Los PGE nacen "viciados": Sánchez 'vende' a la UE el plan energético, pero no lo presupuesta

Los presupuestos generales del Estado (PGE) nacen "viciados". Es una idea que ha repetido en varias ocasiones la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, durante los últimos días. La previsión de ingresos y gastos que hace el Gobierno en el proyecto de las cuentas públicas para el año que viene se quedó obsoleta en solo una semana, el tiempo que tardó el Ejecutivo en remitir a la Comisión Europea un plan presupuestario que presenta diferencias notables con el texto aprobado en el Consejo de Ministros.

Por primera vez en la historia, España envió a Bruselas dos escenarios posibles para la política fiscal: uno calcado a los PGE, en el que no se prorrogan las medidas para paliar la crisis energética, y un segundo en el que se aprovecha la mayor recaudación para extenderlas. La confusión generada por esta dicotomía dificulta la fiscalización de la AIReF, cuyo informe sobre las cuentas públicas para 2023 se ha convertido en una sucesión de supuestos que no arroja una respuesta clara a la pregunta fundamental: ¿qué impacto tendrán los presupuestos en la sostenibilidad de las finanzas del Estado?

* Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí.

La primera incongruencia que detecta la autoridad fiscal es que, en ambos escenarios, el Gobierno contempla un déficit calcado: del 5% en 2022 y del 3,9% en 2023. Esto es debido a que, aunque en el segundo supuesto los gastos serían mucho mayores, debido a la aprobación de nuevas medidas y a la prórroga de las existentes, los ingresos también, por lo que el resultado final es el mismo. Sin embargo, la AIReF observa "inconsistencias relevantes" en este diseño. Algunas son tan evidentes como el hecho de que ya se haya dado luz verde a nuevas ayudas desde la aprobación del proyecto presupuestario en el Consejo de Ministros, como la subvención de hasta el 50% de la factura del gas para los usuarios con calderas comunitarias o acogidos a la tarifa regulada (TUR), que tendrá un impacto de 3.000 millones de euros.

Ni las cuentas públicas ni el primero de los escenarios enviados a Bruselas contemplan esta medida, pero la autoridad fiscal se ha visto obligada a recogerla en sus estimaciones. Como resultado, "la comparabilidad entre ambos escenarios, las cifras presupuestarias y las previsiones de la AIReF es limitada, por la falta de homogeneidad en sus supuestos de partida", se lamenta el organismo en una nota de prensa.

La autoridad fiscal analiza un presupuesto que adolece de "falta de realismo", porque ya ha quedado superado por los acontecimientos

El Ejecutivo ha dejado entrever que el mes que viene extenderá la mayoría de las medidas del llamado escudo social, quizás enfocando algunas hacia los más vulnerables, como la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible. Pese a todo, la "falta de información" por el hecho de que el segundo escenario no detalle en qué consistirá el nuevo paquete —solo esboza la subvención al gas, la flexibilización de la contratación de energía y el aumento de la cuantía del bono social térmico— hace que la AIReF haya tomado como referencia el primero a la hora de hacer sus previsiones fiscales.

En román paladino: el organismo independiente encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas está valorando una sucesión de ingresos y gastos que adolece de "falta de realismo" —son palabras de la propia Herrero—, porque ya ha quedado superada por los acontecimientos. Una suerte de ejercicio ficticio en el cual la subvención de los trenes de cercanías, Rodalies y media distancia, que sí recogen los PGE, sería la única medida contra la crisis energética que tuviese un coste fiscal para las arcas públicas.

TE PUEDE INTERESAR

Aviso de AIReF: extender ayudas anticrisis arriesga el objetivo de déficit y habrá recesión técnica

Marcos Lema

La AIReF compara, por tanto, el primero de los escenarios que presenta el Gobierno —sin ninguna ayuda, ni siquiera la subvención al gas— con una estimación propia en la que no incluye la extensión de las medidas, pero sí las que se aprobaron en el penúltimo Consejo de Ministros. De ese cálculo surge un déficit del 4,6% para este año, cuatro décimas menos del que prevé el Ejecutivo y dos más de la cifra que dio la propia Herrero la semana pasada en el Congreso, al haberse incorporado posteriormente el impacto del último real decreto.

