pactaron en el marco de los presupuestos de 2021 que la norma se aprobaría en febrero del siguiente año para que un mes después comenzase su tramitación parlamentaria. Sin embargo, no fue hasta un año después cuando la ley fue aprobada definitivamente en el Consejo de Ministros. Entonces, se acordó su tramitación parlamentaria por procedimiento de urgencia, pero tras admitirse a trámite quedó varada en la Comisión de Transportes.

El cambio obligaría a las administraciones a acelerar los trabajos para la elaboración de los índices de referencia

La intención es habilitar el mes de enero, que está fuera del periodo de sesiones, para reunir a la comisión y avanzar en un acuerdo que se buscaría llevar a pleno para su aprobación "lo antes posible", sin ni siquiera descartar finales de enero. Con todo, febrero sería lo más normal, según reconocen desde los grupos negociadores.

Desde formaciones como ERC, cuyos votos son cruciales para sacar la norma adelante, son cautos con los plazos e incluso con el acuerdo. Al igual que desde EH Bildu, formación que también mantiene con los republicanos líneas rojas para desbloquear la reforma de la ley mordaza. En este caso, fuentes de ERC señalan que no aceptarán ningún acuerdo que "esté por debajo de los estándares de la ley catalana". Buscan así dar cobertura a una norma recurrida ante el Constitucional. Fuentes socialistas señalan que no será posible una cobertura total.

Presión competencial de ERC

El Ejecutivo ya recurrió el pasado mes de diciembre la ley antidesahucios, aunque solo sobre un apartado de un artículo (el apartado 1.C del artículo 12). El recurso se basa en una discrepancia sobre a quién le corresponde regular y el Estado defiende que tiene la competencia exclusiva en materia procesal, como recoge la Constitución en su artículo 149. En esta línea, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, remarcó en una entrevista con este diario que las líneas rojas para el acuerdo que saque adelante la ley vienen determinadas "por temas de legalidad y constitucionalidad", además del "respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de protección al derecho a la propiedad".

Los republicanos batallan asimismo por una enmienda para que sean "las administraciones competentes en materia de vivienda" las que "definirán la función social de esta, con arreglo a los preceptos constitucionales que la amparan, pudiendo limitar, de acuerdo con ella, algunos derechos de la facultad dominical, respetando en todo caso los elementos básicos de este derecho". De hecho, ERC ya arrancó un "compromiso por escrito" para que se respeten las competencias autonómicas en la norma, a través de enmiendas, a cambio de su apoyo a la admisión a trámite del proyecto.

Este nuevo artículo en la futura ley se justifica por los republicanos al considerarlo "imprescindible en el desarrollo de las competencias estatales, ya que gran parte de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la legislación de las CCAA encuentran su fundamento en la falta de competencia autonómica para afectar, definir, modificar o limitar el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda". Esto es, para determinar las afectaciones que puedan realizarse en la definición de la función social "adaptada a su territorio, realidad y competencias por parte de las CCAA".