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Sánchez anuncia otra bajada del IVA de la luz del 10 al 5% para frenar su desgaste electoral
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EN EL DECRETO ANTICRISIS

Sánchez anuncia otra bajada del IVA de la luz del 10 al 5% para frenar su desgaste electoral

El impacto sobre las arcas públicas de la medida se calcula entre los 300 y 250 millones de euros, según matizan fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control en el Congreso este miércoles. (EFE/Emilio Naranjo)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la sesión de control en el Congreso este miércoles. (EFE/Emilio Naranjo)

El Ejecutivo aplicará una nueva bajada de impuestos en la factura de la luz. El IVA del precio de la luz, que actualmente se encuentra en el 10%, se reducirá hasta el 5% para intentar contener la escalada de precios cuando el tope al gas no está teniendo los efectos esperados. La medida fiscal se incorporará en el decreto anticrisis que el Gobierno prorrogará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno. El impacto sobre las arcas públicas de la medida se calcula entre los 300 y 250 millones de euros, según matizan fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La medida, reclamada desde hace meses por el PP, había sido rechazada hasta ahora por los socialistas. De ahí que lo interpreten como una rectificación. Desde el Ejecutivo, sin embargo, explican que se basan en una directiva de la UE del pasado mes de abril en la que Bruselas fijaba un tipo mínimo del IVA de la luz en el 5%. La propuesta de los populares era que se aplicase un tipo superreducido, que se establece en el 4%.

La referida carta, enviada en abril a las capitales Paolo Gentiloni, comisario de Economía, señalaba, sin embargo, que no se trataba de una solución especialmente efectiva. “La reducción del IVA tiene un mal historial a la hora de traducirse en precios más bajos para los consumidores ya que la bajada de impuestos puede verse pueden verse compensados por una subida de las tarifas por parte de los proveedores”, explicaba el italiano.

“Como subraya la Comisión en su Comunicación sobre los precios de la energía, los Estados miembros pueden decidir, como parte de la caja de herramientas a su disposición inmediata, aplicar tipos reducidos de IVA a los productos energéticos, siempre que respeten el mínimo del 5 % establecido en la directiva”, admite ahora una fuente comunitaria, que sin embargo vuelve a referirse a las directrices marcadas por Gentiloni: si bien es posible reducir el IVA sobre la energía, no es la medida más efectiva. Además, el comisario señalaba que, a nivel de equidad, la rebaja del IVA tampoco era la mejor de las ideas.

La Comisión entiende que la rebaja de los impuestos es una de las medidas más rápidas y populares para los Estados miembros, y de hecho Gentiloni admitía que la medida “es fácil de implementar”. “Es seguramente la razón por la que se han tomado medidas fiscales en las primeras semanas y meses de la crisis. En todo caso, en un escenario de precios altos mantenidos, sus beneficios para los hogares y las empresas es incierto”, señalaba el italiano.

Los socialistas no están negociando con el principal partido de la oposición la prórroga del decreto para luchar contra la inflación, como ha reprochado en el Congreso la portavoz Cuca Gamarra. El actual texto ya no contó con el apoyo del PP, que, como volvía a subrayar este miércoles Gamarra, defiende una bajada generalizada de impuestos con carácter temporal. Precisamente, los populares han vuelto a situar esta demanda en el centro de su agenda para luchar contra la inflación. Si bien Sánchez no ha reaccionado directamente a la mano tendida para negociar, sí ha reconocido posteriormente durante una respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que se incorporará una de las demandas del plan económico del PP.

Sánchez sigue la estrategia de aplacar la debacle electoral en las elecciones andaluzas a través de tomar la iniciativa y revitalizar la agenda legislativa con medidas de impacto. De hecho, este anuncio ha tapado la pregunta de Gamarra a Sánchez sobre si estaba dispuesto a rectificar en su acción de gobierno tras los malos resultados el 19-J, argumentando que abren un nuevo ciclo y constatan que el proyecto de los socialistas está "fracasado y agotado". Frente a ello, golpe de efecto en la agenda legislativa, cuyo primer capítulo se verá este sábado.

Entre las principales novedades que se están perfilando para el decreto anticrisis con el que pasar página y frenar el efecto cambio de ciclo de las andaluzas, se encuentra la subvención del transporte público. Se trata de una de las propuestas más avanzadas, según fuentes conocedoras de la negociación, que está siendo transversal entre todos los ministerios. Unidas Podemos partía de la pretensión de crear un abono universal de 10 euros, pero desde el Ministerio de Hacienda se ha retocado la propuesta para que sea un descuento porcentual. Lo que se baraja en estos momentos es una rebaja que podría llegar hasta el 50%.

Foto: El ministro de Universidades, Joan Subirats; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El recargo del impuesto de sociedades a las grandes eléctricas es otra de las medidas en discusión, aunque no hay consenso sobre que se pueda incorporar en la prórroga del decreto anticrisis. En lo que tampoco hay avances es en la creación de un cheque de 300 euros para las familias vulnerables. Una medida que desde Unidas Podemos ya se propuso en la anterior negociación y que, tras su rechazo, se ha vuelto a poner sobre la mesa de cara a la prórroga del decreto. Aunque desde el Gobierno se traslada que todo está en negociación y que "no se descarta nada", la fórmula preferida pasa por actuar sobre la rebaja de precios.

El golpe de efecto que se está diseñando desde Moncloa para poder pasar página cuanto antes de los malos resultados de la izquierda el 19-J. "Coger impulso" para lo que resta hasta el final de mandato, según exponen desde Ferraz. La máxima del Gobierno tras el 19-J pasa por aplacar el contagio a nivel nacional y levantar un muro que proteja al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Este Gobierno va a seguir subiendo el SMI, aunque digan lo contrario, revalorizando las pensiones"

"Este Gobierno va a seguir subiendo el SMI, aunque digan lo contrario, revalorizando las pensiones, aunque ustedes quieran congelarlas, y reforzando el estado de bienestar aunque quieran recortarlo", ha replicado Sánchez a la portavoz de los populares para cuestionar su petición de rectificación al Ejecutivo. "Convendría que aclarara lo que significa rectificar para el PP. Me da la sensación de que es un retroceso social", ha concluido Sánchez. Gamarra, por su parte, ha puesto el foco en que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno no están teniendo impacto en la lucha contra la inflación, cifrando la pérdida de poder adquisitivo de los españoles en 3.000 euros anuales.

En Moncloa son cada vez más conscientes de la necesidad de tomar medidas de impacto para frenar la inflación y su efecto en los hogares, tomando como referencia la filosofía de las políticas desplegadas durante la pandemia. Máxime en el escenario de una crisis energética galopante. Todo ello, en un contexto en el que la desmovilización del electorado de izquierdas ha quedado patente tras los comicios andaluces.

El Ejecutivo aplicará una nueva bajada de impuestos en la factura de la luz. El IVA del precio de la luz, que actualmente se encuentra en el 10%, se reducirá hasta el 5% para intentar contener la escalada de precios cuando el tope al gas no está teniendo los efectos esperados. La medida fiscal se incorporará en el decreto anticrisis que el Gobierno prorrogará este sábado en un Consejo de Ministros extraordinario. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno. El impacto sobre las arcas públicas de la medida se calcula entre los 300 y 250 millones de euros, según matizan fuentes cercanas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

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