Sánchez blinda la entente con ERC y Bildu en los últimos PGE antes de la batalla contra Feijóo

La legislatura arrancó con una frágil unión temporal de intereses entre diferentes grupos parlamentarios en torno a la investidura de Pedro Sánchez que, ley tras ley y presupuesto tras presupuesto, ha ido cohesionándose hasta llegar al último año de mandato en forma de entente. Los Presupuestos Generales de 2023 han obtenido esta tarde en el Congreso el apoyo de una holgada mayoría de 187 votos a favor, frente a los 167 que obtuvo Sánchez en la investidura. El precario bloque de investidura se ha transformado así en bloque de legislatura. Hasta el punto de afrontar el próximo ciclo electoral desde la unidad, cuando lo habitual entre partidos que compiten electoralmente es marcar distancias antes de acudir a las urnas. Los propios socios se han encargado de recordar a Sánchez que su reelección en los próximos comicios depende de mantener estos apoyos y las encuestas son claras al respecto.

El Gobierno de coalición en minoría parlamentaria ha logrado firmar unos terceros presupuestos que hace tan solo unos meses parecían una quimera. La crisis con ERC por el caso Pegasus, que congeló sus relaciones con el Ejecutivo, la posibilidad de prorrogar las actuales cuentas y, sobre todo, el contexto a las puertas del un nuevo ciclo electoral, pusieron en duda su aprobación y hasta su presentación. Las cuentas públicas del próximo año, sin embargo, han vuelto a salir adelante en tiempo y forma, a la espera de pasar el trámite del Senado, garantizando a Sánchez estabilidad política y presupuestaria para completar la legislatura. El jefe del Ejecutivo consigue su principal objetivo a cambio de atarse a un heterogéneo bloque que, además de sus socios de Unidas Podemos en el Gobierno, completan independentistas (ERC y EH Bildu), nacionalistas (PNV y PDeCAT) y regionalistas (Coalición Canaria, Más País, Compromís y PRC).

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Iván Gil

Teruel Existe sí se ha descolgado, lo que un alto cargo de la cúpula de Ferraz interpreta más como una táctica electoralista de la organización para marcar perfil propio en las autonómicas, donde rivalizarán con el socialista Javier Lambán. El BNG, siempre reacio a visibilizarse como socio del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, ha vuelto a optar por la abstención en la votación de las cuentas públicas.

La estabilidad tiene un precio y pasa por el coste electoral de estas alianzas. No en vano, las principales críticas de la derecha se han centrado durante el debate de los presupuestos en el perfil de sus compañeros de viaje independentistas y las cesiones para conseguir su apoyo, en lugar de enfocarse en el proyecto de las cuentas públicas. Las referencias a ETA volvieron a colmar el diario de sesiones de la segunda jornada del pleno, por el acuerdo con EH Bildu para acelerar la transferencia de Tráfico a Navarra.

Si los compromisos políticos son la principal razón por la que Sánchez ha logrado reforzar el apoyo de los aliados parlamentarios, el principal pegamento para mantener esta sigue siendo lo que los socios denominan "falta de alternativa". El obligado cierre de filas con la ministra Irene Montero, tras las descalificaciones personales vertidas desde la tribuna por una diputada de Vox, como metáfora de la política de bloques. Si había debate entre los socios sobre la necesidad o no de corregir su ley estrella, la denominada 'solo sí es sí' ante la revisión de sentencias, estas diferencias quedaron disipadas para centrar todos los esfuerzos en responder desde la unidad a los "ataques de la ultraderecha". El conmigo o contra mí, fruto de la polarización política.

Ya sea por resignación ante la "falta de alternativa" o por estrategia de arrancar acuerdos y mostrarse útiles como parte de las competiciones particulares que mantienen PNV y EH Bildu en Euskadi o ERC y JxCat en Cataluña, el bloque de investidura se asienta con características más propias de lo que Pablo Iglesias ya denominó "bloque dirigente". Ya antes de la investidura, el exvicepresidente apuntó a un cambio de paradigma con el fin del bipartidismo imperfecto y el surgimiento de otra "dirección de Estado".

Lo que se bautizó como Gobierno Frankenstein y que, no sin fuertes tensiones y amenazas de desintegración, ha acabado convirtiéndose en sinónimo de estabilidad si se compara esta legislatura con el periodo desde finales de 2015 en el que estalló el multipartidismo. Todo ello después de la disputa entre PSOE y Unidas Podemos, con los primeros buscando una geometría variable que incluyese el apoyo de Ciudadanos, y los segundos oponiéndose y finalmente logrando orillar a los naranjas para priorizar a los independentistas.

La estabilidad es un valor al alza en un contexto de incertidumbre, marcado por las consecuencias económicas de la guerra y antes la pandemia, y el Gobierno hace buena gala de ello para combatir el desgaste que suponen sus alianzas con el independentismo. La palabra más repetida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de enmiendas a la totalidad de los presupuestos de 2023 fue estabilidad. En este pleno, los socialistas han optado por arrastrar al PP junto a la ultraderecha y enmarcarlos como un "partido anstisistema".

"A día de hoy, el PP es un partido antisistema. No cumple la Constitución, no tiene una visión de Estado ni liderazgo ni visión de país. España necesita otra derecha", arremetía el portavoz de los socialistas, Patxi López. Todo ello frente a la "política útil" en la que dijo reafirmarse Sánchez con estas cuentas públicas, que ahora seguirán su tramitación en el Senado para su aprobación definitiva. El peaje electoral de las alianzas del Gobierno se busca contrarrestar con las justificaciones a la mentada estabilidad y al supuesto desvío de los populares de la senda institucional.

Desde la eclosión del multipartidismo en las elecciones generales de diciembre de 2015, poniendo fin a las mayorías parlamentarias, no se había completado ninguna legislatura. La inestabilidad se tradujo en las primeras investiduras fallidas de la democracia —hasta llegar a un total de tres—; dos repeticiones electorales; cuatro mandatos; tres mociones de censura, de las cuales una se convirtió en la única exitosa en democracia —la presentada por Pedro Sánchez contra Mariano en 2018—, y una prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2018 que se extendió tres ejercicios, hasta finales de 2020, cuando el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos aprobó las primeras cuentas.