El impuesto a las energéticas se aplicará a los ingresos de las grandes compañías

El nuevo impuesto temporal y extraordinario dirigido a las energéticas, que se presentará como proposición de ley junto al impuesto a las entidades financieras este jueves en el Congreso, se aplicará directamente a los ingresos de las grandes compañías del sector.

Según el diario 'El País', que cita fuentes conocedoras del diseño de este nuevo gravamen, el Gobierno ha elegido que el impuesto energético grave los ingresos de las grandes energéticas y ha descartado el modelo que está siguiendo el Ejecutivo italiano basado en el IVA, que tiene en cuenta el coste de los bienes y servicios utilizados para la producción para compararlo con otros periodos previos y así dar con el exceso de ingresos.

El nuevo impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

El Gobierno español ha decidido, por tanto, que el impuesto se aplique a los ingresos de las energéticas sin tener en cuenta sus ventas de años anteriores. Este tributo se aplicará solo a las empresas de gran tamaño que facturan más de 1.000 millones de euros anuales.

Dado que estas compañías, según cálculos elaborados por 'El País', ingresan en su conjunto más de 100.000 millones, el tipo del gravamen para recaudar unos 2.000 millones al año estaría por debajo del 2%.

Si se tiene en cuenta el umbral de los 1.000 millones de facturación, las empresas afectadas seguramente serán las petroleras Repsol y Cepsa, y las eléctricas o gasistas Iberdrola, Endesa y Naturgy. También estarán la británica BP, la portuguesa Galp, Acciona Energía y otras como la renovable Axpo o la de suministros de carburantes Disa. Otras, como EDP, la eléctrica portuguesa cuya cifra de negocios queda cerca de la frontera de los 1.000 millones de euros en los últimos ejercicios, estaría en cuestión.

La gestora del sistema gasista español, Enagás, y Red Eléctrica de España, ahora renombrada como Redeia, quedarían fuera del nuevo gravamen al ser negocios completamente regulados y sin beneficios caídos del cielo.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que las dos formaciones que conforman el Gobierno de coalición registrarán este jueves en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para la aprobación de los nuevos impuestos temporales y extraordinarios dirigidos a entidades financieras y empresas energéticas.

El Ejecutivo ya ha adelantado que la norma que los regulará incluirá la prohibición explícita de que estos nuevos gravámenes se repercutan en los precios finales que soportan los ciudadanos. Para ello, se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad.