El cese "ilegal" de Pérez de los Cobos abre la vía para acusar de prevaricación y acoso a Marlaska

La contundente decisión de la Audiencia Nacional sobre el cese por parte del Ministerio del Interior del que fuera jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha abierto una puerta que puede complicar aún más la situación del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, y del resto de altos cargos de su departamento. La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 sienta las bases para una posible querella por prevaricación y acoso laboral. El coronel no solo fue apartado de su puesto tras negarse a informar de las investigaciones que llevaban a cabo los hombres a su cargo en la causa sobre la manifestación del 8-M. También se vetó posteriormente su ascenso a general pese a sus méritos.

Especialistas en penal consultados consideran que, tras el fallo adoptado en la vía administrativa, en la que se ha declarado la ilegalidad del acto, el afectado cuenta ya con el apoyo de una sentencia que concluye que la resolución de su cese fue "injusta y arbitraria" y "dictada a sabiendas de su injusticia". Esos dos puntales son los elementos del tipo delictivo de la prevaricación. "Ni Marlaska ni la directora general de la Guardia Civil que propuso el cese podían desconocer el motivo último por el que le cesaban, y que era un acto injusto. En el caso del ministro, que es magistrado, con más motivo", indica una de las fuentes consultadas.

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Aunque la resolución de la Audiencia Nacional aún no es firme y el ministerio ha anunciado que la recurrirá a través de la Abogacía del Estado, el juez de lo contencioso ya ha apreciado una ilegalidad flagrante en la destitución y ha afirmado que lo relevaron por negarse a informar de lo que no podía informar, esto es, una investigación en curso, que afectaba al propio Gobierno y que se llevaba a cabo en el marco de una causa judicial secreta. De hecho, la jueza que se encargaba de la instrucción de aquel procedimiento llegó a advertir en varias ocasiones a la Guardia Civil de su obligación de mantener la confidencialidad de las actuaciones. La sentencia de la Audiencia, muy dura, está repleta de frases que así lo recuerdan.

En ese contexto, el magistrado Celestino Salgado, que no pertenece a ninguna asociación judicial, afirma que la supuesta "pérdida de confianza", que fue el motivo oficial en el que se basó Interior para relevar al coronel, se produjo como "directa consecuencia" de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal, como lo hubiera sido haber informado a los responsables políticos del Ministerio del Interior sobre una investigación sometida a la más estricta reserva. "El motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) como a sus superiores, en este caso al señor Pérez de los Cobos". "La legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad", asegura el magistrado en otro de los puntos.

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También se refiere Salgado a la arbitrariedad del acto. "La motivación puede calificarse sin ambages como inexistente, insuficiente, incoherente, inveraz, incompleta y arbitraria, a la vez que incurre en evidente desviación de poder", agrega el magistrado que, con base en estos motivos, declara la nulidad del cese y ordena la readmisión de Pérez de los Cobos en el puesto del que fue descabalgado.

También apunta al secretario de Estado

El dictamen no solo compromete a Marlaska. La propuesta de cese de Pérez de los Cobos, en la que se admitía que el motivo era “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, fue redactada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y recibió el respaldo del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, también juez de carrera como el ministro y encargado, por su puesto en el organigrama del departamento, de materializar el cese.

Opinión

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Respecto al acoso laboral, las fuentes jurídicas consultadas se refieren al tipo recogido en el artículo 173 del Código Penal. Aseguran que, al unir el cese con la decisión de no promocionar a general a Pérez de los Cobos, existe base para considerar que se le ha sometido a un trato degradante y se ha menoscabado su integridad moral, y además se ha hecho en el ámbito de una relación funcionarial y prevaliéndose el ministro y la directora general de su relación de superioridad. Como reveló este diario, el coronel quedó en el primer puesto en el curso de ascenso a general, pero Interior obvió sus méritos y decidió elevar de rango a los mandos que habían quedado en segundo, tercer y cuarto lugar.

La querella por prevaricación no solo puede ser interpuesta por el afectado. De hecho, los juzgados de plaza Castilla ya admitieron y archivaron posteriormente una primera acción por estos hechos cuando aún no se había determinado la ilegalidad en la vía administrativa. La situación ha dado un giro con la resolución de la Audiencia Nacional. El ministro es aforado, por lo que cualquier investigación al respecto debería ser asumida por el Tribunal Supremo.

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Reincorporación en su puesto

La sentencia de la Audiencia coloca, además, al ministro del Interior en la delicada situación de tener que afrontar la restitución de Pérez de los Cobos en su antigua responsabilidad. Fuentes jurídicas consultadas precisan que el coronel tiene previsto pedir la ejecución provisional de la sentencia ante el Juzgado Central que ha examinado su caso. Ante los argumentos del magistrado, es más que previsible que se admita, si bien lo más habitual es acompañar la decisión con la solicitud de una fianza para prevenir hipotéticas decisiones contrarias como resultado del recurso que presentará el ministro Marlaska.

Tras conocerse el fallo, la oposición salió en tromba para reclamar el cese del ministro. El presidente del PP, Pablo Casado, parafraseó la sentencia para recordar que "la legalidad no puede ser arrinconada por la discrecionalidad". Lo mismo reclamó Ciudadanos. "Marlaska debe ahora hacer dos cosas: acatar la resolución y dimitir. España no merece un ministro como él", indicó la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas. Vox también pidió el cese e indicó que debería dimitir de forma inmediata "por indigno y prevaricador".