El Gobierno aprueba unos presupuestos con gasto social récord y la inflación disparada

El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida este martes a los presupuestos para 2023, que marcan un nuevo récord en gasto social, 266.719 millones de euros, si bien un 70% de esa partida la absorberán las pensiones, contributivas y no contributivas, que subirán en torno a un 8,5%, según las estimaciones del Ejecutivo, en línea con el IPC interanual. Estas cuentas llegan en un contexto geopolíticamente crítico, con Rusia exhibiendo su arsenal nuclear en plena guerra contra Ucrania, y económicamente convulso, con la inflación por encima del 9%, la economía ralentizándose y los bancos centrales de todo el mundo endureciendo su política monetaria para tratar de enfriar los precios.

Entre los grandes anuncios, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, celebraba que las cuentas públicas incluirán una partida de 660 millones de euros para mantener los abonos gratuitos para trenes de Cercanías y Media Distancia en 2023, una medida que estudian hacer "estructural"; que destinarán 2.957 millones de euros a la hucha de las pensiones —que lleva 13 años sin recibir ingresos—, o que las transferencias a las comunidades autónomas se incrementarán un 24% con respecto al 2022, hasta alcanzar los 135.274 millones. De paso, trataba de normalizar el aumento de un 25,8% en el gasto en defensa, un 'sapo' difícil de tragar para Unidas Podemos, que se esforzaba por vender las medidas que ha logrado incluir en las cuentas públicas.

A este mal trago se suma que no hayan logrado pactar con el PSOE para impulsar la reforma de la ley mordaza y la ley de vivienda, un asunto en el que están particularmente alejados, y que ya genera un importante malestar en Unidas Podemos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordaba que esta norma ya fue el "cierre" de la negociación de las anteriores cuentas, que el PSOE "cumplió" al llevarla al Congreso de los Diputados tal como se pactó en la coalición, para que después el socio minoritario propusiese cambios. "Era una magnífica ley de vivienda la que se registró, y ojalá muy pronto pueda ver la luz", afirmaba. Unidas Podemos ha logrado luz verde a algunas de sus propuestas de corte más social tras una negociación agónica hasta la madrugada del lunes, pero ha tenido que renunciar al que, junto con el impuesto a las grandes fortunas ya aceptado por su socio, es su caballo de batalla.

Montero ha presentado en rueda de prensa las nuevas cuentas públicas, tras su aprobación en Consejo de Ministros, que incluyen una previsión de gasto de 455.978 millones de euros, un 7,6% más que los 423.836 millones del presupuesto de 2022, excluyendo los fondos europeos. El nivel de gasto, incluyendo estos últimos, alcanzará los 485.986 millones, pero esto estaría sujeto a su ejecución efectiva.

La previsión de recaudación, tributaria y no tributaria, es de 307.445 millones de euros, un 6% más que los 290.023 millones que anticipa el avance de la liquidación de 2022 y que es bastante superior a la presupuestada en octubre del año pasado, gracias en buena parte a los ingresos extra derivados de la inflación. Con todo, la previsión del Gobierno es que el déficit público se reduzca del 5% en 2022 al 3,3% en 2023. Sin embargo, el coste de los intereses de la deuda crecerá en 1.100 millones, hasta 31.275 millones de euros.

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Entre las partidas concretas, Montero presumía de un aumento del 6,7% para Sanidad, con 500 millones para salud mental e infraestructuras de este ámbito, y 173 millones para la atención primaria. A esto se unía un incremento de 152% en materia de Dependencia, de 620 millones —Unidas Podemos reclamaba elevarlo hasta los 800 millones—; una partida de 400 millones de euros más para becas (con un aumento del 6,6% para el total del gasto en Educación), y con 200 millones de euros más para el bono joven de alquiler.

La inversión en I+D+i sube un 23%, hasta llegar a 16.328 millones. Y, en lo que toca a los fondos europeos, tres de cada cuatro euros del plan de recuperación de la UE se destinarán a impulsar un cambio del modelo productivo, lo que supone cerca de 30.000 millones, según el Gobierno.

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En esencia, Montero ha celebrado que las nuevas cuentas servirán para "acompañar a la sociedad española", aportando "certidumbre" y "estabilidad", además de para impulsar las "grandes transformaciones" que requiere el país. Según la ministra de Hacienda, también mandan un "mensaje sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía".

Junto a Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, exponía el cuadro macroeconómico que acompaña a las cuentas públicas. Este incluye, tal y como avanzó ayer en Bruselas, una revisión a la baja de seis décimas de las previsiones de crecimiento para 2023, hasta el 2,1%. Calviño también contempla un estancamiento del crecimiento del empleo, que pasará de incrementarse un 2,9% en 2022 a hacerlo solo el 0,6% el año que viene.

Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, destacaba la “satisfacción del Gobierno” al aprobar en Consejo de Ministros su tercer proyecto de Ley de Presupuestos, que “consolidan un país mejor” y le dotan de “estabilidad”. Son las cuentas públicas, decía, “que van a permitir los avances que nos habíamos marcado al inicio de la legislatura”, frente a los presagios de “los agoreros” que pusieron en duda que lograran aprobar siquiera una sola ley de presupuestos.

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Hoy, en la parte socialista del Ejecutivo, todo era celebración por un acuerdo alcanzado 'in extremis' a altas horas de la madrugada. Las cuentas, sin embargo, aún tienen por delante varias semanas de tramitación parlamentaria, con negociación de apoyos entre los grupos, aún en fase muy embrionaria, votación de enmiendas a la totalidad y parciales, y la votación de cada uno de los bloques de los presupuestos.

De hecho, con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, advirtiendo al Gobierno de que su apoyo “se suda”, y no pueden darlo por hecho, PP y PNV criticaban, en la misma línea, que el Ejecutivo celebre un acuerdo en el que solo participan las fuerzas que lo componen, un pacto “consigo mismo”. “No debería ser noticia que un Gobierno apruebe, en Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. La noticia sería, en todo caso, que consiga convertir ese proyecto en ley”, les espetaban desde el PNV. Mientras tanto, el PSOE vendía triunfalismo, y UP trataba de hacer lo propio, sin poder ocultar las enormes cesiones que han tenido que asumir.