Sánchez duplicará a Urkullu la factura del cupo vasco en plena tirantez con el PNV
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Tras pactar con Bildu y ERC

Sánchez duplicará a Urkullu la factura del cupo vasco en plena tirantez con el PNV

El acuerdo presupuestario ha devaluado el voto del PNV. Por si fuera poco, la negociación del nuevo cupo guarda una desagradable sorpresa para Urkullu. Vitoria deberá pagar más por los gastos impropios de la Seguridad Social

Foto: Sánchez da cuenta de la pandemia en el congreso
Sánchez da cuenta de la pandemia en el congreso
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Pintan bastos para el PNV. El grupo vasco, acostumbrado a ser el más cortejado del Congreso por su condición de bisagra, ha visto cómo Bildu, su gran rival, le ganaba esta semana pasada la partida de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Arnaldo Otegi, de la mano de ERC (18 escaños en total), cerró el lunes un acuerdo temprano con el Gobierno que convertía los seis votos del PNV en irrelevantes. De repente, el actor protagonista de las tres últimas legislaturas en España quedaba destronado. De fondo, la gran amenaza que se cierne sobre el partido nacionalista es verse relegado por un tripartito de izquierdas en el País Vasco (PSE-Bildu-Podemos), aunque para ello haya que esperar todavía algunos años. A ambos extremos de la A-1 se insiste en que el binomio PSOE-PNV por ahora sigue blindado.

En Sabin Etxea consideran un error estratégico que Sánchez alimente a Bildu en detrimento suyo porque "radicaliza" la coalición de gobierno y le pasará factura en las urnas. Defienden que ellos aportan al Ejecutivo un "barniz de moderación", "un prestigio" ante medios económicos y europeos, lo que justificaría que Moncloa insista en que los 'jeltzales' siguen siendo el socio "preferente". Sus votos, precisan fuentes de la dirección vasca, serán necesarios para sacar adelante las grandes leyes de la legislatura, como la reforma laboral o las pensiones. Sánchez, en resumen, no puede ni debe prescindir de su aliado "más fiable". "Somos influyentes en Madrid y se nos escucha con respeto en Europa", defendió ayer su líder, Andoni Ortuzar, ante la asamblea general del partido y frente al "juego de tronos" de PSE y Bildu.

Foto: El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban (c). (EFE/Mariscal) Opinión
Tumbar al PNV
José Antonio Zarzalejos

Pero lo cierto es que, mientras el valor político del PNV se diluye en el Congreso, la negociación del nuevo cupo vasco, que debe actualizarse en 2022, guarda otra desagradable sorpresa para el lendakari, Iñigo Urkullu. Fuentes de Hacienda confirman a El Confidencial que se incluirá en el cálculo el coste de traspasar los conocidos como ‘gastos impropios’ de la Seguridad Social a los presupuestos generales. Este cambio contable supuso pasar una parte del déficit de la Seguridad Social al Estado, una modificación sin efectos prácticos para casi toda España, pero muy relevante para el País Vasco y Navarra, ya que obligará a revisar el cálculo de su aportación anual al Estado para soportar una parte de estos números rojos.

El resultado es que el Gobierno vasco debería aumentar su aportación en más de 1.000 millones de euros. En estos momentos, Euskadi abona una factura de 1.300 millones al año por las competencias no asumidas que le sirve el Estado. El agujero es enorme para el Ejecutivo de Vitoria. Sus ingresos por tributos concertados ascienden a unos 15.000 millones. Debe recordarse que son las diputaciones forales las que atesoran la capacidad recaudatoria del País Vasco.

