La insoportable gravedad de las pensiones: la subida del 8,5% abre un debate tabú

La hipocresía con las pensiones es tan antigua como su nacimiento. El canciller alemán Otto Von Bismark aprobó a finales del siglo XIX un subsidio para los mayores de 70 años, cuando la esperanza de vida del país apenas superaba los 35. El resultado: un fantástico impuesto al trabajo para financiar los retiros dorados de la burguesía —la única que conseguía llegar a esas edades— mientras se le vendía el favor a la paupérrima clase obrera. Esta semana, algunos creen estar viviendo un 'déjà vu' en la España del siglo XXI. El Gobierno ha presupuestado 190.000 millones de euros para pagar las pensiones, que se revalorizarán un 8,5% el año que viene, sea cual sea su cuantía, para que no pierdan poder adquisitivo. Un jubilado con derecho a la pensión máxima recibirá 3.000 euros brutos al mes en 14 pagas; la mitad de los trabajadores españoles cobra menos de 1.500, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Cifras como esta, que hasta hace muy poco condenaban al ostracismo a quienes las mentase, se han extendido como la pólvora en el debate público durante los últimos días. De repente, numerosos economistas y algunos líderes de opinión se han sumado a las pocas voces que llevaban tiempo advirtiendo de que poner sobre la mesa los datos no es hacer demagogia, sino un ejercicio de realidad. Y hasta el principal partido de la oposición ha tenido que rectificar la portada de un periódico que lo situaba a favor de limitar la revalorización de las pensiones máximas para el próximo año. El tabú se ha roto: comienza la discusión sobre cuáles deben ser las prioridades de un Estado de Bienestar que, por definición, resulta limitado.

Estas son las voces de quienes, desde diferentes ideologías y etapas vitales, han puesto sobre la mesa la insoportable gravedad de un debate inaplazable, pero que en la situación excepcional que atraviesa España —con una crisis inflacionista como no se veía desde hace medio siglo— se convierte en urgente. También las de quienes se oponen a que un hecho coyuntural se convierta en la excusa para cuestionar un sistema labrado con consenso. La discusión, a menudo contaminada por la lucha entre jóvenes y mayores, parte, en este caso, de una premisa: reducir el problema a una cuestión generacional puede explicar muchas decisiones, pero no contribuye a solucionar nada.

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El sistema de pensiones actual persigue dos objetivos: suficiencia y equidad. Es decir, trata de garantizar a todos los que no pueden trabajar unos ingresos suficientes para vivir, pero nunca a costa de otros pensionistas o de los trabajadores de hoy, que son los que pagan las pensiones de hoy en un sistema de reparto como el español. Y ahí está el meollo del debate. Para Jorge Galindo, director de economía política del 'think tank' EsadeEcPol, ambos propósitos están en tensión. El envejecimiento de la población —uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años en 2050, según el Instituto de Política Familiar— hace que garantizar unas pensiones dignas para un creciente número de jubilados sea cada vez más caro. Y, al mismo tiempo, la devaluación salarial provocada por la Gran Recesión dificulta reunir los recursos necesarios para sufragarlas. ¿Cómo resolver este dilema?

De momento, el Estado ha optado por la vía sencilla: dar una patada hacia adelante. En vez de impulsar una profunda reforma para garantizar que el sistema sea viable por sí mismo, España inyecta, año tras año, unos cuantos ceros a la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. En los presupuestos de 2023 son 38.900 millones de euros. "La naturaleza del sistema contributivo es que se cubra con cotizaciones sociales. Así se está desvirtuando", denuncia un alto funcionario con décadas de experiencia en este ámbito. En otras palabras: el dilema, de momento, se resuelve dopando la máquina con cargo a los impuestos.

El Pacto de Toledo se ha convertido en la excusa perfecta para el inmovilismo: "Es un brindis al sol, un escudo para no cambiar nada"

Ningún partido quiere tocar el principio básico que hasta ahora había sido tabú: la revalorización de las pensiones conforme al IPC. En primer lugar, porque supondría un problema legal. En diciembre del año pasado, el Gobierno sacó adelante la norma que consagra la subida automática con la media de la inflación de los últimos 12 meses, que se calcula en noviembre. Nadie puede extrañarse de que el Ejecutivo incluya en las cuentas para el año que viene una revalorización del 8,5%, aunque esto suponga que el gasto en pensiones se lleve 4 de cada 10 euros del erario público. Y menos las fuerzas políticas que, sin excepción, han trazado el camino a seguir en el seno del Pacto de Toledo. Este consenso de Estado, logrado hace un cuarto de siglo para dejar las pensiones al margen de las disputas partidistas, se ha convertido en la excusa perfecta para el inmovilismo. "Es un brindis al sol, un escudo para no cambiar nada", se lamenta la misma fuente.

