El Gobierno ve "prudentes" las previsiones para hacer sus presupuestos y alerta contra los "agoreros"

El Gobierno considera "prudentes" las previsiones sobre las que ha construido su proyecto de presupuestos, y pone en duda las estimaciones de distintos organismos oficiales que contradicen sus números. "Me llama la atención que algunos siempre se quedan con la peor previsión que dan los organismos", afirmaba este jueves la ministra de Hacienda, María Jesus Montero. En la rueda de prensa de presentación de las cuentas en la Cámara, Montero ha alertado contra los "agoreros", un día después de que el Banco de España rebajase su estimación del crecimiento del PIB al 1,4% en 2023 por la incertidumbre de la guerra en Ucrania.

Es casi la misma previsión que vende la AIReF (1,5%), muy lejos del 2,1% que recoge el cuadro macroeconómico del Ejecutivo. Montero ha entregado este jueves a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2023, aprobado el martes en el Consejo de Ministros.

Son las terceras y últimas cuentas del Gobierno de coalición de la legislatura, y hasta la madrugada del lunes, escasas horas antes de recibir luz verde, Unidas Podemos aseguraba que aún estaban lejos de un acuerdo presupuestario. Llegan, además, a escasos meses de las elecciones municipales y autonómicas, a poco más de un año de la fecha prevista para las generales, y el Ejecutivo quiere que les sirvan para tratar de darle la vuelta a las encuestas, que sitúan al PSOE estancado tras el PP de Alberto Núñez Feijóo. Unas cuentas que suponen un incremento del gasto social de hasta un 35% con respecto a los últimos presupuestos del PP, en 2018, son fundamentales para su propósito, una suerte de bala de plata que no pueden malgastar.

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Las cuentas públicas tienen un carácter expansivo, como todas las presentadas por el Gobierno de coalición en sus tres años de andadura. De hecho, llevan el gasto social a su máximo histórico, al incrementarlo en un 10,5% respecto a las cuentas vigentes, mientras recortan en casi todo lo demás: las partidas para agricultura, justicia, industria, vivienda o seguridad ciudadana crecen menos que el PIB nominal. La excepción son las pensiones, que se revalorizan con el IPC y, junto al pago de los intereses de la deuda, ya se llevan uno de cada dos euros presupuestados.

Montero llegaba a la Cámara pasadas las diez de la mañana, portando una copia del conocido libro amarillo, que ya se cuidó de exhibir el martes, tras el Consejo de MInistros para sugerir que sus socios habían exagerado con la distancia que les separaba del acuerdo, escasas horas antes. Ni este volumen ni ningún acuerdo presupuestario se logran "en dos horas" o "una noche", afirmaron fuentes del Gobierno poco después. El libro contiene los ejes de estas cuentas, sobre los que profundizará en una rueda de prensa a partir de las 13.30 horas, y la ministra hacía hincapié en que es "el tercero" que lleva a la Cámara. No será hasta esta comparecencia cuando Hacienda dé acceso al detalle del proyecto de ley, que contiene el desglose de todas las partidas.

Una vez presentadas formalmente ante el Congreso, comienza una tramitación que suele prolongarse durante alrededor de dos meses, en la que la parte socialista del Ejecutivo ya ha dado muestras de que ningunerá a sus socios de Unidas Podemos, en detrimento de socios como ERC y EH Bildu, en negociaciones como la que afecta a la ley de vivienda, la piedra en el zapato de la coalición en todas las negociaciones presupuestarias. El PSOE y el Gobierno arrancaron el curso con un serio llamamiento entre sus filas para explicar mejor sus medidas, para convencer de que persiguen favorecer a la "mayoría social", y para rentabilizarlas electoralmente, conscientes de que el ciclo electoral ya ha comenzado. En eso están, para eso han reescrito sus eslóganes, y en eso centran todas sus intervenciones públicas.

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Las cuentas recogen, además, buena parte de las modificaciones en materia de fiscalidad anunciadas por Montero hace apenas una semana -no es el caso del impuesto a las grandes fortunas, una nuega figura que debe ser contemplada en una ley independiente-, y que beben en buena medida de las propuestas fiscales de Unidas Podemos.

Sin embargo, los socios de Gobierno han visto embarrada la presentación de las cuentas públicas en Consejo de Ministros: a cuenta de la ofensiva fallida de Unidas Podemos con sus socios para garantizarse la aprobación de la ley de vivienda con las modificaciones que defienden, por las distintas versiones sobre la escenificación del acuerdo presupuestario, y hasta por el amago del portavoz del socio minoritario, Pablo Echenique, de romper la coalición por la supuesta "deslealtad" del PSOE al incrementar en un 26% el gasto en Defensa.

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Para confeccionar sus cuentas, el Gobierno aprovecha el margen de Bruselas, que mantendrá suspendidas las reglas fiscales un año más, como sucede desde el estallido de la pandemia. Y también el aumento de ingresos como consecuencia de la inflación, al que contribuirán los nuevos tributos que ha planteado Montero con su reforma fiscal. Pese a todo, el déficit público solo se reducirá en 1,1 puntos, frente a los 1,9 de este año.

Esos son los planes de La Moncloa, pero la realidad puede acabar siendo muy distinta. El cuadro macro que presenta el Gobierno prevé un crecimiento del 2,1% en 2023, por encima de las estimaciones de los principales organismos internacionales. De hecho, el Banco de España cree que el PIB solo aumentará un 1,4%, y advierte de que las proyecciones podrán ser revisadas a la baja.

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El escenario macroeconómico mundial, con Estados Unidos en recesión, Alemania a punto de entrar en ella y un freno de la demanda cada vez más acusado, está caracterizado por la incertidumbre. Pero, para las cuentas públicas, el Ejecutivo ha ignorado los principales riesgos que se ciernen sobre la economía en plena crisis energética.

Si la inflación se cronifica y el Banco Central Europeo (BCE) se ve obligado a mantener las alzas de tipos durante mucho tiempo, las bases que sustentan los Presupuestos Generales del Estado quedarán desfasadas. Ya ocurrió con los de este año: el Gobierno preveía un crecimiento del 7% y finalmente estará en torno al 4,5%. Claro que en aquel momento no existía una guerra a las puertas de Europa, de cuya evolución dependerá la suerte de las cuentas que se presentan este jueves en el Congreso.