Foto: El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, y la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua. (EFE)

La negociación para actualizar el cupo aún no se ha abordado, confirman los dos gobiernos. "Cuando llegue el momento, todo se verá. Lo pelearemos, como hemos peleado el IMV o los impuestos más pequeños que están por venir", defienden los nacionalistas, que reconocen que su relación con Sánchez no pasa por un buen momento. Urkullu, poco dado a exabruptos, censuró la semana pasada la conducta de Sánchez como "falta de respeto institucional" por montar un acto de agenda oficial (visitó una fábrica en Vizcaya aprovechando la clausura del congreso del PSE). Y pese a que había confirmado su presencia, el Ejecutivo de Vitoria no acudió el viernes a la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes. Una maniobra de presión que ya dio sus frutos en julio: arrancó el traspaso de nuevos impuestos (la tasa Google, el impuesto sobre actividades financieras y el IVA sobre el comercio electrónico) tras amagar con no asistir a la cumbre autonómica en Salamanca.

Un juego arriesgado

El Gobierno ha desairado al PNV concediendo a Bildu varios brindis políticos que han dolido en Sabin Etxea. Especialmente dos. El primero es el acuerdo para anticipar la edad de jubilación en 60 años de los policías forales de Navarra, que iguala las condiciones que ya tiene la Ertzaintza. Es llamativo que Bildu se anote el cuidado de las fuerzas de seguridad; lo mismo ha conseguido ERC para los Mossos. "Era una reivindicación histórica", se lamentan en Bilbao, donde tampoco ha sentado bien que se les dejara fuera del acuerdo para el fondo de ayudas a los trabajadores víctimas del amianto. La enmienda lleva la firma de Bildu y Podemos. "Alguien nos ha vetado", se quejan. El PSOE, deslizan, ha priorizado el blindaje del Gobierno navarro, apoyado desde fuera por Bildu. También apuntan al ministro Escrivá, considerado bestia negra por el PNV porque bloqueó el traspaso del ingreso mínimo vital —su desbloqueo evitó el veto a las cuentas— y es quien ha cedido ante ERC para asegurarse la reforma de las pensiones. “Se les ha ido la mano”.

Foto: El ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias. (EFE/Kiko Huesca)

El portavoz del grupo vasco en la Cámara Baja, Aitor Esteban, avisó el viernes de que la negociación no ha acabado. "Hasta el rabo todo es toro", dijo mientras Félix Bolaños le llamaba en mitad del desahogo en una rueda de prensa. El voto del PNV es decisivo en la Mesa del Senado, que podría devolver las cuentas al Congreso. No ocurrirá. A cambio, el PNV espera lograr la encomienda de gestión para la ejecución de las obras de soterramiento del AVE en los accesos de Bilbao y Vitoria. Y seguir con el calendario de transferencias pendientes al País Vasco a que se ha comprometido Sánchez. "El Gobierno está mal acostumbrado. A veces nos dan por descontado y recibimos muchos feos. A partir de ahora, seremos más puntillosos", avisan.

La negociación del cupo en 2022

Las conversaciones para fijar en nuevo cupo quinquenal aún no han comenzado, ambas partes están esperando a que los PGE de 2022 queden aprobados definitivamente en las Cortes. La negociación será todavía más importante para el País Vasco en esta ocasión, ya que el cambio del déficit de la Seguridad Social al Estado tiene grandes implicaciones para las comunidades forales. El País Vasco contribuye a la caja única de la Seguridad Social como el resto de autonomías, pero no así al Estado. Esto significa que al cambiar el déficit de administración, el País Vasco tendrá que contribuir al sostenimiento de esos 'gastos impropios' del sistema de pensiones que ahora financiará el Estado.

Fuentes de Hacienda confirman a este periódico que el ministerio incluirá los 18.000 millones de 'gastos impropios' que soportará el Estado en el cálculo del nuevo cupo, como se hace actualmente con el resto de transferencias a la Seguridad Social, consideradas competencias no asumidas por el País Vasco y, por tanto, que tiene que abonar al Estado. Al País Vasco le corresponde el pago del 6,24% del gasto del Estado por estas competencias no transferidas a la región, cifra que quedó fijada durante la Transición y que no se ha modificado.

