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Moncloa estudia un recargo a las eléctricas en el impuesto de sociedades vía decreto
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AL MARGEN DE LOS PRESUPUESTOS

Moncloa estudia un recargo a las eléctricas en el impuesto de sociedades vía decreto

Se considera la vía más factible y rápida para gravar de forma adicional los beneficios extraordinarios. El cambio de postura coincide con el frustrado estreno del tope del gas

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE/Biel Aliño)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE/Biel Aliño)
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El Gobierno está buscando la fórmula "más rápida" para subir la presión fiscal a las grandes eléctricas. Según fuentes cercanas a la negociación que mantienen los departamentos socialistas de Transición Ecológica y Hacienda con los morados de Trabajo y Derechos Sociales, la vía más factible que tienen sobre la mesa pasa por crear un recargo en el impuesto de sociedades. El mecanismo para vehicularlo sería un decreto-ley, con el que se gravarían de forma adicional los beneficios extraordinarios de las empresas del sector energético por la subida de precios, según coinciden en explicar desde los diferentes ministerios.

Desde el Departamento de Hacienda, que encabeza María Jesús Montero, indican que se está estudiando esta medida para analizar su efectividad, al mismo tiempo que subrayan su complejidad técnica. De ahí que se señalen las dificultades para incluirla en la prórroga del decreto anticrisis, aun sin descartarlo. En caso de no formar parte de la prórroga que se llevará al Consejo de Ministros del 28 de junio, la alternativa sería aprobar posteriormente un decreto 'ad hoc'. Moncloa ha pasado de mostrar fuertes resistencias a la propuesta de Unidas Podemos a intentar aplazar su debate a los presupuestos para, finalmente, comprometerse a analizarlo y plantearse desarrollarla de forma urgente.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la inauguración de la sexta edición del Digital Entreprise Show (DES 2022). (EFE/Carlos Díaz)

Fuentes de la vicepresidencia segunda, que dirige Yolanda Díaz, defienden que la subida de impuestos a las eléctricas se haga vía sociedades porque entienden que es la más rápida. Durante los últimos días, habían reclamado la creación de un nuevo gravamen, en lugar de la modificación de uno existente, como es la opción ahora planteada. Para ello se debería desarrollar una nueva norma legislativa que, al margen de que tuviese o no carácter de urgencia, se demoraría más en el tiempo. Por la parte morada está liderando las negociaciones el jefe de gabinete de la ministra de Trabajo, Josep Vendrell, acompañado por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

El porcentaje del recargo en sociedades que proponen en Unidas Podemos tiene como objetivo que, como mínimo, sirva para financiar el déficit creado en las comunidades autónomas y municipios de implantar un abono transporte general de 10 euros. Los morados han cuantificado el coste de esta medida en 560 millones de euros. La titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, aseguraba este jueves durante una intervención en el Senado que "sería muy positivo que pudiéramos financiar [la rebaja del abono transporte] a costa del impuesto extraordinario a las empresas eléctricas, que cuadriplicaron beneficios". Se presiona así para que el impuesto a las eléctricas pueda estar listo para la prórroga del decreto anticrisis, al igual que el plan para subvencionar el transporte público.

El plan de choque en el transporte es una medida que también está "en estudio", según trasladan desde el Gobierno. De llegarse a un acuerdo en el seno de la coalición para llevarlo a cabo, el paquete de medidas sociales para combatir las consecuencias económicas de la guerra podría trocearse en varios decretos. Desde la vicepresidencia segunda argumentan, en defensa de esta actuación, que la subvención de 20 céntimos en el litro de gasolina carece de una visión global si no va acompañada de otra ayuda pública. A ello se añade que los precios de los carburantes han marcado máximos.

En Moncloa son cada vez más conscientes de la necesidad de tomar medidas de impacto para frenar la inflación y su efecto en los hogares, tomando como referencia la filosofía de las políticas desplegadas durante la pandemia. Máxime en el escenario de una crisis energética galopante. Todo ello, en un contexto en el que la desmovilización del electorado de izquierdas se hace patente en las encuestas de los comicios andaluces. La revitalización de la agenda legislativa para frenar los efectos de la crisis económica será crucial para recuperar la pulsión de los votantes de izquierda de cara al ciclo electoral de 2023.

Foto: La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, comparece ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado.

La presión desde el flanco morado del Gobierno para tocar los impuestos a las grandes eléctricas se ha ido incrementando durante los últimos días. Una bandera que ha agitado Yolanda Díaz, poniendo el foco en que las compañías deben arrimar el hombro para financiar el paquete de medidas anticrisis. Las resistencias por parte de los socialistas se han ido diluyendo, hasta el punto de que la propia titular de Hacienda se acababa plegando a la filosofía de la medida, aun tratando de aplazarla al debate presupuestario en línea con la vicepresidenta tercera. Teresa Ribera explicaba este jueves que el Ejecutivo estaba alineado con los planteamientos de Díaz para "responder de forma más equilibrada y justa a las necesidades de los ciudadanos" y que "los costes se repartan de forma equitativa", pero matizaba que la fiscalidad es competencia de Hacienda.

Debate en la UE

El cambio de postura en Moncloa ha coincidido con el estreno del tope del gas, que no ha alcanzado las expectativas. El ahorro del 6,7% marcado este miércoles ha quedado lejos de la rebaja de entre el 15 y el 20% esperada por el Ejecutivo cuando se anunció. Entre otros factores, por la operativa de generación desplegada, con baja producción hidráulica y alta en los ciclos combinados de gas. De este modo, se aumenta al máximo la subvención prevista y se reduce el impacto de la medida en el precio final. Y es que el solo planteamiento de un recargo en el impuesto de sociedades en algunos países habría tenido ya efectos en los precios, según deslizan desde uno de los departamentos que están negociando el gravamen.

Foto: La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, este miércoles antes de celebrar un encuentro con economistas. (EFE/Sergio Pérez)

La subida de impuestos a las eléctricas se ha llevado a cabo ya en países como Italia, Grecia y Hungría, mientras que en EEUU Joe Biden ha enviado una carta a las petroleras apuntando que, "en tiempos de guerra, los márgenes de beneficio de las refinerías, muy por encima de lo normal, que se trasladan directamente a las familias estadounidenses, no son aceptables". En la reunión del Consejo de Empleo de la UE celebrada este jueves en Luxemburgo, y a la que asistió Yolanda Díaz, se abordó de forma extraoficial la cuestión de los gravámenes adicionales a las energéticas. Impuestos que, sorpresivamente, están acelerando gobiernos conservadores. El debate está encima de la mesa y la propia Comisión Europea ya reconocía su utilidad en una comunicación el pasado mes de marzo.

El Gobierno está buscando la fórmula "más rápida" para subir la presión fiscal a las grandes eléctricas. Según fuentes cercanas a la negociación que mantienen los departamentos socialistas de Transición Ecológica y Hacienda con los morados de Trabajo y Derechos Sociales, la vía más factible que tienen sobre la mesa pasa por crear un recargo en el impuesto de sociedades. El mecanismo para vehicularlo sería un decreto-ley, con el que se gravarían de forma adicional los beneficios extraordinarios de las empresas del sector energético por la subida de precios, según coinciden en explicar desde los diferentes ministerios.

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