El recurso de Ayuso contra el decreto energético: "Se extralimita e invade competencias"

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de ahorro energético de Pedro Sánchez. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como ya dijo tras el anuncio, basa su denuncia en una presunta invasión de las competencias autonómicas en sanidad, comercio y turismo, además de señalar un uso irregular e injustificado de esta fórmula legal. Según Madrid, existe una "abusiva e indebida utilización del Real Decreto-Ley". El escrito confirma la estrategia de oposición en los tribunales y se suma a otros procedimientos contra el Ejecutivo central, como las medidas adoptadas durante la pandemia o los currículos de Bachillerato, entre otros.

La Abogacía de la Comunidad de Madrid expone cinco argumentos contra el plan del Ejecutivo central. El recurso, al que ha tenido acceso este diario, denuncia el abuso de la figura del real decreto-ley y sostiene que no se ha motivado suficientemente "la extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas impuestas, con una supuesta vulneración de los artículos 23.2 y 86.1 de la Constitución Española. "Estas medidas traen causa de objetivos propuestas en la UE que no tiene carácter vinculante".

TE PUEDE INTERESAR

El estatuto y las competencias sobre el comercio, el trampolín de Ayuso para el TC

Beatriz Parera

En segundo término, alude a la limitación de las temperaturas en los establecimientos y la obligación de colocar carteles informativos, lo que considera una "extralimitación de las bases estatales". "La Comunidad de Madrid ostenta, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica regional. Y en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Comunidad de Madrid el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución del régimen minero y energético", defienden en Sol.

Así, desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destacan que la limitación de las temperaturas no respeta la definición de las bases estatales y deja sin margen de maniobra a las comunidades autónomas, habida cuenta de que no les permite "introducir modulaciones o matizaciones a su contenido". "La medida no se basa en garantizar el suministro y evitar el desabastecimiento, sino "para cumplir con los acuerdos solidarios de reducción de demanda", lo que desvanece la justificación que podría amparar el carácter básico de aquellas, extralimitándose el Estado del ámbito competencial que le atribuye el artículo 149.1.25ª de la Constitución", indica.

La Comunidad de Madrid basa su escrito en una invasión de competencias en sanidad, comercio y turismo, además de la vigilancia y protección de los edificios

Respecto a la implantación del cierre de puertas, El Ejecutivo madrileño señala una presunta vulneración de las competencias en sanidad e higiene. "Esta medida, amparada en la competencia estatal básica en materia energética -eficiencia energética- entraría en colisión directa con la competencia de la Comunidad de Madrid en materia de “Sanidad e higiene”, en su vertiente de protección de la salud, que ostenta la Comunidad de Madrid (artículo 27.4 Estatuto de Autonomía). La protección de la salud y, en última instancia, de la vida, ha sido antepuesta por el Tribunal Constitucional a cualquier otro derecho o libertad, al considerarlos como “derecho fundamental esencial y troncal, en cuanto es el supuesto ontológico sin el cual los demás no tendrían existencia posible”, concluye.

Plan contra Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ha liderado durante el verano la oposición a Pedro Sánchez por la imposición de las medidas de ahorro, con mucha más vehemencia y beligerancia que la dirección del PP, que aunque pidió su retirada y votó en contra no ha llegado a judicializarlo. Además de reprochar que no haya habido consenso con los territorios, el Gobierno regional considera que el plan supone un ataque frontal a los comercios, a quienes supuestamente responsabiliza y culpa de la crisis energética.

TE PUEDE INTERESAR

El PP rehúye el conflicto interno con la energía: vía judicial para Ayuso, diálogo para el resto

Carlos Rocha

El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional apela también a una presunta invasión en materia de comercio interior, promoción turística y vigilancia y protección de edificios por la obligación de apagar los escaparates por la noche. "La obligación de apagado de escaparates se extiende indiscriminadamente a todo tipo de escaparates. Esto supone un perjuicio evidente para aquellos establecimientos que, en ejercicio de la libertad de horarios establecida en el marco de su competencia por la Comunidad de Madrid, hayan decidido mantener su actividad más allá de las 22.00 horas", añade la Abogacía de la Comunidad de Madrid.

El escrito concluye también que el decreto extralimita las bases estatales en el adelanto puntual de las inspecciones de eficiencia energética. "El adelanto de las inspecciones de eficiencia energética invade la competencia autonómica sobre la materia y contraviene el régimen establecido en el artículo 31 del RITE", indica en alusión al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. "Las comunidades autónomas con competencias en la materia -como sucede con la Comunidad de Madrid- pueden dictar sus propias disposiciones sin sujeción a lo dispuesto en los preceptos no básicos del RITE", recuerda la comunidad.