Aviso de AIReF: extender ayudas anticrisis arriesga el objetivo de déficit y habrá recesión técnica

España incumplirá las recomendaciones de la Comisión Europea si prorroga todas las medidas contra la crisis energética durante 2023. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha lanzado esta advertencia durante la presentación del informe para fiscalizar los presupuestos generales del Estado (PGE). El organismo ha avalado el cuadro macroeconómico que sustenta las cuentas públicas, pero, como ya hizo la semana pasada en el Congreso, Herrero ha sido muy dura con la "falta de realismo" que, a su juicio, caracteriza a las previsiones de ingresos y gastos, especialmente por el hecho de no haber incluido en el proyecto el esfuerzo fiscal que supondría la extensión del paquete energético para el año que viene. Además, la autoridad fiscal prevé una recesión técnica, con crecimientos negativos en el cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023, y recorta la previsión para el año que viene al 1,5%.

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La AIReF considera que España no podrá cumplir las recomendaciones de Bruselas si extiende durante un año más todas las medidas que ha aprobado durante los últimos meses para luchar contra la inflación. La Comisión Europea insta a que el incremento del gasto corriente de las administraciones públicas en 2023 no supere al crecimiento del PIB nominal a medio plazo. Siempre según la AIReF, el primero aumentaría un 6,5% en caso de que se prorrogue el paquete energético, mientras que el segundo se situaría en una horquilla de entre el 3,1% y el 5,1% (el Gobierno prevé un 4,6%), en función de cuál sea finalmente el deflactor del PIB, que depende de la inflación. Es importante recordar que estas directrices han sido aprobadas por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), pero no tienen carácter obligatorio ni implican sanciones en caso de incumplimiento, dado que las reglas fiscales permanecen suspendidas.

Bruselas permite eliminar de esa ecuación el impacto de las medidas siempre y cuando cumplan dos condiciones: focalización y vulnerabilidad. Es decir, que no sean indiscriminadas y se centren en los colectivos más afectados por la espiral inflacionista. Sobre este aspecto, el diagnóstico de la autoridad fiscal resulta ambiguo. Las relacionadas con los precios de la energía y el transporte no cumplen estos parámetros. De hecho, las rebajas fiscales a la luz y el gas tienen un impacto neutro, ya que afectan por igual a los diferentes niveles de renta, mientras que la ayuda a los combustibles es regresiva, al beneficiar más a las más altas. En cambio, otras políticas que dependen del nivel de renta del beneficiario, como el bono social para pagar la calefacción, sí cumplen los parámetros de Bruselas. En su conjunto, apunta el organismo, las rentas más altas se llevan una parte mayor del esfuerzo fiscal del Ejecutivo, pero en términos relativos se benefician más las más bajas. Sin embargo, Ignacio Fernández-Huertas, director de la división de Asuntos Presupuestarios, ha recordado que se fiscalizarán las medidas una por una.

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De momento, los paquetes anticrisis han dopado el déficit público, no solo por el aumento del gasto, sino por la reducción de los ingresos, debido a las rebajas fiscales. De hecho, la AIReF calcula una incidencia de 1,5 puntos en el desequilibrio de las cuentas públicas para este año, que el organismo sitúa en el 4,6%, cuatro décimas por debajo de las previsiones del Gobierno. En otras palabras: de no haberse aprobado los diferentes planes para paliar los efectos de la inflación, el déficit cerraría 2022 en el 3,1%, muy cerca de los objetivos del Pacto de Estabilidad europeo. Sin embargo, la autoridad fiscal prevé que estos no se alcancen ni siquiera a medio plazo.

El impacto de las medidas energéticas continuará el año que viene, como reconoce el Ejecutivo en el segundo de los dos escenarios del plan presupuestario que ha enviado a Bruselas, pese a que no aparece en el proyecto de los PGE. Herrero se ha vuelto a quejar de esta incongruencia: "Los presupuestos nacen viciados". La incidencia sobre el déficit sería de 1,1 puntos, debido no solo a la extensión de las ayudas que había hasta ahora, sino al hecho de que las aprobadas la semana pasada por el Ejecutivo —como los 3.000 millones para subvencionar el gas a los consumidores con caldera comunitaria y los acogidos a la tarifa de último recurso— ejercerán en 2023 la mayor parte de su impacto sobre el equilibrio de las cuentas públicas, que cerrarían con un saldo del -4,4%. En 2022, el último paquete de medidas 'solo' incrementará el déficit en dos décimas.

Los paquetes fiscales del Ejecutivo han permitido reducir la inflación media durante este año en 1,5 puntos

Según la autoridad fiscal, los programas fiscales del Ejecutivo han permitido reducir la inflación media durante este año en 1,5 puntos, mientras que el año que viene lo harán entre 1 y 1,5 puntos. Es mucho menos de lo previsto por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, o el propio Banco de España, que sitúan la rebaja en torno a los tres puntos. De hecho, la AIReF prevé que el índice de precios de consumo (IPC) se situará en el 3,9% en 2023, aunque la inflación subyacente, que elimina el efecto de la energía, seguirá por encima del 4%. Herrero ha recordado que todos los riesgos están al alza para los precios y a la baja para el crecimiento económico.

Recesión técnica

De hecho, la AIReF sitúa a la economía española en un escenario de recesión técnica, en el que el PIB permanecerá en terreno negativo durante dos trimestres consecutivos, el último de 2022 y el primero de 2023. Y es precisamente el efecto arrastre de esta caída, que la directora de la división de Análisis Económico, Esther Gordo, ha atribuido al difícil contexto europeo, el que determina el recorte del crecimiento para el año que viene, que se situará en el 1,5%. Es seis décimas menos de lo que estima el Ejecutivo, debido, principalmente, al menor dinamismo de la inversión y del sector exterior que augura el organismo presidido por Cristina Herrero.