Sánchez impulsa una batería de leyes sociales antes de las elecciones para soterrar la sedición

El Gobierno ha reservado un paquete de leyes sociales para encarrilar la larga campaña electoral enarbolando la bandera del "interés general" y la "protección de la mayoría social". Con los Presupuestos de 2023 aprobados para poner en valor la garantía de "estabilidad" en un contexto de dificultades políticas y económicas por la guerra de Ucrania, ahora se pone el foco en desbloquear una serie de normas en el Congreso, como la de vivienda para regular los alquileres, la reforma de la ley mordaza, la de bienestar animal o la trans. Desde el Consejo de Ministros se aprobará este martes, en primera vuelta, el texto de familias para ampliar la renta crianza de 100 euros y el siguiente gran hito con el que se pretende recuperar el pulso de cara a las elecciones será un nuevo decreto anticrisis. Banderas sociales y una inédita movilización de recursos públicos para poner rumbo a las urnas.

Tras la aprobación de las cuentas, "las piezas empezarán a moverse", explicaban desde el grupo parlamentario socialista en referencia a este paquete legislativo. A ello se sumará la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de final de año. Moncloa busca reforzar el perfil social para reconectar con sus bases y revertir desde este costado el trasvase de electores al PP que reflejan las encuestas y que ha puesto en alerta a los barones, reacios a empotrarse con la estrategia de alianzas del Ejecutivo. Sánchez lo apuesta todo al rescate ciudadano con gasto público y a "consolidar derechos y libertades" como banderín de enganche para buscar su reelección.

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Con ello no solo se impulsaría la campaña para las municipales y autonómicas de mayo, una suerte de primera vuelta para las generales de final de año, sino que se contribuiría a diluir el efecto de la polémica reforma del delito de sedición. La voluntad pasa por acelerar las negociaciones de las leyes atascadas, coincidiendo con una modificación del Código Penal que la oposición trata de retratar por sus supuestos costes electorales para el PSOE.

En el Gobierno justifican este manejo de los tiempos respondiendo que se trata de los ritmos del poder legislativo y que las negociaciones de las leyes pendientes nunca ha estado paralizada. La intención es apurar las conversaciones para que en los próximos tres plenos de lo que queda de año se aprueben leyes de contenido social, abriendo la puerta a habilitar plenos en el mes de enero para las que queden pendientes y convalidar el decreto anticrisis. A partir de entonces, la acción legislativa se vería reducida al mínimo al quedar atravesada por el ciclo electoral.

Los socios de Pedro Sánchez en el Congreso son más reticentes a la hora de reconocer avances, pero los socialistas se muestran optimistas y concluyen que ahora es el momento de cerrar los acuerdos pendientes. Una de las normas en las que ha habido más tensiones es la de vivienda, tanto entre los socios de Gobierno como con los aliados parlamentarios. Desde el ministerio de Transporte que dirige Raquel Rodríguez apuntan a que "se está avanzando" y confían en que la ley para limitar el precio de los alquileres pueda salir adelante antes de finalizar el año o principios del próximo.

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El acuerdo con ERC para los Presupuestos, con el pacto paralelo de la mesa de diálogo sobre la "desjudicialización" del procés, ha permitido acercar posturas en materia de vivienda con una rebaja de las expectativas de máximos por parte de los republicanos. Las pretensiones de ERC se centran en que la futura norma ofrezca cobertura a la ley catalana de vivienda, recurrida ante el Constitucional por el PP. Gran parte de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos encuentran su fundamento en la falta de competencia autonómica para afectar, definir, modificar o limitar el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda. El otro punto caliente tiene que ver con la cobertura a la ley de urbanismo barcelonesa que obliga a los promotores de destinar a vivienda social un 30% de los pisos de sus nuevas promociones.

Si el PSOE logra acercar posturas con los socios parlamentarios, cuya entente sale reforzada con los Presupuestos, Unidas Podemos perdería capacidad de presión para mantener sus líneas rojas. Entre las diferencias que estaban paralizando su desarrollado destaca la exigencia de los morados de una regulación integral de los precios de los alquileres de todas las viviendas en las zonas tensionadas, afectando así tanto a los grandes tenedores —con diez o más inmuebles en propiedad— como a los pequeños. En materia de desahucios, Unidas Podemos exige enmendar la norma para prohibirlos de forma definitiva en el caso de las personas vulnerables sin alternativa habitacional.

A la espera de un acuerdo, el Ministerio de Transportes ya ha movido ficha para reducir de 18 meses a seis la moratoria a la regulación de alquileres una vez aprobada la norma. De este modo se blindaría su aplicación antes de que acabase la legislatura, siempre y cuando la ley logre aprobarse en el Congreso en las próximas semanas.

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En la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, también se están produciendo avances. Así lo constatan desde el PNV, impulsor de la propuesta. ERC incluyó esta reforma dentro de la carpeta "antirrepresiva", junto al delito de sedición, con la vista puesta en aligerar las sanciones relativas a "desobediencia y desacato a la autoridad". Otra de las demandas de los socios pasa por limitar el uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios.

Los dos grupos que sostienen al Gobierno ya pactaron flexibilizar el régimen sancionador. Aun sin realizar ninguna referencia a la desobediencia, socialistas y morados acordaron "reducir las multas que son excesivas y, en todo caso, aplicar siempre criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado". Se avanzó asimismo en modificar los artículos referentes al derecho de reunión para que la ausencia de comunicación previa de una manifestación no impida el ejercicio de este derecho, siempre que sea de forma pacífica.

Lo que sí deberá estar listo antes de final de año es la negociación para la prórroga del decreto anticrisis, pues el actual está en vigor hasta el 31 de diciembre. En el marco de los Presupuestos, el Gobierno ya acordó con EH Bildu extender durante un año más dos de las medidas incluidas: el tope a la subida de los alquileres, fijado en un 2%, y el alza de un 15% para las pensiones no contributivas. Desde el PNV están presionando para que se prorroguen en los mismos términos las ayudas al transporte público. El próximo decreto anticrisis, que en el presente ejercicio ha movilizado 35.000 millones, es para el Gobierno la principal carta de presentación electoral.

En las mismas fechas está previsto aprobar la subida del SMI

Dentro del propio Gobierno hay discusión sobre qué medidas deben seguir la pauta general de hacerlas más selectivas, por sectores más afectados o enfocándolas a los vulnerables. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya se abrió a la posibilidad de que algunas de las iniciativas del plan anticrisis generalizables a toda la población, como la bonificación de 20 céntimos del litro de gasolina, se convirtiesen en sectoriales.

En las mismas fechas está previsto aprobar la subida del SMI, aunque con diferencias entre Economía y Trabajo sobre si se debe o no vincular a la inflación. El objetivo del ala más ortodoxa del Ejecutivo es actuar conforme al compromiso de investidura de situar el SMI al final de la legislatura en el 60% del salario medio. Se trataría de una horquilla de entre 1.012 y 1.049 euros, mientras que los morados coinciden con los sindicatos en elevarlo a 1.100 euros, lo que supondría una subida del 10%. Pese a las diferencias y a la espera de definir la subida para el próximo año, el Gobierno pone en valor el cumplimiento de este compromiso de legislatura y que desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo se ha incrementado en aproximadamente un 35%. "Proteger a las familias, las empresas y la industria" es el mantra que viene repitiendo el Gobierno y que busca intensificar dirigiéndose a "las familias más vulnerables y extendiéndolas a la clase media y trabajadora".