El espionaje de Pegasus enrarece aún más la relación de Sánchez con Podemos y ERC

El espionaje de Pegasus enrarece todavía más la relación de Pedro Sánchez con sus socios. Con los que tiene dentro del Ejecutivo, Unidas Podemos. Pero también con sus apoyos parlamentarios. ERC evita dejar de respaldarle, pero "congela" la mesa de diálogo por la "pérdida de confianza en la relación entre los dos gobiernos", en palabras del propio presidente Pere Aragonès, uno de los espiados. "A día de hoy, no estoy seguro de que mis comunicaciones sean seguras", denunció ayer. Sin embargo, el apoyo de ERC en Madrid continúa pese a que Carles Puigdemont ha pedido desde Bruselas que se deje caer al presidente español. "Habrá que ir paso a paso", advirtió Aragonès en una intervención en TV3 tras publicarse que más de 60 políticos independentistas fueron espiados en sus teléfonos.

El valor de no ir a la mesa de diálogo es más simbólico que otra cosa, ya que la mesa en cuestión no ha sido convocada. Pero deja a Sánchez sin su principal carta ante Cataluña. Más incidencia podrá tener la suspensión de las reuniones de la comisión bilateral Estado Generalitat. Incluso Aragonès ha reconocido que las reuniones para los Juegos Olímpicos de Invierno seguirán. Ha diferenciado entre "reuniones técnicas" y "reuniones políticas".

ERC y JxCAT discrepan una vez más. JxCAT quiere romper con el Gobierno de Pedro Sánchez, pero eso ya pasaba antes de que se reactivase el escándalo de espionaje Pegasus. La Generalitat ha puesto a trabajar en el caos a los Mossos y la Agencia de Ciberseguridad, la cual depende del vicepresidente, Jordi Puigneró.

La Generalitat exige tres cosas: una investigación tanto nacional como internacional, la creación de una comisión parlamentaria que analice el caso y la depuración de responsabilidades políticas, tras la vigilancia a la que se sometió a 65 líderes del independentismo. Eso es lo que haría falta para "recuperar la confianza mínima entre gobiernos", en palabras de Aragonès. Unidas Podemos, socio de gobierno de Pedro Sánchez, apoya estas líneas maestras, pero tampoco está dispuesto a romper el Gobierno de coalición por este motivo.

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Marcos Lamelas. Barcelona

Fuentes del Gobierno defendieron que el contacto con los líderes del independentismo catalán es “permanente”, aunque los presidentes Sánchez y Aragonès no han hablado de este asunto, y confiaron en que este caso no afecte a la agenda de la mesa política con Cataluña, que confiaron en poder reunir pronto porque hay “avances”, señalaron sin más detalles desde el Ejecutivo. El Ejecutivo confía en que las tensiones dentro de la propia Generalitat, donde el expresidente Puigdemont insta a romper relaciones con el Gobierno y ERC se conforma con pedir explicaciones a Moncloa, no afecten a las relaciones políticas con Cataluña.

Así, en la relación entre los socios de coalición de PSOE y Podemos se abre una nueva vía de agua con el caso Pegasus, sobre el supuesto espionaje masivo a líderes del independentismo catalán entre 2017 y 2020. Primero fue el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quien pidió una investigación y que tienen que “rodar cabezas” si hay ilícitos cometidos desde el Estado. Después fue la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, quien avisó de que no permitirán “ninguna sombra de duda” con este caso de espionaje, sumando a su partido y a los políticos catalanes como víctimas de “las cloacas del Estado”. Seguían el paso marcado un día antes por el exvicepresidente Pablo Iglesias, que pidió que los ministros de Defensa e Interior dieran explicaciones en el Congreso.

Podemos marca su propio territorio en un asunto con el que siempre ha marcado perfil propio frente al PSOE, al considerar que sus siglas han sido víctimas de esa "estructura profunda" del Estado. Ocurría el mismo día en que Iglesias presentaba en Madrid su último libro, con la presencia de las ministras Belarra y la titular de Igualdad, Irene Montero. Con un trasfondo además en clave catalana muy claro, donde Podemos compite de forma directa con ERC y los comunes de Ada Colau por el mismo espacio electoral, muy diferenciado del PSC y el PSOE de Pedro Sánchez.

