Unidas Podemos enmienda los presupuestos del Gobierno para modificar la ley de vivienda

Unidas Podemos ha presentado un total de cuatro enmiendas a los presupuestos del Gobierno, conjuntamente con ERC y EH Bildu, para intentar blindar en la ley de vivienda la regulación de alquileres y la prohibición de los desahucios. No es la primera vez que los morados enmiendan las cuentas públicas presentadas por el Gobierno del que forman parte. En 2020 ya registraron una iniciativa similar y por el mismo asunto, que finalmente retiraron tras llegar a un principio de acuerdo con sus socios. No sin antes producirse un cruce de reproches, con diputados socialistas acusando abiertamente de deslealtad a Unidas Podemos por lo que consideraron una ruptura unilateral de los acuerdos previos entre ambos partidos.

El órdago de los morados contradice el protocolo de coordinación pactado entre socialistas y morados. Según se refleja en el texto que marca las reglas de funcionamiento parlamentario, en relación con las cuentas, "los grupos parlamentarios socios no podrán presentar enmiendas sin el acuerdo previo sobre las mismas". Sin embargo, esta enmienda no hace peligrar la aprobación de las cuentas, pues sin el apoyo de los socialistas no reuniría los votos suficientes para aprobarse. En cambio, para los republicanos es una exigencia desbloquear la tramitación de la ley, introduciendo algunas de sus exigencias, para dar su necesario apoyo a las cuentas.

[Acceda aquí al texto de las enmiendas]

El texto de las enmiendas plantea la exigencia de una regulación integral de los precios de los alquileres de todas las viviendas en las zonas tensionadas mediante la intervención en el mercado y como único mecanismo eficaz para condenar las subidas abusivas. Esto es, tanto de pequeños como de grandes propietarios. El proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, ahora en tramitación parlamentaria, se ciñe solo a los grandes tenedores, con 10 o más inmuebles. En las enmiendas se aboga por reducir a ocho el número de inmuebles en arrendamiento para considerarse un gran tenedor.

Los desahucios son otro de los puntos en los que se busca modificar la futura ley de vivienda, abogando por prohibirlos de forma definitiva en el caso de las personas vulnerables sin alternativa habitacional. Por último, se solicita introducir una serie de obligaciones sociales para corresponsabilizar a los grandes tenedores de vivienda en la garantía del derecho a la vivienda, como el ofrecimiento de alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas.

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La ley de vivienda es un compromiso desde el inicio de la legislatura. A pesar de que ya formó parte del primer acuerdo presupuestario entre Unidas Podemos y el PSOE, la norma sigue bloqueada, ahora en el Congreso, por las resistencias de los socialistas a introducir los cambios exigidos tanto por sus socios de coalición como parlamentarios.

Unos retrasos por los que el Ejecutivo ha movido ficha para intentar blindar su aplicación en materia de alquileres antes de finalizar la legislatura, siempre que antes haya acuerdo para aprobarla. Se trata, según fuentes cercanas a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, de reducir a seis meses la vacatio legis incluida en la norma, vía enmienda parlamentaria, para aplicar la limitación en el coste de los alquileres.

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El plazo marcado en el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros se elevaba a 18 meses. Un margen temporal que se justificó para la elaboración del índice de precios desde que se apruebe definitivamente la ley en el Congreso. El objetivo del Gobierno pasa por tener lista la norma en este periodo de sesiones, antes de final año. De este modo, las CCAA que lo solicitasen podrían comenzar a regular los precios de los alquileres a mediados de año. Con todo, las posiciones en materia de regulación de alquileres y desahucios siguen alejadas, como refleja el pulso de Podemos al enmendar parcialmente los presupuestos.

Los socios del Gobierno ya pactaron en el marco de los presupuestos de 2021 que la norma se aprobaría en febrero del siguiente año para que un mes después comenzase su tramitación parlamentaria. A pesar de que el Consejo de Ministros aprobó la ley en segunda vuelta el pasado mes de febrero, acordando su tramitación parlamentaria por procedimiento de urgencia, tras su admisión a trámite, sigue estancada en la Comisión de Transportes. Desde finales de abril está pendiente el informe de la ponencia, una vez prorrogado el plazo hasta en nueve ocasiones.