Comprar inflación, como hace el Gobierno, es rentable, pero solo a corto plazo

Es muy conocido que el ocaso del franquismo coincidió con una subida en vertical de los precios del crudo como consecuencia de la guerra de Yom Kipur (1973), que triplicó el barril de petróleo en apenas unos días. Y no es menos sabido que la estrategia de la dictadura fue la del avestruz, es decir, dejar las cosas como estaban.

Las autoridades económicas del momento, en pleno debilitamiento del régimen, prefirieron no intervenir para evitar el coste social, lo que explica que España tuviera que esperar a la firma de los Pactos de la Moncloa (1977) para adoptar las primeras medidas serias contra el alza de los precios. El resultado, como se sabe, fue que el ajuste en términos de empleo y crecimiento fue mucho mayor de lo que inicialmente hubiera ocurrido si se hubieran tomado las medidas a tiempo. Y de ahí que, en la literatura económica, siempre se haya visto a España como un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando estalla una crisis exógena: esconder la suciedad bajo la alfombra.

Algo parecido ha hecho el Gobierno con la inflación. Como no podía domarla tras alcanzar un pico del 9,8% —la más alta en casi cuatro décadas—, lo que ha hecho es sacar el talonario y comprar inflación, ya sea pagando 20 céntimos por litro de combustible o rebajando el precio de la luz asumiendo parte de los costes vía impuestos. La medida, aunque parezca lo contrario, es razonable. Si el Gobierno no hubiera intervenido los precios, es muy probable que hoy se estuviera hablando de un IPC muy por encima del 10%, con las consecuencias que ello tendría para la economía nacional. Ya sabe que a situaciones excepcionales hay que responder con medidas extraordinarias.

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Lo que no está tan claro, sin embargo, es saber hasta cuándo es posible mantener la política de comprar inflación. Los precios han bajado en abril hasta el 8,4% porque el presupuesto público ha corrido con los gastos, al menos hasta el 30 de junio. Eso quiere decir, ni más ni menos, que, si a partir de esa fecha se retiran las subvenciones a la energía, el IPC volverá a subir con fuerza. Claro está, salvo que el barril de crudo inicie un significativo descenso, algo que hoy por hoy no se detecta. El crudo Brent se mueve hoy en torno a los 104 dólares el barril, que es el mismo precio que alcanzó al principio de la guerra, mientras que el gas, en el mercado holandés de referencia, cotizaba este jueves alrededor de los 102 euros megavatio/hora, también niveles similares a los que marcaba al comienzo de la invasión.

Política del avestruz

Eso quiere decir que tarde o temprano el Gobierno tendrá que decidir si sigue comprando inflación, lo cual sería volver a la política del avestruz, o, por el contrario, opta por trasladar los precios reales a los consumidores, lo que sin duda tendría un coste en términos sociales y políticos. Ningún presupuesto, y menos el español, con un déficit estructural del 4%, como acaba decir la Comisión Europea, puede aguantar mucho tiempo asumiendo una parte de los costes de la energía.

Sobre todo en un contexto como el actual, en el que ya se observa que la inflación de segunda ronda, que todavía no había aparecido, comienza a hacerlo con fuerza. El dato más significativo es, de hecho, la inflación subyacente, que ha escalado hasta el 4,4% interanual, un punto más que en marzo.

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Como se sabe, la subyacente excluye a los alimentos no elaborados y a la energía, que son los precios más volátiles. El Gobierno puede actuar sobre la energía, como lo ha hecho, pero difícilmente lo puede hacer sobre el resto de componentes del IPC, salvo que juegue a intervenir los precios, lo cual no parece posible en el marco de la Unión Europea. Este era, precisamente, el núcleo de la discusión entre España y Bruselas por los topes a los precios de la electricidad.

Esto significa que el margen de maniobra para actuar sobre el alza de los precios se ha estrechado mucho, ya que la inflación subyacente lo que muestra, en realidad, es el libre funcionamiento de la economía privada. Y lo que hoy está fuera de toda duda es que la inflación ha comenzado a colarse entre sus poros, como una lluvia fina que mes a mes va calando.

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La diferencia entre la inflación subyacente y la que no lo es, precisamente, es que sobre la primera solo se puede influir de forma contundente con la política monetaria, que en lugar de actuar como un bisturí lo hace como un mazo. Es decir, a costa del crecimiento. Claro está, salvo que los agentes sociales y económicos pacten una política de rentas equilibrada capaz de repartir los costes de la inflación. No parece que vayan los tiros por ahí. O, claro está, salvo que se hagan reformas económicas de calado para hacer los mercados más eficientes suprimiendo oligopolios o eliminando cuellos de botella que hacen subir los precios. Tampoco parece que el clima político esté por la labor.