El Gobierno dejó claro que no está implicado en este supuesto caso de espionaje masivo y la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, mostró la disposición del Gobierno, si lo reclama la Justicia, a colaborar en la investigación. “El Gobierno no tiene nada que ocultar”, señaló. Hay preocupación de que este caso enturbie las relaciones con los líderes catalanes y con la Generalitat de Pere Aragonès, uno de los afectados por el espionaje.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado su comparecencia en el Congreso e informará a los grupos. Sí admiten en el Ejecutivo que hay límites en la información que puede ofrecer el Gobierno, apelando a la Ley de Seguridad Nacional y la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esta última norma señala, en su artículo 5, que “para el cumplimiento de sus funciones, el Centro Nacional de Inteligencia podrá llevar a cabo investigaciones de seguridad sobre personas o entidades en la forma prevista en esta Ley y en la Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia”. En este sentido, el Gobierno no pudo aclarar si el CNI usó o no el sistema Pegasus.

Explicaciones del Gobierno

El caso, que los líderes catalanes afectados han llevado a los tribunales, analiza el espionaje masivo a un total de 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos, entre otros Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Quim Torra y Oriol Junqueras. La información fue destapada por una investigación de la organización Citizen Lab, vinculada a la Universidad de Toronto, y ampliada por los periodistas de ‘The New Yorker’. Revela que los teléfonos móviles de eurodiputados, parlamentarios, abogados y otros líderes del movimiento independentista catalán fueron espiados con Pegasus. Se trata de un 'software', de origen israelí, que solo se vende a los gobiernos. El Ministerio de Interior negó cualquier relación con estas prácticas.

En un primer momento, el Gobierno enmarcó la solicitud de Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, en una estrategia en el Congreso, asegurando que este asunto no llevaría turbulencias al seno de la coalición. Poco después, fue la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la que asumió en primera persona la solicitud de esa investigación. “Las cloacas del Estado ya persiguieron a Podemos y a políticos catalanes. No podemos permitirnos ninguna sombra de duda con un nuevo caso de espionaje. Investigar y, en su caso, depurar responsabilidades para garantizar la calidad de nuestra democracia”, dejó escrito en sus redes sociales.

Podemos marca distancias con el PSOE en este asunto. El primero que lo hizo fue el exvicepresidente Pablo Iglesias, que en una intervención en ‘Hora 25’, de la SER, dejó claro el discurso que luego asumirían Echenique y Belarra. Iglesias recordó que en España es “ilegal” sin una autorización judicial pinchar el teléfono a nadie. Como este sistema Pegasus, razonó, solo se vende a los gobiernos, consideró que tanto la ministra Robles como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debían comparecer en el Congreso a petición propia y “responder a todas las preguntas”.

Iglesias se mostró como víctima del coronel Diego Pérez de los Cobos, a quien acusó, como mando de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, “siguiendo un bulo de la extrema derecha”, de mandar “un operativo de guardias a pedir las grabaciones” de un supermercado donde dijeron que Iglesias había estado sin mascarilla y sin guantes. “Esto fue una acción ilegal”, sostuvo, aunque consideró que Pérez de los Cobos no actuó por orden de Marlaska. También denunció Iglesias que la Guardia Civil supuestamente había colocado una cámara a la entrada de su casa que permitía el acceso a las imágenes de cualquier persona por internet, de lo que les avisó un vecino. “El Ministerio de Interior y Defensa tienen que hacer una investigación interna y que rueden las cabezas que tengan que rodar, y cualquier guardia civil o policía que sin recibir órdenes directas del ministro haya podido espiar a políticos catalanes o vascos no puede volver a vestir un informe ni ocupar una responsabilidad en el Estado jamás”, sostuvo Iglesias. Que se mostró igualmente convencido de que “ni se va a hacer una investigación interna ni van a rodar cabezas”, porque con “el Estado profundo no se ha atrevido ningún Gobierno en este país”, sostuvo.

“Total colaboración con la Justicia”, replicó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que insistió en varios momentos en su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en que España es “un país democrático y un Estado de derecho” en el que “no se espía y no se intervienen informaciones o conversaciones si no es al amparo de la ley”. Desde el Ejecutivo, insistieron además en que han dado muestras sobradas de querer superar el conflicto político con el independentismo y “devolver tranquilidad a la ciudadanía catalana”. “Hoy Cataluña no es la Cataluña de 2019 ni de 2017”, señaló la portavoz, marcando distancias con lo que ocurrió en la etapa del Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy.