El alza del IPC por encima del salario cuesta 2.000 euros a cada trabajador

Malos tiempos para los sueldos. El año 2022 será recordado como el ejercicio en que los salarios perdieron más poder adquisitivo en democracia. Aunque los datos son todavía parciales —únicamente reflejan lo pactado hasta el pasado 30 de abril—, una primera evaluación ya representativa muestra que solo el 20,9% de los trabajadores ha notado en sus nóminas un incremento salarial superior al 3%, porcentaje que ni siquiera cubre el alza de la inflación ese mes: un 8,3%, tanto en media anual como en la acumulada durante los 12 meses anteriores.

Casi el 80% restante, por lo tanto, ha visto que la revisión salarial no alcanza ese 3%. Es más, el mayor porcentaje (un 36%) apenas ha visto un incremento situado entre el 1,5% y el 2%.

La pérdida es mucho mayor que la registrada en 2021, cuando comenzó la escalada de la inflación. Ese año, los salarios subieron un 1,5% mientras que el IPC (media anual) creció un 3,1%, más del doble. Eso quiere decir que en dos años los salarios habrán perdido alrededor de ocho puntos de poder adquisitivo. Teniendo en cuenta que la ganancia media anual por trabajador se sitúa en unos 25.000 euros, según el INE, eso significa que la pérdida de poder adquisitivo será de unos 2.000 euros por trabajador.

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Los datos sobre evolución de los salarios proceden del informe sobre negociación colectiva elaborado por el gabinete técnico de CCOO, y muestran un fenómeno muy poco frecuente en las relaciones laborales. El aumento salarial en las empresas es superior al que se pacta en los convenios sectoriales.

La diferencia es reducida, dos décimas, pero es muy significativa porque históricamente se ha considerado que en los ámbitos de negociación más pequeños, donde los sindicatos tienen menos fuerza, los sueldos suben menos que en los más grandes. Esta explicación, de hecho, es la que estuvo detrás de la reforma laboral de 2012, cuando se priorizaron los convenios de empresa frente a los sectoriales. Pues bien, mientras que los primeros han subido un 2,58%, los segundos se han incrementado un 2,39%.

La diferencia favorable a los de empresa, como recuerdan los técnicos de CCOO, se reproduce en todos los sectores excepto en Industria, donde los convenios sectoriales superan en casi cuatro décimas a los de empresa (3,14% frente al 2,76%).

Por debajo del 2%

La subida de los sueldos para adecuarlos a la inflación, en todo caso, no es nada homogénea. Existe una enorme heterogeneidad. En ocho comunidades autónomas, en concreto, no se alcanza el 2,4% de incremento medio, destacando el caso de Aragón, que es la única que se sitúa por debajo del 2%.

A resaltar también que los convenios interautonómicos, es decir, aquellos que afectan a varias regiones, y que implican a cerca de dos millones y medio de personas, tampoco llegan a ese 2%, "tirando de la media general hacia abajo", como sostiene CCOO. Por el lado contrario, tres comunidades superan el 4% de incremento medio, son el País Vasco, con mayor peso de la industria, y con un incremento del 5,1%, seguida de Cantabria, con un 4,2%, y la Comunidad Valenciana, con un 4,1%. En Madrid, la subida salarial es del 2,6%, ligeramente por encima del 2,4% del conjunto de España.

La pérdida de poder adquisitivo tiene que ver, al contrario de lo que sucedía antes de la crisis financiera de 2008, con la paulatina desaparición de las cláusulas de revisión salarial, que protegían los sueldos de la inflación. En 2021, apenas el 15,6% de los convenios contemplaba este tipo de cláusulas, si bien en 2022, en plena escalada de la inflación, han vuelto a ganar fuerza, aunque son todavía minoritarios.

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Según los datos de la negociación colectiva, hoy el 26,9% de los acuerdos laborales —uno de cada cuatro— incluye algún tipo de salvaguarda para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, al calor del aumento de los precios se ha producido un incremento de 10 puntos. En todo caso, niveles muy inferiores a los de los años anteriores a 2008, cuando prácticamente tres de cada cuatro convenios tenían alguna cláusula.

Ahora bien, si se desciende al detalle, es decir, por sectores de actividad, se advierten diferencias significativas en el porcentaje de convenios que han registrado efectos económicos para 2022: mientras que el porcentaje de los que cuentan con cláusula de garantía asciende al 23% en el sector industrial, en el sector agrario se sitúa en el 12%, en servicios en el 11% y en la construcción se queda en el 2%.

La reforma laboral de 2012, como se sabe, facilitó la inaplicación de un determinado convenio colectivo si la empresa en cuestión pasaba por problemas económicos. Y lo que está sucediendo es que esa vía de escape, pese a que la economía ha pasado por muchos vaivenes desde 2019, sigue sin utilizarse de forma relevante. En el primer cuatrimestre del año, en concreto, se han registrado apenas 221 implicaciones que afectan a 8.124 trabajadores, en la gran mayoría relacionadas con el pago de salarios. En 2021, fueron 26.923, y hubo cifras muy similares desde 2013, que fue el año en que se produjeron más descuelgues. Sin duda, espoleados por la cercanía de la reforma laboral. Hoy, aquella reforma queda muy lejos.