Bruselas aprueba los presupuestos españoles, pero advierte ante una prórroga de medidas anticrisis

La Comisión Europea da el aprobado a los presupuestos generales del Estado de España, aunque apunta a que las previsiones de crecimiento sobre las que se sustentan las cuentas son bastante más optimistas que las que maneja el Ejecutivo comunitario. Bruselas considera así que el presupuesto, “ligeramente contractivo”, cumple con las recomendaciones para los Estados miembros con un alto nivel de deuda pública. Además, fuentes comunitarias advierten sobre el aumento de gasto corriente que puede provocar la prórroga de medidas anticrisis y piden que se diseñen mejor para que sean menos generales y más ajustados a los más vulnerables.

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“El Proyecto de Plan Presupuestario para España se ajusta a las orientaciones presupuestarias” establecidas por el Consejo, señala el documento de la Comisión Europea. Bruselas avisa de que “las perspectivas de las finanzas públicas siguen sujetas a la gran incertidumbre que rodea a las proyecciones macroeconómicas, incluidos los riesgos macroeconómicos relacionados con la invasión rusa de Ucrania, las subidas de los precios de la energía y las continuas perturbaciones en la cadena de suministro”. “En 2023, en base a las previsiones de la Comisión e incluyendo la información incorporada en el Proyecto de Plan Presupuestario, se prevé que el crecimiento del gasto corriente se sitúe por debajo del crecimiento del producto potencial a medio plazo”, subraya el análisis del Ejecutivo comunitario, que concluye que las cuentas cumplen con las exigencias marcadas.

Sin embargo, la Comisión Europea recuerda que las previsiones sobre las que se construyen las cuentas españolas son más optimistas que las que han realizado sus técnicos. “En general, los supuestos macroeconómicos que sustentan el Proyecto de Plan Presupuestario son plausibles en 2022 y marcadamente favorables en 2023”, señala el documento. Aunque sus previsiones y las del Gobierno son similares para el actual curso, las del Ejecutivo español se sitúan más de un punto por encima de las de los técnicos comunitarios para el 2023, proyectando una expansión de la economía española del 2,1% del PIB frente al 1% que espera Bruselas.

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El Ejecutivo comunitario también utiliza el Informe del Mecanismo de Alerta para advertir de los males crónicos a los que se enfrenta España. Advierte de que se enfrenta a un “alto riesgo de sostenibilidad fiscal” a medio plazo y señala directamente al coste del sistema de pensiones, al subrayar que ese riesgo es “en parte debido a los costos relacionados con el envejecimiento de la población”.

Medidas energéticas

Respecto al déficit público, la Comisión Europea señala que “se ve afectado por las medidas adoptadas para contrarrestar el impacto económico y social de las subidas excepcionales de los precios de la energía, que se agudizaron a lo largo del verano”. El impacto sobre las cuentas ha sido del 1,6% del PIB en 2022, pero espera que se reduzca hasta el 0,2% en 2023. En el caso español, como en el de muchos otros países, las medidas adoptadas ante la crisis energética expiran el año que viene, pero la gran duda de los técnicos comunitarios es hasta qué punto las capitales van a dejar que expiren o van a prorrogarlas.

“¿Realmente expirarán?”, se pregunta una fuente comunitaria respecto a la situación general de la Unión. “Lo que vemos es que el coste total de estas medidas (en caso de que se prorrogaran el año que viene) podría ser muy superior al 0,9% del PIB que actualmente prevemos (a nivel de la UE), cercano al 2%”, añade la fuente, que por eso pide que estas medidas se diseñen con cuidado y no sean generales. Precisamente una de las críticas de Bruselas a España es que “la mayoría de las medidas no parecen estar dirigidas a hogares o empresas vulnerables, y no preservan completamente la señal del precio para reducir la demanda de energía y aumentar la eficiencia energética”, señala el análisis del Ejecutivo comunitario. “Es importante que los Estados miembros centren mejor dichas medidas en los hogares más vulnerables y las empresas expuestas”, insiste la Comisión Europea.