Nuevo procedimiento para los coches okupa: cuáles son y cómo los persigue la DGT

Aproximadamente 50.000 vehículos son abandonados cada año por sus propietarios en la vía pública y otros 20.000 son encontrados en recintos tales como aparcamientos de centros comerciales, hoteles, hospitales o aeropuertos y urbanizaciones y garajes privados o comunidades de propietarios, entre otras, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La mayoría de estos coches están averiados o son muy viejos para circular y también permanecen en aparcamientos públicos, talleres y depósitos, cuyos responsables no pueden asumir el coste del servicio o de la reparación. Son los llamados coches okupas.

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Para poner fin a este problema, el organismo dirigido por Pere Navarro ha presentado recientemente un mecanismo que simplifica el procedimiento actual en el que los afectados (ciudadanos particulares, empresas o administraciones) debían acudir a la vía judicial, un trámite excesivamente lento.

En este sentido, Tráfico ha publicado una instrucción para gestionar la destrucción y descontaminación de dichos vehículos. En concreto, se reinterpreta el artículo 106 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el que se estipula cuándo un vehículo se considera abandonado. El nuevo texto incluye aquellos que se abandonan en recintos privados, lugares que no estaban contemplados anteriormente en la normativa y los equipara a los coches que se encuentran “olvidados” en las calles y carreteras.

El nuevo texto de Tráfico incluye los vehículos abandonados en recintos privados

La nueva instrucción permite que la Administración competente pueda ordenar el traslado del vehículo abandonado a un centro autorizado de tratamiento de vehículos (desguace) para su posterior destrucción y descontaminación. Antes de emitir la orden de traslado, se debe advertir al titular del vehículo para que lo retire en el plazo de un mes. Si en ese periodo no la ha movido, se procederá a llevarlo hasta un desguace. Además, se aumenta la documentación (certificado del administrador, acta notarial, fotografías, etc.) que debe aportar el solicitante, en caso de recintos privados, para confirmar el desamparo del vehículo.