La subida del SMI acorde a la inflación reabre la batalla en el Gobierno entre Díaz y Calviño

Nuevo debate en el seno de la coalición para determinar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de cara al próximo año y nueva disputa entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. De forma más soterrada que en anteriores ocasiones y evitando la confrontación pública, las posiciones entre Economía y Trabajo vuelven a ser distantes con respecto a la cifra en que debe situarse el SMI. Mientras Díaz apuesta por realizar un alza que tenga en cuenta la inflación, Calviño se resiste a revisarlo con base en el IPC. El objetivo del ala más ortodoxa del Ejecutivo, la socialista, es actuar conforme al compromiso de investidura de situar el SMI al final de la legislatura en el 60% del salario medio. "Ese es el marco", concluía este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, tras querer remarcar que es "favorable a la subida del SMI". En 2020, apostó por congelarlo por el contexto de crisis económica.

Desde Trabajo, mantienen una posición más cercana a la de los sindicatos. En CCOO, señalan que la subida debe "ser igual o superior" a la inflación, aun sin anticipar una cifra concreta, mientras que desde UGT la sitúan en 1.100 euros. Se trataría de una subida del 10%, ya que actualmente el SMI está fijado en 1.000 euros en 14 pagas. Las distintas posiciones de partida están pendientes de clarificarse en función del informe encargado a los técnicos. Sus conclusiones se esperaban para mediados de este mes, pero se han retrasado en un clima marcado por las tiranteces entre los socios.

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Finalmente, se ha dado una prórroga para que lo presenten antes de finalizar noviembre. En dicho informe se establecerá una nueva horquilla para determinar la subida. La actual, en la que se apoya Economía, es que al final de la legislatura el SMI se sitúe en una horquilla de entre 1.012 y 1.049 euros. La propuesta que Trabajo llevará a la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios, según indican fuentes del departamento, será la que se plasme en el informe de los expertos, teniendo en cuenta la escalada del IPC.

En función de lo que dictaminen los expertos, la batalla estará entre apostar por acercarse a la parte alta de la horquilla o ceñirse a la baja. Calviño daba a entender este martes que se inclinaba por esto último, al subrayar que el SMI ya ha aumentado aproximadamente en un 35% desde la llegada del PSOE al Gobierno. Asimismo, la vicepresidenta primera evitó posicionarse a favor de realizar una subida acorde a la inflación, al contrario que la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo.

La relación entre ambos departamentos siempre estuvo acompañada de diferentes pulsos, con el SMI como constante y la reforma laboral como punto álgido. A diferencia de otras negociaciones, ahora se está optando por evitar el choque público, pero fuentes del Gobierno reconocen que la batalla está escalando y que las posiciones son muy distantes. Estas tensiones se superponen a las diferencias sobre el acuerdo sellado por Calviño con la banca para aliviar las cargas hipotecarias ante la subida de tipos. Desde Unidas Podemos, acusaron en un primer momento a la vicepresidenta primera de "resistirse" a ir más allá para cubrir a un mayor número de hipotecados. La propia Díaz lo calificaba horas después en público como un acuerdo "sustancialmente mejorable" y subrayando que no era la respuesta que defienden desde su espacio.

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La pretensión de Trabajo pasa por convocar la mesa de diálogo para abordar la subida del SMI a principios de diciembre, una vez estén sobre la mesa los informes de los expertos, y aprobarla antes de final de año para que esté en vigor el 1 de enero de 2023. La vicepresidenta segunda ya ha ido dando pistas de su predisposición a adaptar la subida prevista para compensar la actual coyuntura económica, como recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos, se abogó por una subida "mínima" hasta 1.100 euros a través de una iniciativa registrada en el Congreso, en línea con lo demandado por los sindicatos. Los socialistas, por su parte, han promovido una iniciativa en el Senado, donde los morados no tienen representación, para que el incremento se limite al 60% del salario medio, sin referencias a poder revisarlo por el IPC. La subida prevista para las pensiones y prestaciones como el ingreso mínimo vital es del 8,5%, mientras que en los sueldos públicos el incremento salarial fijo durante el periodo 2022-2024 es de un porcentaje fijo del 8%, que se puede incrementar hasta un máximo de un 9,5%.

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El acuerdo de gobierno también recoge como elementos a tener en cuenta para determinar el incremento del salario mínimo el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Además, desde Trabajo se argumenta que el millón y medio de trabajadores que perciben el SMI, precisamente, no están en su mayoría sujetos a convenio, por lo que son los más afectados por el incremento del IPC. La premisa es que la pérdida de poder adquisitivo por el alza de los precios debe corregirse con las revisiones salariales, al igual que las pensiones.

La CEOE ya ha mostrado sus recelos, al entender que no es el momento de abordar el debate sobre la subida del SMI, que además enturbiaría la negociación colectiva. En el Ministerio de Trabajo confían en que la CEOE se siente a la mesa de diálogo social, aunque la subida se realizará con o sin acuerdo, al tratarse de una prerrogativa del Gobierno, que solo está obligado por ley a realizar una consulta previa entre las organizaciones sindicales y patronales más representativas. Los empresarios tienen este mismo miércoles elecciones a su presidencia y, precisamente, la candidata que compite contra Antonio Garamendi, la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, ha hecho campaña a favor de que el SMI sea a la carta. Esto es, tanto sectorial como por grupos de edades.