Moncloa estudia prorrogar el escudo social en 2023 con medidas selectivas para vulnerables

A falta de casi dos meses y medio para que caduquen las medidas del plan anticrisis para dar respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, el Gobierno ya contempla la posibilidad de prorrogarlas hasta el final de la legislatura. A pesar del discurso optimista de Pedro Sánchez, con los brotes verdes que dibujó esta misma semana durante su cara a cara en el Senado con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se trabaja ya en el escenario de extender las actuaciones y no se descartan otras nuevas en función de la coyuntura. En el caso de las ya implementadas, no se trataría de una prórroga automática de los decretos, sino que se valora hacerlas más selectivas para enfocarlas a los sectores más vulnerables, según trasladan desde uno de los ministerios más implicados en su elaboración.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, reclamaba precisamente esta misma semana en la Comisión de Presupuestos medidas más selectivas y alertaba sobre los efectos en el déficit de convertir el incremento del gasto público en estructural. En esta línea, la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya se ha abierto a la posibilidad de que algunas de las iniciativas del plan anticrisis generalizables a toda la población, como la bonificación de 20 céntimos del litro de gasolina, se convirtiesen en sectoriales. Aunque Unidas Podemos apuesta por una política fiscal más expansiva, ya defendió que estas ayudas se realizasen en función de la renta. Desde Hacienda, se descartó por la complejidad técnica, pero no ha dejado de buscarse el encaje jurídico.

El conjunto de las medidas para combatir la crisis energética e inflacionaria derivada de la guerra supondrá en este ejercicio una movilización de hasta 35.000 millones, según lo cuantificado por el Gobierno. Más de dos puntos del PIB. El proyecto presupuestario para el próximo año contempla el escenario de mantener este gasto gracias al aumento de los ingresos previsto si persiste la elevada inflación. Se estima así tanto la ampliación del escudo social aprobado a mediados de año como el último paquete para limitar el impacto en las facturas de la escalada en los precios del gas. Este último movilizará alrededor de 3.000 millones de euros.

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El decreto del plan anticrisis que se valora prorrogar durante todo 2023 incluía otras medidas generalizables a toda la población, como las bonificaciones al transporte público, más allá de nuevas bajadas de impuestos en la factura de la luz. Se sumó la reducción del IVA del 10 al 5% a la ya vigente rebaja del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. También incorporó otras más selectivas como un cheque de 200 euros para hogares con un umbral de ingresos por debajo de los 14.000 euros (no compatible con el ingreso mínimo vital) y ayudas directas a diferentes sectores.

El decreto energético aprobado en el Consejo de Ministros de este martes ya ha caminado en buena medida por la senda que reclaman diferentes organismos económicos de orientarse a los más vulnerables. Por un lado, se crea una nueva categoría de consumidores vulnerables con derecho a un descuento del 40% en sus facturas, que además es de carácter temporal para hogares trabajadores con ingresos reducidos. Asimismo, refuerza el bono social eléctrico y el térmico. El primero, para los hogares que ya lo perciben —más de un millón—, aumentando el descuento aplicado hasta el 65% y el 80% a los beneficiarios considerados vulnerables y vulnerables severos, respectivamente. El térmico duplica su presupuesto hasta situar la ayuda media hasta los 375 euros por hogar y elevando la ayuda mínima a 40 euros. Más generalizables son las ayudas a las familias con caldera centralizada a través de una factura regulada.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica avanzan que de tener que implementarse nuevas medidas, la intención pasa por focalizarlas más a los sectores más castigados por la crisis. El impacto de estas se considera limitado mientras no se aborde en Bruselas una reforma en profundidad del mercado eléctrico, como viene reclamando España.

Sin consenso todavía ni concreción sobre el desacople del precio del gas a la electricidad o la extensión de la denominada solución ibérica, como se ha plasmado en la última comunicación de la Comisión Europea que guiará el debate de este jueves y viernes en el Consejo de Ministros, desde el Ejecutivo dicen contar con la baza del escudo social. En gran medida, explicaba Ribera esta semana, "está preparado para responder no solamente por lo que ocurra este invierno, y prorrogarlo todo el ejercicio presupuestario del año 2023".

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El Gobierno espera que la propuesta para la reforma del mercado eléctrico se plantee en los próximos meses, aunque asume la falta de propuestas concretas y un optimismo rebajado respecto a las palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el debate del estado de la Unión. Entonces afirmó que "tenemos que desligar la influencia dominante del gas sobre el precio de la electricidad, y para ello llevaremos a cabo una reforma profunda, integral, del mercado de la electricidad".

En el argumentario del Gobierno se destaca que el objetivo pasa por "proteger a las rentas de los trabajadores y de la clase media" para dirigirse a la "mayoría social", más que centrarse solo en los más vulnerables. "Es aquí donde el Gobierno está escalando medidas de respuesta en función de los diversos escenarios, en función también de los tiempos, reservando un amplio margen de actuación para actuar con toda la determinación ante cualquier escenario sobrevenido", trasladaba Sánchez durante su intervención del pasado martes en el Senado. Un escudo social, en contraposición a "las élites" y con un discurso endurecido frente a los "poderes económicos" con el que Sánchez busca poner rumbo electoral.