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El Gobierno se enroca y mantendrá la Ley de Vivienda como está tras el informe del CGPJ
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Prevista para primeros de febrero

El Gobierno se enroca y mantendrá la Ley de Vivienda como está tras el informe del CGPJ

El PSOE transmite a Unidas Podemos que el acuerdo de Presupuestos seguirá intacto. El PSOE insiste en que los jueces sólo debían posicionarse sobre tres artículos y han hecho una enmienda a la totalidad

Foto: La ministra de Transportes, Raquel Sánchez. (EFE/Fernando Alvarado)
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez. (EFE/Fernando Alvarado)

La Ley de Vivienda mantendrá el contenido pactado entre PSOE y Unidas Podemos, confirman fuentes gubernamentales tras el segundo informe que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que supone, otra vez, una enmienda a la totalidad a una de las normas más importantes de la legislatura para la coalición. Los jueces consideran que el anteproyecto de ley podría no tener encaje constitucional al invadir competencias autonómicas, pero el Gobierno se mantiene firme en su voluntad de alumbrar en apenas unos días la primera legislación estatal sobre vivienda y alquileres.

El PSOE ya ha transmitido a sus socios de coalición que el contenido del acuerdo de Presupuestos se va a respetar. Unidas Podemos, por su parte, quiere estar vigilante y asegurarse que no se toque ni una coma de la parte troncal del anteproyecto. Los socialistas transmiten su compromiso con lo pactado e insisten en que el proyecto de ley será idéntico al que debería haber visto la luz ya la semana pasada.

Foto: El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. (EFE/Cabalar)

Fuentes de Ministerio de Transportes afirman, por su parte, que respectan las decisiones del CGPJ pero remarcan que el texto que está manejando el Gobierno ya es "una norma garantista" que respeta las competencia autonómicas. Un articulado muy cuidado, en definitiva, ante la batalla legal que, probablemente, van a librar los grandes propietarios en el futuro. En el Ejecutivo son conscientes de ello. Añaden que la ley "controla las subidas abusivas de precios, blinda los parques públicos de vivienda, evita su venta especulativa, combate la degradación de muchos barrios, ofrece oportunidades a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables y da solución al drama de los desahucios".

El Consejo de Ministros, por tanto, seguirá adelante con su proyecto de ley y lo hará en el primer Consejo de Ministros que pueda. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aún no tiene este segundo informe del CGPJ. Está previsto que el órgano de gobierno de los jueces lo apruebe en su pleno del próximo día 27 y que dé traslado al Gobierno del mismo en los próximos días. La norma podría llegar a ser aprobaba en Moncloa en el primer cónclave de febrero.

Foto: El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. (EFE/Emilio Naranjo)

Desde el departamento que dirige Raquel Sánchez recuerdan que "el informe del CGPJ es preceptivo pero no vinculante". Y remarcan el hecho de que se solicitó porque la Ley de Vivienda "modifica en tres artículos la ley de enjuiciamiento civil, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 561.1.6º de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial", los jueces deben expresarse. No deberían, opina el Gobierno, haber entrado en el el terreno global de la norma.

"Desde el Gobierno se considera necesaria y urgente la aprobación de una ley que consagra y garantiza la vivienda como un derecho básico, desde el respeto escrupuloso de las competencias autonómicas y locales y a la Constitución", concluyen desde Transportes.

La Ley de Vivienda mantendrá el contenido pactado entre PSOE y Unidas Podemos, confirman fuentes gubernamentales tras el segundo informe que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que supone, otra vez, una enmienda a la totalidad a una de las normas más importantes de la legislatura para la coalición. Los jueces consideran que el anteproyecto de ley podría no tener encaje constitucional al invadir competencias autonómicas, pero el Gobierno se mantiene firme en su voluntad de alumbrar en apenas unos días la primera legislación estatal sobre vivienda y alquileres.

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