Los Presupuestos sostienen a la Seguridad Social con una transferencia récord de 36.300 millones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, hito que marca el punto de partida de la tramitación en el Parlamento de las cuentas del próximo año. Uno de los grandes anuncios, como viene siendo habitual, es el del gasto en pensiones, que sigue creciendo por el envejecimiento de la población y que se acelerará en 2022 como consecuencia de la inflación. El Gobierno regará a la Seguridad Social con más de 43.000 millones de euros para cubrir los gastos comprometidos para el próximo año.

En concreto, los PGE recogen una transferencia récord de 36.300 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, una cuantía que supone un 16,4% más que en el año en curso. Con esta transferencia, el Gobierno da un paso más en la transferencia del déficit de la Seguridad Social al Estado a través de la separación de las fuentes de financiación. Esto es, los PGE se van haciendo cargo paulatinamente de lo que el Gobierno denomina 'gastos impropios' y que incluye partidas como las bonificaciones de cuotas, políticas activas de empleo y gastos diversos, así como las prestaciones no contributivas: pensiones, ingreso mínimo vital, etc.

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A pesar de esta transferencia récord, la Seguridad Social seguirá en déficit el próximo año y el Gobierno tendrá que habilitar un nuevo préstamo a la Seguridad Social para cubrir los números rojos del sistema. Este crédito ascenderá a 7.000 millones de euros, cifra que irá directamente a engrosar la deuda del sistema, que ya supera los 90.000 millones de euros.

El gasto total en pensiones crecerá en 8.000 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 4,8%. Esta cuantía incluye una revalorización de las pensiones en 2022 que estará próxima al 2,3% (dependerá del cierre de la inflación en noviembre), la subida del 3% de las pensiones mínimas y las no contributivas. Esta partida contempla también la 'paguilla compensatoria' por la desviación de la inflación del año 2021. En concreto, este año las pensiones se revalorizaron una previsión del IPC del 0,9%, pero la media anual al final del año se situará más cerca del 2,3%, lo que implica casi un punto y medio de compensación que el Gobierno tendrá que abonar en "diciembre o enero" a los pensionistas.

En total, el gasto en pensiones superará los 171.000 millones de euros en 2022, una partida récord para la economía española. Esta cifra incluye los ya casi 8.000 millones del gasto en las pensiones de las clases pasivas, básicamente funcionarios y militares, que no han cotizado a la Seguridad Social. Aunque este sistema está a extinguir, en los próximos años se multiplicará su déficit, ya que se jubilarán miles de trabajadores públicos en esta modalidad de cotización, pero no siguen entrando jóvenes, ya que están traspasados a la Seguridad Social.

Política de vivienda

Una de las principales negociaciones entre los socios de gobierno fue la de la política de vivienda, ya que Unidas Podemos reclamaba una partida presupuestaria ambiciosa para aliviar el drama del acceso a la vivienda, en especial para los jóvenes. En total, el Gobierno destinará 3.295 millones de euros a las diferentes políticas de acceso a la vivienda y fomento de la edificación, lo que supone un incremento de 1.000 millones, esto es, un 46% más. Sin embargo, casi la totalidad del gasto se financiará con cargo a los fondos europeos, en concreto, el Estado con 806 millones de euros, mientras que el Mecanismo de Transformación y Resiliencia abonará 2.500 millones de euros, casi el triple.

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La principal partida de gasto de vivienda será la subvención a la rehabilitación financiada con fondos europeos y que ascenderá a 1.400 millones de euros. Además, Europa financiará otros 500 millones para la construcción de viviendas de alquiler social y otros 600 millones de euros a programas de rehabilitación de edificios públicos. El Gobierno financiará el bono alquiler para jóvenes de 250 millones de euros y las ayudas a la renta básica de emancipación.

Otra de las grandes políticas de los Presupuestos son las de la formación profesional para el empleo, como parte de las políticas activas que reclama la Comisión Europea desde hace años. El Gobierno dotará de 3.121 millones la formación profesional, un incremento del 12,6%. Esta partida incluye 336 millones de euros para la formación de desempleados y 639 millones para las oportunidades de empleo y formación. Los fondos europeos financiarán 812 millones adicionales a las políticas activas que se centran en el empleo juvenil, de las mujeres, la adquisición de nuevas competencias digitales y energéticas y la financiación de proyectos para la integración territorial.