Antiguos altos cargos del PSOE rechazan subir todas las pensiones con el 8,5% del IPC

Las pensiones han entrado de lleno en el debate político. Su revalorización conforme al índice de precios de consumo (IPC), que hasta ahora nadie cuestionaba, ha dejado de ser un tabú. Y la Moncloa, consciente de que constituye un asunto incómodo para la derecha, se ha lanzado estos días a presentar la discusión en términos dicotómicos: por un lado, los partidarios de que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, y, por el otro, la "oposición negacionista" que "vuela todos los acuerdos", en referencia al Pacto de Toledo, que avaló en sus recomendaciones de 2020 esa subida con el voto favorable de todas las formaciones de ámbito nacional —incluido Ciudadanos, aunque ahora se desmarque— y la abstención de Vox. Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no solo son una verdad a medias —el PP mantiene una postura ambigua—, sino que ocultan una verdad incómoda: la extensa nómina de ex altos cargos socialistas que, en público o en privado, defienden lo mismo que la mayoría de los expertos. Es decir, que las pensiones máximas deberían quedar excluidas del alza del 8,5% durante una crisis inflacionista como la que vivimos.

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Durante las últimas horas, el discurso oficial ha sido cuestionado por exministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, como Miguel Sebastián o Jordi Sevilla, destacados asesores económicos del expresidente, como Ignacio Conde-Ruiz, o del propio Sánchez, como Daniel Fuentes, y otros célebres economistas que han estado en la órbita del partido durante los últimos años, como José Carlos Díez o Gonzalo Bernardos. El Confidencial se ha puesto en contacto con todos ellos para recabar su versión, pero en algunos casos no ha sido posible. Sin embargo, los mensajes colgados en sus perfiles de Twitter ilustran una realidad que va más allá de las ideologías: cuestionar la actualización que obliga la ley actual y reflejan los presupuestos de 2023 no se trata, como dice Sánchez, de un debate de derechas e izquierdas. Dentro de ambos bloques existen opiniones divergentes, y muchos han cambiado de parecer en un contexto excepcional que, consideran, requiere medidas excepcionales.

El debate se inició el pasado martes, después de que el Gobierno anunciase un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para alumbrar las cuentas públicas para el año que viene. Ya en ese momento, el hecho de que las pensiones se llevasen cuatro de cada 10 euros del presupuesto y el 70% del gasto social provocó una intensa discusión en las redes. Uno de sus precursores fue el ex director general de Política Económica (2008-2010) Ignacio Conde-Ruiz, que defiende dedicar una parte de esos recursos a políticas para los jóvenes. "Debería haber válvulas de escape en momentos excepcionales como este para que las pensiones elevadas se acojan al pacto de rentas", dice a El Confidencial. No fue hasta esta semana cuando algunos de sus excompañeros en los gobiernos de Zapatero se sumaron a sus críticas.

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La publicación este lunes en el diario 'El País' de dos tribunas con sendas propuestas para resolver el dilema ha sido la espoleta para que algunos veteranos entraran en el debate. La primera de ellas está firmada por el propio Conde-Ruiz junto a Manuel Díaz Mendoza, compañero suyo en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y actual director general de Economía de Cantabria (una de las consejerías, por cierto, que están en manos del PSOE). Bajo el enfático título "No se pueden subir todas las pensiones por igual", los dos economistas defendían revalorizar las más bajas por encima del IPC, al tratarse de las más afectadas por la espiral inflacionista, y limitar la subida de las más altas a un 2,5%, en línea con el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la función pública. El argumento: destinar la misma subida lineal a las pensiones máximas y a las mínimas supone destinar cuatro veces más recursos a las primeras que a las segundas.

"Un gasto estructural tremendo"

El exministro de Industria (2008-2011) Miguel Sebastián compartió el artículo en sus redes sociales bajo un lacónico "lo suscribo". En conversación con este medio, Sebastián —igual que Conde-Ruiz— aclara que él defiende revalorizar todas las pensiones conforme al IPC, pero no en el momento excepcional que vivimos. Las más altas deberían quedar fuera, al menos por ahora, con el compromiso de irles devolviendo gradualmente el poder adquisitivo perdido. Ya no es solo una cuestión de equidad social o generacional, sino de eficiencia. "Se le está metiendo al sistema un aumento del gasto estructural tremendo", explica el exministro. Esto es debido a que, como también apunta el ex director general de Política Económica, los miles de millones que costará actualizar el año que viene las pensiones más altas se consolidan para los años siguientes, y será a partir de esa nueva base sobre la que se aplicarán las subidas futuras.

