Inversiones, autogobierno y pactos paralelos a los PGE: las cesiones de Sánchez a los socios

La negociación de los terceros presupuestos de la legislatura ha sido la más liviana de las que lleva el Gobierno de coalición. Sin estar exenta de tensiones, los acuerdos han ido cocinándose a fuego lento desde meses atrás, contribuyendo de este modo a alejar el ruido y los ultimátums de los socios. El compromiso con ERC sobre la "desjudicialización" del procés se cerró en una reunión de la mesa de diálogo el pasado mes de julio. Desde entonces, se trabajó con discreción entre el Ejecutivo y la Generalitat, hasta acordar su materialización con un cambio del delito de sedición por el que fueron juzgados los dirigentes independentistas. Ambos se comprometieron a desvincular este asunto de las cuentas y armonizar sus argumentos para la reforma, lo que contribuyó a evitar que se radiasen públicamente las discusiones.

Las conversaciones para la renovación del cupo vasco también vienen de atrás. El PNV sí vinculó el acuerdo a su apoyo a los presupuestos, aunque solo una vez encarrilado. El portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, lo avanzó antes de que finalizase el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad. La ley quinquenal se renovó posteriormente en la Comisión Mixta con la misma metodología de cálculo, aunque con la novedad de que el Ejecutivo no repercutirá el agujero de gasto de las pensiones sobre Euskadi y Navarra. La aportación de unos 38.000 millones de euros en los presupuestos de 2023 no ha tenido reflejo en el saldo final del cupo actualizado.

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Si los nacionalistas vascos han justificado su apoyo a los presupuestos desgranando los acuerdos con el Ejecutivo, como el resto de socios, los republicanos no han publicitado grandes acuerdos, más allá de inversiones, avances genéricos para paliar la situación de "emergencia social" y "establecer mecanismos de cumplimiento de las inversiones presupuestadas en Cataluña". Al contrario que en las negociaciones de las cuentas públicas de 2021 y 2022, desde ERC se limitaron a argumentar su rechazo a no presentar enmienda a la totalidad "para dar margen a las negociaciones". No se ha hecho referencia a otras cuestiones de índole social en las que habían puesto el foco, como el desbloqueo de la ley de vivienda o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

Una posición bien distinta a la publicitada por EH Bildu. Los abertzales han priorizado en sus acuerdos cuestiones de marcada índole social y de autogobierno. Las mismas premisas que viene siguiendo desde su apoyo a la investidura. En las actuales cuentas se pactó la prolongación de medidas para suspender los desahucios o aplazar el pago del alquiler a personas vulnerables, mientras que, de cara a las del próximo año, acordaron con el Gobierno mantener durante todo 2023 el tope a la subida de los alquileres y el alza de un 15% para las pensiones no contributivas.

Una renovada estrategia de normalización institucional, anteponiendo el pragmatismo como única vía para intentar disputar la hegemonía al PNV en Euskadi. Estrategia que solo quedó empañada con difusión de las declaraciones de su líder, Arnaldo Otegi, ante un grupo de militantes de Eibar (Gipuzkoa), vinculando su apoyo a las cuentas estatales del pasado año a una posible excarcelación de los reclusos de ETA. "Tenemos 200 presos. Y tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, los votaremos sin ningún problema. Así de alto y claro os lo decimos", se expresó para posteriormente negar dicho intercambio.

En su particular batalla con el PNV para mostrarse útiles en Madrid arrancando acuerdos al Ejecutivo, EH Bildu también se ha anotado un tanto al arrancar el compromiso de transferir las competencias de Tráfico para Navarra antes del próximo 31 de marzo. Este traspaso había sido negociado por el PNV, pero EH Bildu ha logrado capitalizarlo en parte al pactar con el Gobierno el plazo máximo para materializarlo.

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Al margen de su competencia electoral con el PNV, a seis meses de medirse en las elecciones municipales, EH Bildu lleva toda la legislatura poniendo uno de sus focos en Navarra. Un territorio en el que buscan crecer electoralmente. En las negociaciones para los presupuestos del pasado año, los abertzales arrancaron un acuerdo al Gobierno para asegurar la emisión de ETB3, el canal público de la televisión vasca con contenido infantil en euskera, en toda Navarra, más allá del territorio vascófono.

Los nacionalistas vascos, por su parte, han hecho hincapié en acuerdos en inversiones para su territorio que elevan a un total de 72 millones de euros para Euskadi y Navarra. Desde Compromís han cifrado en 62,8 millones el acuerdo arrancado al Gobierno, entre inversiones en el territorio valenciano y transferencias directas. Principalmente, para el servicio de cercanía, carreteras, transporte metropolitano, contenedores culturales, bandas de música y recuperación de espacios para la ciudadanía.

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Los presupuestos han salido adelante con una holgada mayoría de 187 votos a favor, garantizando a Sánchez estabilidad política y presupuestaria para llegar al final de la legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado la "victoria del entendimiento entre dispares" y coincidido con algunos de sus socios en reivindicar que la "política útil que es más necesaria que nunca". En una línea similar había argumentado su apoyo a los presupuestos el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al incidir en que "queremos militar en la utilidad".

La búsqueda de la estabilidad es uno de los principales mensajes que vienen lanzándose desde el Ejecutivo para justificar sus alianzas, asentadas en un bloque de legislatura. Se trata de un valor al alza en un contexto de incertidumbre, marcado por las consecuencias económicas de la guerra y antes la pandemia, y el Gobierno hace buena gala de ello para combatir el desgaste electoral que suponen sus acuerdos con el independentismo. "A pesar de todo el ruido, se han aprobado los terceros presupuestos, algo que no ocurría desde hacía muchos años", defendía Sánchez ante los medios tras la aprobación de las cuentas públicas. Desde las elecciones generales de diciembre de 2015, no se había completado ninguna legislatura y los presupuestos generales del Estado de 2018 tuvieron una prórroga de tres ejercicios.