El nuevo cupo debería entrar en vigor el 1 de enero, aunque aún no se ha abordado la negociación entre los dos gobiernos

Esto significa que el nuevo cupo implicaría una transferencia adicional del País Vasco al Estado superior a 1.000 millones de euros al año. Es decir, doblaría la factura actual de 1.300 millones. Esta cuantía es una estimación, ya que los cálculos del cupo son opacos, y también dependerá de cómo financie el Estado esta transferencia (impuestos, deuda, etc.). En cualquier caso, el montante será muy relevante, ya que el Estado está soportando más de 18.000 millones de euros del déficit de la Seguridad Social. Esto es, una cuantía similar a toda la recaudación que genera el impuesto sobre sociedades.

Estos 18.000 millones de transferencia del Estado a la Seguridad Social hacen que el traspaso total para el próximo año ascienda a 36.600 millones de euros. El País Vasco asume actualmente el pago correspondiente a una transferencia de unos 13.000 millones de euros, la que estaba vigente en 2017. Esto significa que en el nuevo cupo se tendría que incorporar el equivalente a más de la mitad de la transferencia del Estado a la Seguridad Social que figura en los PGE de 2022. Estos 36.600 millones de euros implicarán una transferencia del País Vasco al Estado superior a los 2.000 millones de euros si se aplica la cifra del 6,24%.

El Ministerio de Hacienda y el Gobierno vasco negociarán durante el próximo año la actualización del cupo, que se realiza cada cinco años. La última vez que se actualizó fue en el año 2017 y fue en el marco de las negociaciones del Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. En este quinquenio, la aportación del País Vasco por los gastos no soportados fue de 1.300 millones de euros, una rebaja de casi 300 millones respecto al cupo anterior.

Traspaso de nuevos impuestos

Las negociaciones entre las dos partes aún no han comenzado. De hecho, el Gobierno vasco ha elaborado sus presupuestos para el próximo año sin contar la transferencia nueva que tendrá que hacer al Estado. Desde la Consejería de Hacienda vasca, explican a este periódico que no se comenzarán los cálculos del nuevo cupo hasta que las cuentas del Estado no estén aprobadas, ya que estos créditos son los que se utilizan como punto de partida para calcular el coste de las competencias no asumidas. Y que por esa razón tampoco el proyecto presupuestario de Urkullu, que Bildu se ha abierto a negociar para remarcar su viraje político, recoge el agujero que vendrá.

El Gobierno tiene previsto aprobar este martes el traspaso al País Vasco de la gestión de los nuevos impuestos: la tasa Google, el impuesto sobre actividades financieras y el IVA sobre el comercio electrónico. En este caso, la actualización del concierto beneficiará al País Vasco. La comisión mixta del Estado y el Gobierno vasco acordaron el pasado mes de julio la transferencia de la gestión de estos tres impuestos, que pasará a recaudarlos la Hacienda foral. Lo hará esta misma semana, como adelantó la Cadena SER, de modo que ya figurará en las cuentas de la región del año 2021. En cualquier caso, se trata de una cuantía muy inferior a la que supondrá el traspaso de los gastos impropios de la Seguridad Social.

Pintan bastos para el PNV. El grupo vasco, acostumbrado a ser el más cortejado del Congreso por su condición de bisagra, ha visto cómo Bildu, su gran rival, le ganaba esta semana pasada la partida de la negociación de los presupuestos generales del Estado. Arnaldo Otegi, de la mano de ERC (18 escaños en total), cerró el lunes un acuerdo temprano con el Gobierno que convertía los seis votos del PNV en irrelevantes. De repente, el actor protagonista de las tres últimas legislaturas en España quedaba destronado. De fondo, la gran amenaza que se cierne sobre el partido nacionalista es verse relegado por un tripartito de izquierdas en el País Vasco (PSE-Bildu-Podemos), aunque para ello haya que esperar todavía algunos años. A ambos extremos de la A-1 se insiste en que el binomio PSOE-PNV por ahora sigue blindado.

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