La gran duda surge para el año que viene, que es cuando entran en juego los escenarios. La AIReF, tomando siempre como referencia el primero de ellos, mantiene su previsión en el 3,3%, lo que supondría una importante reducción del desequilibrio de las cuentas públicas impulsada por la mayor recaudación, que se situaría en el 43,5% del PIB, medio punto por encima de este año. La cifra mejora seis décimas respecto a la que prevé el Gobierno, pero ahí está la trampa: mientras que el Ejecutivo estima un mismo déficit del 3,9% en ambos marcos enviados a Bruselas, la AIReF detecta una gran diferencia: "Los dos escenarios no son plenamente comparables, al recoger distintos supuestos sobre las medidas".

El impacto de llevar el escudo social hasta el 31 de diciembre de 2023 añadiría 1,1 puntos de déficit que el Gobierno no contempla

De momento, no deja de ser una aproximación —se desconoce qué ayudas se van a prolongar y cómo—, pero la autoridad fiscal eleva hasta el 4,4% el déficit de 2023 en caso de que se extienda el paquete actual. Es decir, medio punto más que el Ejecutivo. El impacto de llevar el escudo social hasta el 31 de diciembre de 2023 añadiría 1,1 puntos de déficit que el Gobierno no contempla, y Herrero advierte: "Ya no hay margen". Los gastos contribuirían con siete décimas, y el agujero se completaría con otras cuatro correspondientes a los ingresos, ya que desde el inicio de la crisis energética no solo se han aprobado subvenciones, sino importantes rebajas fiscales, como las del IVA de la luz o el gas desde el 21% hasta el 5%.

La diferencia entre el 3,3% y el 4,4% no solo resulta útil para saber si el Ejecutivo está haciendo unas previsiones realistas en su diseño de las cuentas públicas del año que viene, sino que tiene consecuencias en el medio y largo plazo, al dificultar el desarrollo de una senda de consolidación fiscal. La AIReF lleva reclamando desde el final del estado de alarma un plan creíble de reducción de la deuda pública, pese a la suspensión temporal de las reglas europeas. Pero ahora todos los cálculos quedan trastocados, especialmente ante la incertidumbre sobre la posibilidad de que las medidas acaben teniendo un carácter estructural que cronifique el déficit más allá de la coyuntura inflacionista. Es un mensaje que ya lanzó el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso, y que la autoridad fiscal reitera, sobre todo por el miedo a que una parte del aumento de los ingresos para la que aún no hay una explicación clara desaparezca de un día para otro, como ocurrió tras la burbuja inmobiliaria.

TE PUEDE INTERESAR

La tolerancia al gasto acabará algún día: por qué todos instan a Sánchez a prepararse

Marcos Lema Nacho Alarcón. Bruselas

En aquel momento, el déficit se disparó y España fue una de las más damnificadas por la crisis de la deuda europea. La situación actual, con un cambio histórico de la actitud de Bruselas durante la pandemia, es muy distinta, pero está previsto que las reglas fiscales se recuperen en 2024 y el panorama se antoja sombrío. La AIReF estima que el ritmo de reducción del déficit público se estanque a partir de 2023. El desfase de las cuentas incluso podría aumentar a partir de 2025, destaca el informe, ante la retirada de algunas medidas coyunturales de recaudación, como los impuestos extraordinarios a las energéticas, la banca o las grandes fortunas.

Como resultado, España no cumplirá el Pacto de Estabilidad europeo durante los próximos años, al no conseguir reducir el déficit por debajo del 3%, y mantendrá una deuda estable en el entorno del 110% del PIB, más de 10 puntos superior a la del inicio de la pandemia, en un contexto en que las subidas de los tipos de interés encarecen la financiación. Todo esto partiendo, siempre, del escenario optimista: un déficit del 3,3% para el año que viene y unas medidas que desaparecerían cuando nos tomemos las uvas, sin llegar a convertirse en estructurales.

Herrero confía en que Bruselas exija explicaciones al Gobierno sobre la falta de claridad en sus planes. Mientras tanto, a la AIReF no le queda otra opción que hacer las cuentas de la lechera para trazar el camino de cara a los próximos años. "Es muy difícil saber la senda si hay una serie de medidas con incidencia presupuestaria que no están contempladas en el escenario de 2023", concluyó la presidenta de la autoridad fiscal.