La clase política tiene poderosas razones para no tirarse los trastos a la cabeza por las pensiones, sobre todo cuando queda menos de un año para las próximas elecciones generales. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, se muestra tajante: "Es la única posibilidad del PSOE para volver a gobernar. Estoy seguro de que si no es en año electoral no se subirían un 8,5%". Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un tercio del electorado socialista tiene más de 65 años, al igual que ocurre con los votantes del Partido Popular. Están en juego unos 10 millones de sufragios, y ninguna formación quiere atreverse a poner en su contra al principal caladero. Juan Luis Jiménez, experto en Políticas Públicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no encuentra otra explicación: "Es un ejercicio de propaganda".

La incredulidad, y hasta el enfado, que muestran sesudos economistas por un hecho tan lógico como que el Gobierno se limite a cumplir la ley no se entiende sin el contexto actual. La norma vigente se aprobó en un momento en que el fantasma de la inflación apenas estaba reapareciendo tras décadas en las que había dejado de ser una preocupación. Nadie —ni gobernantes, ni gobernados, ni expertos— esperaba que volviese a llegar nunca a cifras de dos dígitos, y el legislador no contempló mecanismo corrector alguno para actuar en caso de incendio. El resultado es el que es: mientras el Banco de España ha detectado un pacto de rentas implícito, los pensionistas —ricos o pobres— son los únicos que se lo saltan. Dicho de otra manera: los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo, pero quienes ya están jubilados no tienen que apretarse el cinturón, como les ha vuelto a pedir el regulador esta semana.

Con el coste de revalorizar una pensión máxima se podrían revalorizar tres mínimas, incluso por encima de la inflación

La mayoría de los expertos consultados no solo cree que es posible encontrar alguna fórmula legal para sortear la revalorización, sino que aboga por hacerlo. Las opciones son infinitas: desde subir las pensiones con referencia en los salarios —los del sector público crecerán hasta un 3,5% este año, a la espera de los resultados de la negociación colectiva en el sector privado—, hasta devolver el poder adquisitivo perdido en los años siguientes, incluso con intereses. Las pensiones más bajas, las más damnificadas por el aumento de los precios, no entrarían en ningún caso en esa ecuación, pero en realidad son el chocolate del loro. Según Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con el coste de revalorizar una pensión máxima se podrían revalorizar tres mínimas, incluso por encima de la inflación. No hay que olvidar que la pensión media ascendió el pasado septiembre a unos modestos 1.092 euros al mes, siempre según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

No todos abogan por abrir ese melón. Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, niega que haya un pacto de rentas del que los pensionistas hayan rehuido y defiende la viabilidad del sistema actual: "No hay ningún argumento financiero para sostener que las pensiones no crezcan". El economista de 69 años, que formó parte del comité de sabios de la reforma de las pensiones de 2013 a propuesta de UGT, considera que los presupuestos garantizan el equilibrio del sistema, al prever un incremento del 12,8% en la recaudación por contribuciones sociales, frente al aumento del 11,2% en el gasto para pensiones contributivas. Claro que a costa de subir un 8,6% la cotización máxima, como denuncia la patronal. "Esto significa bajar el salario de los empleados. Es una locura con el nivel de paro que tenemos", denuncia Bernardos, de 59 años.

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Para Jiménez, de 46, el debate se resume en una cuestión de coste de oportunidad. Pese a que España 'solo' dedica un 11% del PIB a las pensiones, un punto por debajo de la media europea —según Seguridad Social—, la tendencia es ascendente, y el dinero que se emplea cada año en su revalorización se deja de usar en otras partidas. De hecho, en 2023 el pago de las pensiones se llevará el 70% del gasto social; de los 26.000 millones que se incrementará este, 20.000 se van a sufragar las rentas de los jubilados. "No se trata de un debate intergeneracional, sino de uso eficiente del dinero público", concluye Jiménez. Como reza el exitoso blog de divulgación económica que dirige: "Nada es gratis".

Al diseñar un presupuesto toca elegir, y España ha optado, una vez más, por el pasado. Frente a los países que priorizan destinar sus recursos a la política industrial, el I+D+I o la educación, las cuentas más expansivas de la historia dedicarán uno de cada dos euros al pago de las pensiones y los intereses de la deuda. Frente a ello, las partidas para becas solo se incrementarán en 390 millones de euros, como denunció Galindo, de 37 años, en un polémico tuit, por el que —dice— recibió muchos insultos, pero también felicitaciones de jóvenes que se veían identificados con el mensaje. El autor de 'El muro invisible: la traición de la sociedad a los jóvenes' cree que ha llegado la hora de repensar el Estado de Bienestar: "El incremento del gasto social que vende el Gobierno se está yendo en pensiones. Si la equidad nos importa, nos importa en todas las dimensiones posibles". Y ahí no solo está la equidad hacia los trabajadores de menos edad, sino entre los propios pensionistas.

