Sánchez no repercutirá el agujero de gasto de las pensiones sobre Euskadi y Navarra

El PNV cerró ayer los flecos de una negociación vital para la sostenibilidad de las arcas públicas vascas y, con él, Pedro Sánchez se aseguró sus votos para los presupuestos generales de 2023. El Gobierno central y el de Iñigo Urkullu firmaron los términos en los que se concretará la ley del cupo para los cinco próximos años. La reunión celebrada en Madrid terminó, una vez más, con una gran sonrisa de los nacionalistas vascos y el perfil bajo del Ministerio de Hacienda tras acordar que las relaciones financieras entre ambas administraciones no variarán pese al enorme boquete abierto en la Seguridad Social. Es decir, el País Vasco (y Navarra) se libra de soportar el grueso déficit de las pensiones. La aportación base de Euskadi (para contribuir a financiar los gastos comunes) vía cupo será de 1.472 millones de euros al año. A pesar de que se trata de una suma “muy similar” a la de los últimos ejercicios (1.403 millones el año pasado), desde el Ejecutivo de Vitoria aseguran que sí se han introducido en la negociación los enormes costes recientemente asumidos por el Estado para hacer frente al déficit de la Seguridad Social.

Lo cierto es que el PNV, que gobierna las tres diputaciones forales y el Ejecutivo de Vitoria, ya arrancó a Mariano Rajoy un ventajoso cupo base de 1.300 millones. Pero la novedad en esta negociación es que el Estado ha asumido directamente el agujero de la Seguridad Social, con una aportación de unos 38.000 millones de euros en los presupuestos de 2023, que deberían haber tenido un notable reflejo en el saldo final del cupo actualizado. Fuentes autorizadas de los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social aseguraron a El Confidencial hace ahora un año que se incluiría en la negociación ese cálculo del coste de traspasar los conocidos como gastos impropios de la Seguridad Social a los presupuestos generales (18.000 millones de euros). A priori, el resultado era que el Gobierno vasco —sus haciendas forales— debería haber aumentado su contribución en bastante más de 1.000 millones de euros, el doble de lo que aportan en la actualidad. Pero no habrá tal agujero en las cuentas del Ejecutivo de Vitoria.

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Tal y como figura en el proyecto de presupuestos generales para 2023, las aportaciones del Estado a la Seguridad Social ascienden a 38.904 millones de euros. En esa cifra se incluyen los “gastos impropios” de la Seguridad Social (pensiones no contributivas), que ascienden a unos 19.888 millones (de los cuales, 3.000 M son para cubrir pensiones de nacimiento y cuidados del menor, entre otros). Este importe, en definitiva, lo asume el Estado para todos los pensionistas españoles. Y las de los vascos son, de media, las más elevadas (1.536 euros), como también lo son sus cotizaciones. El cálculo del cupo debe recoger ese 6,24% del total de los gastos del Estado en todas las competencias no transferidas como Defensa, Relaciones Exteriores, Casa Real, Cortes o el normal funcionamiento de la Administración central.

El Gobierno vasco niega un cálculo ventajoso

Fuentes del Gobierno vasco desmienten que haya un cálculo ventajoso del cupo e insisten en que el suyo es un sistema de riesgos que requiere de una lectura más compleja y alejada del bullicio político y mediático. “No se puede hacer un análisis aislado del gasto de la Seguridad Social. El cálculo del cupo es un compendio; se ha visto compensado por otras cosas, cogemos las cargas asumidas y las no asumidas, de las que pagamos el 6,24%, y luego descontamos los ingresos no tributados, los tributos no concertados y el déficit y el ajuste por imposición directa. Es un compendio, no vale solo fijarnos en una única cuestión”, señala una fuente implicada en la negociación con el Ministerio de Hacienda. Esta voz autorizada recalca que la carga de la Seguridad Social asumida por el Estado contabiliza como déficit (no figura en los gastos propios del presupuesto) y que, tal y como establece la ley del cupo (artículo 6.1.c), ese déficit debe ser compensado al País Vasco. Traducido, no se tiene que abonar.

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El acuerdo político lo avanzó el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, el pasado 21 de octubre. Su grupo le ahorraba a Sánchez la enmienda a la totalidad de los presupuestos a cambio de celebrar la Comisión Mixta y renovar “en los mismos términos y los mismos parámetros” la ley quinquenal del cupo. Esteban se congratuló de “asegurar recursos suficientes” para Euskadi en "un reparto justo de las cargas". Dicho y hecho. Apenas 30 días después, los dos equipos firmaban la renovación, que deberá ser ratificada ahora por el Congreso y el Senado. Con la máxima celeridad y muy lejos del foco mediático, centrado estos días en las derivadas de la negociación presupuestaria con ERC (eliminación del delito de sedición, presunta reforma de la malversación) y en el desaguisado jurídico que ha supuesto la ley del solo sí es sí.

Como un mero trámite más, la Comisión de Presupuestos del Congreso aprobó este jueves el informe de las cuentas públicas para el próximo año, con el voto favorable del PNV y de Coalición Canaria, y las abstenciones de ERC y de Bildu, que ayer se anotó un tanto ante sus rivales vascos al anunciar que la gestión de los impuestos a las eléctricas y a la banca serán tramitados por las haciendas forales, lo que provocó el enfado mayúsculo del PNV con el PSOE por haberle relegado en la negociación de la enmienda en cuestión.

El acuerdo suscrito ayer, que abre el camino al Convenio económico con Navarra, incluye también el compromiso de transferir dos nuevos impuestos relacionados con la gestión medioambiental. Las haciendas vascas recaudarán a partir de ahora el impuesto especial sobre envases de plástico de un solo uso (no reutilizables) y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos o en su incineración. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico de Iñigo Urkullu, supondrá unos ingresos añadidos de 75 millones de euros.