EsadeEcPol, el 'think tank' dirigido por Toni Roldán, ha calculado este gasto en un interesantísimo documento (accesible aquí) que el ex responsable económico de Ciudadanos y sus compañeros Jorge Galindo y Ángel Martínez presentaron bajo el título "Una propuesta más justa de revalorización de las pensiones", la segunda tribuna del diario progresista. La revalorización costará 12.430 millones de euros, de los que la mitad irán para el tramo del 30% que recibe más pensión. El 30% que recibe menos se llevará solo 1.620 millones. Las cuentas coinciden con las que señalan Conde-Ruiz y Sebastián: revalorizar las pensiones altas supone un coste cuatro veces superior al de revalorizar las más bajas, lo que ayuda a explicar el creciente consenso que pide excluir las primeras del incremento del 8,5%.

En este caso, los expertos de Esade proponen establecer diferentes tramos de renta: para el más bajo, la revalorización sería completa, mientras que para el más alto solo alcanzaría el 2%. El coste de la medida se reduciría casi a la mitad. Pero al exministro de Administraciones Públicas (2004-2007) Jordi Sevilla le parece insuficiente. Al menos así se infiere de su retuit a una publicación del economista José Pérez, en que este comparte el estudio y afirma: "Una revalorización inferior al IPC para todas también reduciría el coste, dañaría menos la contributividad y no impediría compensar a las más bajas con recursos impositivos". Sevilla ha rechazado hacer comentarios al respecto.

El aparente cambio de opinión del exministro socialista, que en una entrevista de 2018 en 'VozPópuli' afirmaba que ligar las pensiones al IPC de forma permanente "es viable", demuestra hasta qué punto muchos de quienes se oponen a la revalorización en la situación actual no cuestionan ese principio del Pacto de Toledo, sino la conveniencia de aplicarlo en medio de la mayor crisis inflacionista desde los años setenta.

Nadie lo ha expresado con mayor claridad que Daniel Fuentes, quien fuera director general de Información Económica hasta el año pasado, con el propio Pedro Sánchez en la Moncloa. "Como regla general: sí", dijo en una publicación de Twitter sobre la indexación de las pensiones a los precios. Pero, acto seguido, matiza sobre cómo se deben repartir los esfuerzos en un contexto como el actual: "El criterio debería ser la renta y la vulnerabilidad de cada uno, no exclusivamente su estatus laboral (parado, pensionista, asalariado o empresario). Ahí nos hacemos trampas".

La del Gobierno está clara: situar a los pensionistas fuera del pacto de rentas auspiciado para empresarios y trabajadores. Según el Ejecutivo, estos últimos pueden ser ricos o pobres: en el plan fiscal que acompaña a los presupuestos, Hacienda los ha premiado o castigado en función de su nivel de rentas del capital y del trabajo. Sin embargo, este criterio no aplica para los jubilados, que son los únicos que no se tendrán que apretar el cinturón, cobren lo que cobren. Además de los ex altos cargos citados, varios economistas de la órbita del PSOE han denunciado la falta de progresividad de la subida lineal consagrada en los presupuestos.

Algunos, como Gonzalo Bernardos, van más allá y ven detrás intereses electoralistas. "Es la única posibilidad del PSOE para volver a gobernar. Estoy seguro de que si no es en año electoral no se subirían un 8,5%", dice a este periódico quien llegó a ir en las listas del PSC por Barcelona en las elecciones municipales de 2019.

Otro clásico de ese entorno, como José Carlos Díez, advertía la semana pasada en su cuenta de Twitter de la señal que el Ejecutivo está mandando a los mercados con una medida como esta en un momento tan sensible: "Los inversores están temerosos y observan un déficit estructural de unos 50.000 millones y con el compromiso de aumentarlo en unos 15.000 millones por la revalorización de las pensiones con IPC". Hace cinco años, Díez dirigió la ponencia económica del PSOE en su 39º congreso. Claro que entonces apoyó a Susana Díaz, la perdedora de las primarias, y dimitió al no verse legitimado para el cargo. El ganador fue el actual presidente de un Gobierno que acaba de destinar 19.500 millones más para pagar las pensiones.