De Cos advierte del riesgo de que la mayor recaudación se convierta en gasto estructural

El coronavirus y la guerra de Ucrania han traído de vuelta al Estado. Como los demás socios comunitarios, nuestro país ha aprobado durante el último trienio los mayores estímulos fiscales que se recuerdan, apoyados en un incremento de la deuda, en el primer caso, y en unos ingresos históricos gracias a la inflación, en el segundo. Sin embargo, el balance para la sostenibilidad de las finanzas públicas es neutro. Según el Banco de España, el déficit estructural se situará en el 3,4% el año que viene, la misma cifra que se estimaba antes de la pandemia, pese a los récords de recaudación. ¿Cómo puede ser, si las medidas para amortiguar el impacto del covid y de la crisis energética son una respuesta coyuntural? El gobernador advierte: una parte de ese incremento del gasto público se está convirtiendo en estructural, y compromete la necesaria senda de consolidación fiscal para los próximos años.

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En su comparecencia en el Congreso de los Diputados para analizar el proyecto de presupuestos, Pablo Hernández de Cos ha avalado las previsiones de déficit del Ejecutivo para este año (5%), que incluso se sitúan por encima de las del organismo que preside (4,3%), gracias al inesperado aumento de los ingresos. Sin embargo, ha advertido del riesgo de que esa recaudación 'extra' del Estado en el contexto actual —alcanzará un 42,3% del PIB el año que viene, tres puntos más que antes de la pandemia— acabe destinándose a consolidar un mayor gasto público a largo plazo. Ya lo apuntaba el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, en un informe publicado la semana pasada (puede consultarlo aquí).

De Cos considera un problema que los paquetes fiscales se cronifiquen. Sobre todo por un motivo: el regulador no ha podido identificar de dónde procede una parte del incremento de los ingresos públicos durante los últimos meses, y que no respondería al aumento de las bases imponibles como consecuencia de la inflación y el crecimiento económico. "Dado el desconocimiento que tenemos sobre su origen y sobre su grado de permanencia, lo prudente sería que esos ingresos no contribuyesen a un incremento del gasto estructural y del déficit estructural en el futuro", ha dicho el gobernador.

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El riesgo es que se produzca un 'shock' en las cuentas públicas como el que tuvo lugar durante la crisis inmobiliaria, cuando la recaudación cayó "de manera muy rápida, muy abrupta", mientras el gasto público que había aumentado durante la época de bonanza se mantenía por las nubes. El resultado: un incremento del déficit estructural, que no está ligado al ciclo económico y supone un lastre para las siguientes generaciones. Aunque el gobernador no se ha mojado sobre si en esta ocasión ocurrirá lo mismo —una hipótesis es que la mayor recaudación se deba al afloramiento de la economía sumergida y, por tanto, se mantenga en el tiempo—, ha instado a tener en cuenta esta posibilidad a la hora de desarrollar las políticas fiscales.

En ese sentido, De Cos ha recomendado que las ayudas contra la crisis energética sean temporales y se centren en los más vulnerables, a diferencia de lo que ocurrió durante la pandemia, cuando hacía falta un apoyo indiscriminado para reactivar la economía: "La política fiscal no puede ser un impulso generalizado, lo único que haría es incrementar las presiones inflacionistas". Es un mensaje que el Banco de España mantiene desde hace tiempo, en línea con los principales organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La polémica de las pensiones

Otro de los mantras del regulador español para mantener a raya la inflación es el pacto de rentas para repartir los costes de la crisis. De Cos ha sido muy claro: "Va a haber una pérdida de bienestar sí o sí". De momento, en España no se ha producido un acuerdo entre empresarios y sindicatos para apretarse el cinturón, pero el gobernador considera que ya se está dando de forma implícita, debido al escaso incremento de los salarios y los márgenes empresariales, muy por debajo de la inflación. Esto ha permitido que el Banco de España no detecte los temidos efectos de segunda ronda, aunque De Cos ha advertido de los "síntomas de agotamiento" del acuerdo tácito, debido al incremento de las cláusulas de garantía salarial en los nuevos convenios.

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El gobernador ha reiterado la importancia de que nadie quede al margen de los sacrificios: "Lo único que podemos hacer es repartir el coste, no solo en el sector privado, sino en el sector público". Las pensiones, cree, también deberían entrar en esta ecuación. De Cos se ha posicionado en el debate actual con una concreción que no se le había escuchado hasta la fecha. Su discurso sigue siendo el mismo de siempre, pero por primera vez apunta a una solución concreta: indexar las pensiones mínimas al IPC, "pero quizá no el resto". Es lo mismo que defienden numerosos expertos, entre ellos los de la propia Fedea, que han lanzado su propuesta de revalorización este mismo lunes.

De Cos ha aclarado que se trataría de una medida coyuntural, motivada por el escenario inflacionista. De hecho, la ley obliga a revalorizar las pensiones conforme a la evolución de los precios, lo que supondrá un aumento del gasto público de un punto de PIB por década de aquí a 2050. "Hay que tomar medidas compensatorias, o por el lado de los ingresos o por el de los gastos, si queremos garantizar la sostenibilidad del sistema", ha concluido el gobernador del Banco de España.