Presupuestos de 2023: más optimismo que prudencia en las cuentas del Gobierno

Cuadrar las cuentas a un año vista nunca ha sido un ejercicio sencillo. Aún menos, en un escenario de incertidumbre como el que envuelve la economía mundial en la actualidad, a causa de la guerra de Ucrania y sus derivadas.

Por eso, al proyecto de presupuestos presentado esta semana por el Gobierno español difícilmente se le puede exigir precisión milimétrica. Cuando se diluyen las perspectivas sobre el rumbo de los tipos de interés y la inflación, la evolución de la moneda o los precios de la energía resulta sencillo que las correcciones acaben emborronando de forma significativa las proyecciones iniciales.

En esas circunstancias, lo más que se puede exigir a los responsables de administrar los recursos públicos es actuar con la máxima prudencia. Y precisamente, de prudencia ha alardeado este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa en la que dio a conocer los pormenores del plan económico del Ejecutivo para 2023.

El Gobierno vuelve a situarse en la parte más elevada del rango de previsiones para 2023

No deja de resultar significativo que sus palabras llegaran poco después de que BBVA Research lanzara unas estimaciones sobre la economía española que –como ocurriera un día antes con el Banco de España– pintan una imagen mucho más desfavorable de la planteada por el Gobierno, al estimar un crecimiento del PIB el próximo año de tan solo un 1%, frente al 2,1% que sustenta las cuentas públicas.

Como bien indicó Montero a preguntas de la prensa, en un entorno tan incierto como el actual, las discrepancias en las estimaciones resultan más que comprensibles, ya que las perspectivas que se tengan sobre la evolución futura de una variable clave pueden alterar de forma significativa el resultado final del ejercicio.

No hay razones para pensar que el 1% previsto por BBVA Research o el 1,4% proyectado por el Banco de España sean más factibles que el 2,1% en que basa el Gobierno sus presupuestos, pero sí parece claro que nuevamente el Gobierno ha decidido abrazarse al mejor de los escenarios posibles para dar acomodo financiero a los que ha presentado como los presupuestos “de la justicia social y de la eficiencia económica”.

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No puede olvidarse que ya hace un año, tras estimar un crecimiento del PIB en 2022 del 7%, que excedía todas las estimaciones, el Ejecutivo se aferró a similares argumentos a los de ahora para, con el tiempo, tener que admitir que la mejora económica quedará muy lejos de aquellos guarismos. Entonces, como ahora, la imagen dibujada en el proyecto de presupuestos resultaba realizable, pero los riesgos para su materialización eran abundantes y acabaron por probarse.

Es cierto que el 2,1% estimado para 2022 parece, a priori, una meta mucho más alcanzable, pero no lo es menos que vuelve a rebasar las expectativas de la mayor parte de las firmas de análisis que han revisado sus pronósticos en las últimas semanas. Como muestra, según los registros de Bloomberg, nueve bancos han ajustado desde el inicio de octubre sus previsiones de crecimiento para España en 2023 y ninguna de ellas plantea una cifra igual o superior a la del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sorprende la expectativa de un crecimiento mayor de los ingresos no financieros en 2023

Puede aducir el Gobierno, no sin razón, que el desvío en el crecimiento presentado hace un año no ha impedido que sus estimaciones de ingresos, excluidos los fondos Next Generation, se estén ajustando en gran medida a lo presupuestado (si entonces proyectó un crecimiento del 6,8% para los ingresos no financieros en 2022, ahora estima que lo harán en un 6,6%). Sin embargo, conviene tener presente que gran parte de los factores que han hecho posible este buen comportamiento de los ingresos –fortaleza del empleo, impacto de la inflación en tasas fundamentales como el IVA o los ingresos por hidrocarburos– están llamados a perder tracción, por lo que la expectativa de que esta partida crezca en 2023 a una tasa aún mayor (un 6,9%) puede resultar paradójica.

Y, en paralelo, es oportuno considerar que son varias las partidas sobre las que cabría esperar un incremento nada desdeñable que podría fácilmente irse por encima de lo planteado por el Ejecutivo, siendo una de ellas –quizás la más incontrolable– la referida a los costes de la deuda pública, que pueden suponer a medio plazo un roto de consideración.

Por todo ello, y sin perder de vista que la situación de crisis hace preciso un esfuerzo por parte del Estado para aliviar la situación de los más perjudicados, convendría que el Gobierno pusiera en práctica esa pretendida prudencia a la hora de hacer sus números, asegurándose margen suficiente para actuar en el caso de que la incertidumbre que hoy por hoy rodea las perspectivas económicas acabe derivando en un escenario al menos tan desfavorable como el que auguran la mayoría de los expertos. No se trata de ser o no agoreros, sino de no apostarlo todo siempre a que sonría la coyuntura.