El estatuto y las competencias sobre el comercio, el trampolín de Ayuso para el TC

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se prepara para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de medidas energéticas del Ejecutivo central y solo cuenta con un trampolín en el que apoyar su argumentación: el Estatuto de Autonomía de Madrid. El texto resume en su articulado las competencias de la región que —según argumentan desde Sol— se ven violadas por algunas de las iniciativas del Ejecutivo central, como los límites a la iluminación de los escaparates o al uso de aire acondicionado o calefacción. La clave se encuentra en unos pocos párrafos en los que se resume la ascendencia de la Comunidad de Madrid sobre el comercio, la economía y el turismo.

El estatuto resume las competencias exclusivas de la autonomía, entre las que se encuentra el comercio interior, "sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia". En el apartado primero, en el que se plasman aquellas materias de cuya gestión es responsable única la comunidad, se encuentra también "el fomento del desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional" y la "promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial".

El recurso no será inmediato y, por tanto, su efecto sobre las medidas aprobadas es más bien limitado. La Comunidad de Madrid valora ya la posibilidad de pedir una suspensión de sus efectos como medida cautelar, aunque las posibilidades de que el Constitucional atienda esta solicitud son muy limitadas, más aún a la vista de los motivos que han generado el decreto: la exigencia europea de un recorte del gasto energético y las preocupantes previsiones para el otoño, para el que se auguran incluso cortes y restricciones.

Mientras tanto, Madrid argumenta que esta violación de competencias no está justificada por la situación ni las previsiones. Asegura que el Ejecutivo de Sánchez no puede parapetarse detrás de un hipotético ahorro de gas que permita garantizar el suministro, ya que el riesgo no existe en España, como admite el propio decreto. "Consideramos que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción" con este escenario, defiende la autonomía. También asegura que la recomendación de Europa es eso, una recomendación, y por ello "no es obligatoria".

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También indican que algunas de las previsiones contempladas en el decreto exceden incluso "esta recomendación no obligatoria". Es el caso de la obligación de anunciar en carteles u otros formatos que se están aplicando medidas —un medio para concienciar— que la comunidad considera no justificada, puesto que, en sí misma, no contribuye al ahorro de forma directa. O la existencia de límites en el consumo en otras energías ajenas al gas. También se exceden en el área temporal, alargando la obligación hasta octubre de 2023, cuando la normativa europea ha fijado un periodo de un año.

En lo que afecta a las competencias sobre el turismo, Madrid no solo señala la desincentivación de la ausencia de luz en los escaparates, también en edificios públicos. Dice que su apagado choca con el monopolio autonómico sobre el cuidado y utilización de estos espacios.

Inconsistencias

El recurso reflejará también lo que la comunidad considera inconsistencias. Por ejemplo, los de Ayuso destacan que el cierre de puertas de los locales y centros de trabajo, obligatorio para no desperdiciar energía, no casa con las normas aprobadas para hacer frente al covid, que priorizan "la necesidad de ventilación". Pone, además, el acento en que adelantar la próxima inspección de eficiencia energética "excede las bases estatales", puesto que no existe competencia estatal para obligar a fijar periodos para llevar a cabo estos controles.

Desde el Gobierno central se miran con escepticismo estos motivos, hasta tal punto de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llegó a ironizar este martes con las dificultades que tendrá Madrid para sostenerlos con base jurídica ante el TC. La titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anticipó la nula intención del Ejecutivo de cruzarse de brazos si hay incumplimientos y mencionó la posibilidad de plantear un conflicto negativo de competencias. Es decir, un cara a cara con el TC como árbitro.