La Seguridad Social acumula ya una deuda de más de 71.500 millones

La financiación de la Seguridad Social continúa en el limbo de los pactos políticos. Pero lo que no está en tierra de nadie es su endeudamiento con el Estado, que no deja de crecer a un ritmo cada vez mayor. Hasta el punto de que, tras el préstamo aprobado ayer por el Consejo de Ministros, su deuda alcanza los 71.524 millones de euros. Para hacerse una idea de lo que significa esta cifra, hay que tener en cuenta que representa el 47,7% de lo que ingresó el año pasado el conjunto del sistema por cotizaciones sociales.

Lo relevante, sin embargo, no es solo la cuantía de la deuda global sino, sobre todo, su evolución. Hace apenas cuatro años, la Seguridad Social adeudaba al Estado 17.173 millones de euros, lo que significa que sus pasivos se han multiplicado por cuatro pese a que la economía creció entre 2016 y 2019, de media, un 2,5%. Y lo que es más significativo, se generaron 1,87 millones de puestos de trabajo. Tan solo el año pasado (con una economía que avanzó un 2%), los ingresos por cotizaciones sociales crecieron un 8,1% por el efecto combinado de más ocupados e incremento de las bases de cotización.

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Esta forma de financiación ‘singular’ de la Seguridad Social, mediante préstamos y no a través de créditos ordinarios, ha sido tradicionalmente criticada por el Tribunal de Cuentas, que en su última 'Cuenta general de Estado', correspondiente a 2018, recordó que la Seguridad Social recogía, por segundo año consecutivo, un “patrimonio neto negativo” equivalente a 33.260 millones de euros.

Lo que critica el Tribunal de Cuentas es lo que llama la “solución adoptada” para cubrir los gastos ordinarios, principalmente en pensiones. Estos préstamos, decía el Tribunal de Cuentas, “no pueden resolver los problemas de sostenibilidad financiera de naturaleza estructural de la Seguridad Social, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados”.

Préstamos y no créditos

Frente a esta tesis, el ministro Escrivá, como antes Cristóbal Montoro, siempre ha dicho que da lo mismo que el déficit del sistema de pensiones se sitúe en la Seguridad Social o en la contabilidad de la Administración del Estado, pero esta interpretación choca con las recomendaciones históricas del Pacto de Toledo, que siempre ha sugerido reformar en el sentido de lograr la suficiencia financiera de la Seguridad Social, incluyendo la separación de fuentes de financiación, algo que desaparece cuando los préstamos del Estado para financiar prestaciones contributivas son cada vez más relevantes. El Estado, de hecho, podría ampliar los créditos de la Seguridad Social (que no exigen devolución) en lugar de ir por la vía de los préstamos.

El empleo, como se sabe, es el principal oxígeno financiero del sistema público de pensiones, ya que se trata de un sistema de reparto, y lo que ha ocurrido entre mediados de marzo y el 30 de abril (últimas cifras publicadas) es que la afiliación a la Seguridad Social arroja una disminución del número de ocupados de casi 950.000 personas. Existe, igualmente, el consenso de que un número de trabajadores relevante perderá su empleo después de que finalicen las ayudas a quienes están acogidos a ERTE.

Lo peor, con todo, es que los números rojos se han agravado con la pandemia, lo que obligará al Gobierno a aprobar un nuevo préstamo a la Seguridad Social antes de que acabe el año. Probablemente, en una cuantía muy parecida a la actual. Ahora ya no solo para pagar la nómina extraordinaria del próximo mes de diciembre sino, también, para cubrir el desfase ordinario entre ingresos y gastos.

Un déficit disparado

El Gobierno ha estimado en el 'Programa de convergencia' para este año un déficit del conjunto de las administraciones públicas equivalente al 10,3% del producto interior bruto. La mayor parte de ese desequilibrio tiene que ver con la coyuntura derivada del covid-19, pero alrededor de una tercera parte hay que relacionarla con un déficit de carácter estructural, que el Banco de España ha estimado en cerca de un 3%. El panel de Funcas, de hecho, que recoge los principales institutos de coyuntura del país, estima que el año próximo el déficit todavía se situará en el 7,1% del PIB.

Es decir, que no se trata de un desequilibrio achacable en exclusiva al virus sino a problemas de fondo de la economía pública, y, en particular, del sistema de Seguridad Social, que ni siquiera en los años con fuerte crecimiento es capaz de estabilizar su situación financiera. Entre otros motivos, porque el Pacto de Toledo, que es el foro en el que los partidos deben discutir el futuro del sistema de pensiones, lleva ya cerca de una década sin dar soluciones. La última reforma de calado se aprobó unilateralmente en 2012, pero desde entonces el propio Partido Popular, que fue quien la aprobó con su mayoría absoluta, incumplió las reformas paramétricas.

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Como advertía hace unos días en el Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el gasto en pensiones experimentará incrementos en los próximos años como consecuencia del efecto combinado del envejecimiento de la población y de la suspensión de la aplicación del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad.

Asimismo, se han anunciado también algunas medidas que aumentarían el nivel de gasto de manera permanente, como el derivado de la introducción de una renta mínima, pendiente de concretar. El ministro Escrivá ha estimado que el ingreso mínimo vital tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros que todavía no están presupuestados.