El PSOE se abre a negociar la enmienda de Podemos sobre desahucios, pero fuera de los PGE

La suma de Unidas Podemos a ERC y EH Bildu para presentar una enmienda conjunta a los Presupuestos del Gobierno de coalición, demandando la paralización de todos los desahucios y los cortes de suministros, ha sido recibida casi como una traición por parte del PSOE. El acuerdo previo, según fuentes socialistas, pasaba por que todas las enmiendas de los dos grupos que sostienen el Ejecutivo fuesen conjuntas. Es por ello que estas mismas fuentes avanzan que no votarán a favor, por lo que se quedará lejos de reunir los apoyos necesarios para prosperar. En Moncloa, la iniciativa tampoco ha sido bien recibida, aunque se muestran dispuestos a buscar algún tipo de acuerdo con sus socios de coalición para frenar los desahucios sin alternativa habitacional. Eso sí, fuera del marco de los Presupuestos.

Una de las opciones es que se ponga freno a los desahucios sin alternativa habitacional dentro de la futura ley de vivienda. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se abría ya este miércoles a debatir en el ámbito parlamentario esta iniciativa, subrayando la "sensibilidad" del Gobierno frente a los desahucios y reconociendo la insuficiencia de la protección actual respecto al derecho a la vivienda. Previamente, el Ministerio de Transportes, encargado de desarrollar esta normativa junto a la vicepresidencia segunda que dirige el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, había planteado la posibilidad de estudiar distintas fórmulas dentro de la futura ley "con tal de evitar este drama" y con la máxima de ofrecer "seguridad jurídica".

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La otra posibilidad pasa por ampliar el escudo social, ya sea durante el tiempo que dure el estado de alarma o un plazo mayor ligado a la recuperación económica, a través de un decreto que apruebe el Consejo de Ministros. Esta opción, sin embargo, ya fue planteada sin éxito por el sector morado del Ejecutivo. Fuentes del partido explican que su decisión de presentar la enmienda conjunta con las formaciones independentistas se produjo, precisamente, por el rechazo dentro del Gobierno a ampliar el escudo social con la paralización de los desahucios y los cortes de suministros. Es por ello que están dispuestos a explorar fórmulas al margen de su enmienda porque, dicen, "lo importante es cambiar las cosas".

Su objetivo de mínimos es que no se produzcan desahucios al menos durante el tiempo que dure el estado de alarma. La enmienda presentada plantea su paralización hasta finales de 2022, pero los morados se muestran dispuestos a negociar que sea solo hasta el próximo mes de mayo, coincidiendo con el fin del nuevo decreto de estado de alarma. Pero no solo los desahucios, sino también los cortes de suministros. Entienden que si estos ya se prohibieron en marzo, como medida que acompañó el escudo social por el estado de alarma, ahora habría más razones de hacerlo por la llegada del invierno.

Pablo Iglesias planteó esta demanda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión el pasado viernes en Moncloa. Según fuentes del entorno del vicepresidente segundo, Sánchez se abrió a estudiarlo. Apenas cuatro días después, se redobló la presión a través de la enmienda conjunta, lo cual no ha gustado ni en el grupo socialista ni en Moncloa, debido al ruido generado. Se trata de una actuación en la que el socio minoritario del Gobierno se alía con la oposición de este Gobierno. Desde Unidas Podemos, lo justifican porque de este modo se visibilizaría que hay más grupos parlamentarios que apoyan esta iniciativa. Al mismo tiempo, estas mismas fuentes se muestran optimistas de que se pueda sacar adelante la iniciativa. De lo contrario, indican, irían hasta el final con la enmienda presentada conjuntamente con ERC y EH Bildu.

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La presentación de la enmienda conjunta escenifica también el ímpetu de los morados por sacar Ciudadanos de la ecuación de los Presupuestos y apoyarse en el bloque de investidura. De hecho, poco después de presentar esta enmienda conjunta coincidiendo con el fin del plazo para el registro, se celebró un acto conjunto ante los medios en el que participaron el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y portavoz de los 'comuns', Jaume Asens, el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, la portavoz adjunta Carolina Telechea y los portavoces de EH Bildu, Mertxe Aizpurua y Oskar Matute.

La iniciativa original de Unidas Podemos en el seno del Gobierno pasaba por ampliar el denominado escudo social en el contexto del estado de alarma. Concretamente, se propuso prohibir los desahucios por impago del alquiler o por fin del contrato del alquiler, excepto cuando el dueño del piso sea una persona en situación vulnerable. También los de aquellas familias que estén en precario sin alternativa habitacional cuando vivan en pisos de grandes tenedores de vivienda, como fondos o bancos. Asimismo, se propuso prohibir todos los cortes de todos los suministros. "En pleno estado de alarma, que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios", según justificaron.