Galindo propone un nuevo pacto intergeneracional por el que los pensionistas ricos se comprometan a reducir su retribución para aumentar las partidas para los jóvenes y para otros jubilados que, o bien reciban pensiones muy bajas, o bien tengan problemas de dependencia, el olvidado cuarto pilar de nuestro Estado de bienestar. Pero nadie parece estar por la labor, y casi todos ven detrás intereses electoralistas. Como siempre ha ocurrido, cada grupo social defiende legítimamente su provecho, y lo cierto es que los mayores lo están sabiendo hacer mejor que los jóvenes. Es una cuestión demográfica, pero también de participación política: según la proyección realizada por El Confidencial a partir del censo de las elecciones de noviembre de 2019 y la encuesta poselectoral del CIS, en las últimas generales votaron casi 8 millones de mayores de 65 años por solo 5,4 millones de jóvenes de hasta 34. Y, con la actual tendencia, esta brecha solo se irá agrandando a medida que pase el tiempo. "Los políticos tienen claro lo que quieren, que el gasto vaya a la tercera edad pero sin subir impuestos", sentencia Conde-Ruiz.

El catedrático de la Complutense, de 53 años, cree que el péndulo solo girará cuando las generación 'boomer' cambie su actitud y demande a los poderes públicos un cambio de prioridades: "El problema es que los jubilados dicen: 'Estoy dispuesto a que me quiten un poco de pensión para dársela a mi nieto'. Pero si se plantea en términos generales, no están dispuestos". Y eso que los pensionistas no solo viven de las rentas del trabajo, sino que su riqueza viene de otras vías que agrandan la brecha generacional. Según los últimos datos de la Encuesta Financiera de las Familias que elabora trienalmente el Banco de España, los mayores de 75 años constituyen el grupo de edad con más patrimonio, un 440% superior al de los jóvenes. Un ejemplo de esta semana ruborizará a más de uno: el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, la provincia con las pensiones medias más altas de España —unos 1.500 euros al mes, igual que el salario mediano de este país— considera insuficiente la revalorización presupuestada por el Gobierno.

La entrada masiva de los 'boomers', que se jubilarán durante los próximos años, supone el siguiente gran desafío para un sistema que ha dejado de lado el principio contributivo y depende de los transferencias del Estado obtenidas a través de los impuestos. Hasta la famosa 'hucha de las pensiones', el mecanismo de emergencia pergeñado por el Pacto de Toledo para acudir al rescate si las cosas van mal, se ha evaporado: cerró 2021 con solo 2.100 millones de euros, frente a los 67.000 que llegó a acumular hace una década. Ahora, el Gobierno inyectará otros 2.900 millones por primera vez en 13 años.

De cara al futuro, Bernardos solo ve tres posibilidades para garantizar la viabilidad del sistema actual, a cada cual más impopular: aumentar aún más la edad de jubilación —ya se hizo en 2010, al pasar de 65 a 67 años de forma progresiva hasta 2027—, incrementar las cotizaciones sociales o reducir la cuantía de las pensiones, sobre todo de las máximas. Otra alternativa sería cambiar de modelo, hacia uno que garantice un retorno más acorde con lo que realmente se cotizó. Ahora, cada pensionista recibe, de media, unos 1,6 euros por cada euro contribuido, según el Banco de España. En cambio, con un sistema de cuentas nocionales, como el que tienen Suecia o Italia, ese retorno se ajustaría a lo aportado, lo que permitiría un gran ahorro para el sistema, especialmente en el caso de las más altas.

España cuenta con una de las pensiones máximas más elevadas de Europa, pero la revalorización afectará a todos por igual

El debate de los próximos años se centrará ahí. España cuenta con una de las pensiones máximas más elevadas de Europa, que sus perceptores destinan en gran medida al ahorro —apenas 'mueve' la economía—, pero la revalorización planteada por el Gobierno afectará a todos por igual. Para el Ejecutivo, hay trabajadores ricos y trabajadores pobres, como demuestra la reforma fiscal progresiva presentada la semana pasada y reflejan a diario los discursos de los ministros. Sin embargo, a la hora de actualizar las pensiones, La Moncloa solo ve pensionistas. "¿Resulta eficiente aumentarlas en la misma proporción para todos? Probablemente no", concluye Jiménez.

Otto von Bismark murió a los 83 años, la esperanza de vida actual en España.