Las cotizaciones suben un 8,6% y la Seguridad Social pedirá otros 10.000 millones al Estado

Casi 39.000 millones de euros. En concreto, 38.904 millones. Esto es lo que recibirá la Seguridad Social de aportaciones del Estado para cuadrar sus cuentas y poder atender a la financiación del sistema público de protección social. Expresado de otra forma, casi uno de cada cinco euros de los 204.208 millones que gastará la Seguridad Social (incluyendo las operaciones financieras) se financiará vía impuestos, lo que supone un incremento del 12,8%, más del doble de lo que subirá el PIB nominal.

Más del 50% de esa cantidad tiene que ver con el cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo, que obliga al Estado a asumir los llamados gastos impropios de la Seguridad Social (19.888 millones), mientras que para financiar los complementos de mínimos (las aportaciones que hace el Estado para garantizar un suelo en las pensiones) se asignan otros 7.261 millones.

Nunca antes la Seguridad Social había recibido tantas aportaciones vía impuestos (en 2023, el crecimiento será del 7,2%), lo que se debe a las insuficiencias del sistema contributivo, como lo demuestra el hecho que en 2023 la Seguridad Social volverá a endeudarse con el Estado. En total, en 10.004 millones de euros, lo que supone un 43% de lo que pedirá este año. Esto no es óbice, sin embargo, para que la Seguridad Social, en cumplimiento de lo que marca el nuevo mecanismo intergeneracional, aporte 2.793 millones de euros al Fondo de Reserva, lo que supone la primera asignación desde hace más de una década. El nuevo mecanismo ha sustituido al Factor de Sostenibilidad incluido en la reforma de 2013, en tiempos del Partido Popular, y será de aplicación contingente y temporal.

Garantía del Estado

Esto significa, ni más ni menos, que su endeudamiento ascenderá al acabar el año próximo a 109.189 millones de euros, que están cubiertos con la garantía del propio Estado. Pese a esas aportaciones, y como consecuencia de los gastos e ingresos no financieros previstos en el presupuesto de la Seguridad Social para 2023, el déficit del sistema será equivalente a 7.199 millones de euros. Y eso es así porque mientras la Seguridad Social recaudará 152.075 millones de euros en 2023 vía cotizaciones sociales, gastará (sin operaciones financieras) 192.102 millones, lo que supone un desequilibrio equivalente a algo más de 40.000 millones que será cubierto con las aportaciones del Estado. El déficit, pese al aumento de cotizaciones, se incrementará respecto al cierre estimado para este año (7.199 millones).

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El propio Gobierno reconoce en el libro amarillo que acompaña a los presupuestos que este crecimiento del gasto “viene motivado principalmente por la revalorización de las pensiones”, que subirán en torno al 8,5%. Ahora bien, según sus previsiones, los ingresos por cotizaciones crecerán un 11,5%. Básicamente, por dos razones, el aumento del empleo y, sobre todo, la actualización de las bases de cotización, en particular las máximas. El Gobierno, de hecho, prevé que los ingresos por cotizaciones crezcan nada menos que un 12,6%.

Casi 4.500 euros

Esto es así porque el proyecto de ley de presupuestos establece que el tope máximo de la base de cotización en cada uno de los regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido queda fijado, a partir del 1 de enero de 2023, en 4.495,50 euros mensuales. Es decir, un incremento del 8,6%, en línea con lo que prevé el Gobierno que suba la inflación este año. Esa cifra contrasta con el 4,1% que, según la Seguridad Social, crecerá la base media de cotización el año próximo.

Este incremento —356,1 euros al mes por trabajador que cotice por la base máxima— afectará a todas las bases y tipos de cotización de la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Como se sabe, el tipo para las contingencias comunes es equivalente al 28,30%, siendo el 23,6% a cargo de la empresa y el 4,7% a cargo del trabajador.

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Esto explica que históricamente las organizaciones patronales se hayan opuesto a una revisión tan elevada de las bases de cotización. A la CEOE, de hecho, le preocupa más este punto que la revalorización de las pensiones prevista por el Gobierno, un 8,5%. Obviamente, porque supone un coste adicional en unos momentos que tienen que soportar una elevada inflación, como los asalariados y autónomos.

Para hacerse una idea de lo que significa el presupuesto de la Seguridad Social, y, en particular, de las pensiones, solo hay que tener en cuenta que representa el 52,3% del gasto público total (389.927 millones de euros), incluyendo el propio Estado, los organismos autónomos y otros organismos, además de la propia Seguridad Social.

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Se puede decir, en realidad, que cuando se habla de gasto social se debería hablar de gasto en pensiones, ya que España, en relación con la media europea, se encuentra por debajo. Un dato de Eurostat lo pone negro sobre blanco. El gasto en protección social por habitante representó en España en 2018 (últimos datos homogéneos) el 68,7% de la media europea, con una tendencia decreciente desde 2011, cuando se alcanzó el 70,6%. A la cabeza de todos, Luxemburgo, Dinamarca y Alemania.

Ese año, y en relación con el conjunto de la UE-15, se destinó un 11,1% del PIB a gasto en vejez, si bien la diferencia entre países es muy relevante. Italia y Grecia son los países que presentan el mayor gasto en vejez, con un 13,7% y 13,6% del PIB, respectivamente, los siguen Finlandia, Francia y Austria (12,7%), en tanto que Italia ostenta la mayor proporción de personas mayores de la UE. En el extremo opuesto se encuentra Irlanda, con la población más joven de la UE: su gasto en vejez es tan solo del 4,3% del PIB. España, con un nivel medio de envejecimiento respecto del resto de países de la UE, destina a vejez el 9,8% del PIB.